Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Venezuela pasó a ser uno de los pocos países en el mundo cuya economía hoy está siendo literalmente devorada por una anarquía inflacionaria.

Y mientras los expertos consideran que eso abre un libre camino hacia la hiperinflación, es por eso por lo que urge, entonces, revisar la errónea creencia administrativa de que sólo bastan aumentos salariales improvisados y segundos pagos denominados bonos de alimentación para hacerle frente a ese grave problema monetario.

Para Consecomercio, ni autorizando modificaciones salariales diarias, los trabajadores podrán disponer de un ingreso que les garantice una confiable capacidad de compra para atender los requerimientos familiares.

De lo que hay que ocuparse, entonces, es de atacar las causas de la inflación. Y hacerlo aceptando que el origen de todo radica en una vigente errónea política monetaria, en el medio de un modelo económico que ha sido concebido y dirigido a partir de un desorden administrativo público.

Dicho desorden está  provocado por el empeño de, sin recursos y diseños productivos, mantener activado a un gigantesco Estado ineficiente, lleno de ministerios, de nóminas clientelares, y cuyo funcionamiento ahora debe ser financiado por una empobrecida sociedad, con devaluaciones y más impuestos.

En el caso de las empresas representadas por los organismos afiliados a Consecomercio, su peor problema es que no disponen de un confiable inventario de  mercancías para seguir funcionando. Y que mientras sus    modestos propietarios se debaten entre abrir o cerrar sus empresas, ahora les obligan a cargar con modificaciones salariales y bonos de alimentación convertidos en segundos salarios que no pueden financiar.

En esas condiciones, los pequeños comercios no pueden cumplir con las unilaterales e improvisadas  decisiones  salariales que adopta el Ejecutivo, a la vez que éste se desentiende de su obligación, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, de evitar que la inflación siga incrementándose  diariamente.

El sector terciario de la economía es el mayor empleador del país. Pero su capacidad generadora de nuevos empleos dignos y decentes está siendo anulada por la inflación. A ella, de paso, ahora  se le suma una inusitada voracidad fiscal municipal, que, ante el debilitamiento del situado constitucional, ha creído poder solucionar su carencia de recursos convirtiendo a las personas jurídicas en sus nuevos financistas.

Consecomercio, sus organismos afiliados y el sector terciario en general, no cuestionan ni desaprueban el derecho de sus trabajadores a percibir un mayor ingreso salarial por el servicio que le prestan a las unidades comerciales y expendedoras de servicios.

Sin embargo, esos mismos trabajadores, que viven a diario las penurias a las que se enfrentan sus  empleadores para mantener funcionando a sus empresas, saben perfectamente cuál es el verdadero problema que los afecta a ellos y a empresarios por igual, la inflación. Es decir, consumidores, trabajadores y empresarios son víctimas del mismo problema.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios ha dicho insistentemente que mientras se insista en mantener vigente los controles de cambio y de precios, la Ley de Precios Justos, y financiar el déficit fiscal y la recesión con dinero inorgánico, no es posible que la economía se recupere  y pueda convertirse en la opción sustitutiva de eso que desde el propio Ejecutivo denominan rentismo petrolero.

¿Quién puede producir y cómo puede haber producción en un país en el que el Estado, antes que crear condiciones para que se produzca, insiste en impedir que funcionen las empresas que aún siguen abiertas, y no promueve alternativas  para que se incrementen las inversiones privadas?.

Adicionalmente, cuando en razón del mismo desorden administrativo  público se trata de atribuirle a la caída de los ingresos petroleros la razón para, eventualmente, desconocer la obligación de honrar obligaciones financieras internacionales con cargo al sector privado, lo que se está haciendo es multiplicar el cierre de empresas privadas e incrementar el desempleo. Y decirle a los históricos suplidores internacionales de bienes de capital, insumos y materias primas que Venezuela no es un país confiable para hacer negocios.

Sin duda alguna, el default comercial planteado en los términos expuestos por el propio Gobierno, amplía el autoaislamiento económico que hoy distingue al país fuera de su frontera, desde que entró en vigencia el control de cambio. Y cierra deliberadamente otro ciclo antiempresarial, cuando, además, pretende que las empresas operen con base en un marco cambiario indefinido, aunque sí útil para justificar restricciones funcionales de las mismas.

¿Cuántas empresas comerciales y prestadoras de servicio han sido obligadas a cerrar precisamente por dicha discrecional forma de conducir ese ya añejo e infuncional régimen cambiario?

Consecomercio insiste en que  cada aumento salarial que se apruebe al margen de la urgencia de impedir que la inflación continúe incrementándose, provocará un mayor cierre de pequeñas empresas comerciales y expendedoras de servicios, y, con esos cierres, un aumento del desempleo.