El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones emitió un fallo contra el gobierno venezolano por la estatización de la empresa Fama de América y reconoce los derechos de la empresa holandesa Longreef.
En la decisión del tribunal arbitral del Ciadi, que es un ente del Banco Mundial, se reconoce que ese centro tiene competencia para conocer este caso y refuta los argumentos presentados por la Procuraduría General de la República a nombre del Ejecutivo nacional.
Este organismo alegaba que no era pertinente acogerse a las disposiciones establecidas en el tratado bilateral de protección de inversiones suscrito entre Venezuela y Holanda, debido a que el gobierno denunció este convenio en 2008, es decir, notificó su intención de eliminarlo del marco jurídico que existe en el país; y en la defensa señaló que el reclamo presentado por Longreef fue introducido en el Ciadi en 2011, tres años después de hecha la denuncia.
No obstante, la empresa holandesa refutó los argumentos de la Procuraduría señalando que el artículo 14 del tratado firmado entre ambos gobiernos en 1993 contempla “en forma inequívoca” que este acuerdo de protección de inversión cesa en un lapso de 15 años después de hecha la denuncia y ese plazo concluye en 2023.
“El tribunal concluye que la participación de Longreef representada por las acciones en Fama de América debe considerarse una inversión en los términos del tratado bilateral de inversión y de conformidad con el Convenio del CIADI. Por ello, se desestima la excepción planteada por Venezuela”, señala la sentencia que desfavorece al gobierno.
La decisión en cuestión no es una sentencia definitiva, pero a criterio de expertos sienta un precedente a favor de Longreef y de todas las empresas que introdujeron reclamos ante el Ciadi por las estatizaciones ordenadas por el ex presidente Hugo Chávez entre 2007 y 2011.
Fama de América fue creada como empresa de secado y tostado de café en 1960 y en 1997 fue adquirida por Longreef por 16,8 millones de dólares, monto que incluye la capitalización que tuvo que realizar a la empresa más el pago de dividendos retenidos a sus antiguos propietarios, los descendientes de Bernardo González.
