Un tribunal en Estados Unidos falló a favor de una petición de la minera canadiense Crystallex para avanzar en una disputa contra Venezuela, por la que busca recibir una indemnización por una expropiación de 2008.

En marzo, una corte estadounidense había confirmado una decisión de un tribunal del Banco Mundial, que ordenó al país sudamericano cancelar unos 1.200 millones de dólares a Crystallex en compensación por la expropiación del proyecto aurífero Las Cristinas que ejecutó el gobierno socialista.

En su intento por garantizar el pago, Crystallex acudió a un tribunal del Distrito de Columbia, que decidió el viernes darle permiso para tratar de hacer cumplir la sentencia en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, indicó el fallo legal.

Esto podría permitir a Crystallex intentar embargar activos del país petrolero en Estados Unidos, como Citgo, la filial de refinación y comercialización de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una petición de comentarios.

La minera canadiense, en paralelo, había iniciado acciones legales para impedir que PDVSA usara como garantía su participación en Citgo al pedir préstamos, tras considerar que con ello intenta evitar pagar la compensación en la disputa.

Venezuela enfrenta una veintena de litigios por la ola las expropiaciones que ordenó hace unos años, pero sus equipos legales buscan retrasar los pagos, en medio de la recesión económica y la inflación de tres dígitos que vive el país.

El conflicto entre Venezuela y Crystallex empezó en 2002 a raíz del otorgamiento de permisos para la explotación de la mina de oro Las Cristinas, una de las más importantes de Latinoamérica.

En 2008, el Gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, negó a la empresa canadiense un permiso medioambiental clave para iniciar sus labores de explotación y, acto seguido, anunció que la mina “Las Cristinas” pasaba a control estatal, aunque en 2012 concedió su explotación a una compañía china.

En respuesta, Crystallex acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial y al que suelen acudir empresas de diferentes partes del mundo para buscar una compensación por la nacionalización de sus propiedades.

Crystallex v Venezuela – USDC DoC – 1610c Order Allowing Registration & Enforcement – 9 June 2017 by Latin American Herald Tribune on Scribd