CASA aumentó inversiones en 155% pero continúa la escasez

El 25 de febrero un contingente de militares tomó el Abasto Bicentenario que está ubicado en la avenida 5 de Julio de Maracaibo y retiraron a los trabajadores. Un día antes, en Petare, tras labores de inteligencia, la GNB había capturado en flagrancia a cuatro empleados de la Corporación PDV-Mercal.El gobierno ejecuta así la “Operación Ataque al Gorgojo” para detectar en la red de distribución de alimentos a aquellos gerentes y trabajadores incursos en supuesta corrupción porque –como dijo el presidente Nicolás Maduro– el sistema público de distribución de productos “se pudrió”. Ni él ni los poderes públicos han informado por qué no detienen a altos funcionarios que, según empleados, han formado mafias y son responsables de la escasez y del mal manejo administrativo.La red pública no ha sido objeto de una contraloría, a pesar de que en cuatro años la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) aumentó en 155% la inversión en compra de alimentos. Pasó de destinar 14,9 millardos de bolívares en 2010 a 38 millardos de bolívares en 2014, según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de esos años, firmadas por los entonces titulares del despacho, general (Ej.) Carlos Osorio, en 2010, e Yván José Bello, en 2014.Sin embargo, la cantidad de toneladas de alimentos de la cesta básica compradas no subió significativamente. De 3,9 millones de toneladas en 2010 se incrementó a 4,3 millones 4 años después.En dos meses de 2016 Bolivariana de Puertos no registró en su portal web la importación de comida, mientras que la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos asegura que las compras hechas por el gobierno han sido 500% más ineficientes que destinar las divisas a materias primas. El resultado se evidencia en el desabastecimiento, señalan.Militares al frente. El analista en abastecimiento alimentario Tomás Socías explicó que las causas de los escándalos de corrupción en la red estatal de alimentos están asociadas a que son militares quienes mandan en las empresas y no cuentan con  la experticia necesaria.“El gobierno desplazó al sector privado como importador, a pesar de ser más eficiente. Las compras de alimentos en el extranjero no se ajustan a una planificación. Por el contrario, son aleatorias y para apagar los fuegos que genera el desabastecimiento”, dijo.Socías observa otras causas: la distorsión de la tasa de cambio preferencial a 6,30 bolívares por dólar para la adquisición de rubros prioritarios; el control de precios y la agrupación en 2015 de 293 empresas públicas de producción, almacenamiento y distribución de alimentos e insumos en 14 conglomerados que generaron más retrasos y burocracia.Chavismo no investigó.  Desde 2011 hasta 2015 la anterior Asamblea Nacional se negó a meter la lupa en la compra de alimentos, en particular para determinar si existía pago de comisiones. Se opuso también a que se citara a algún funcionario a las comisiones para explicar por qué aumentó la escasez a pesar de que se destinaron más recursos.“El diputado del PSUV Pedro Carreño bloqueó las denuncias contra Pdval y CASA”, afirmó la diputada de Proyecto Venezuela Deyalitza Aray, que junto con la legisladora de Carabobo Neydi Rosales consignó en el extinto Parlamento, dominado por el PSUV, el PCV y la UPV, una serie de documentos, fotografías y videos que evidenciaban el mal estado de los productos importados por Puerto Cabello. También  solicitaron la interpelación de los ministros de Alimentación (Carlos Osorio) y de Agricultura y Tierras, despacho en el que alternaron Juan Carlos Loyo e Yván Gil.“Todas las peticiones fueron desechadas, hasta una orden para inspeccionar la aduana de Carabobo. En 2012 llevé el caso a la plenaria y Diosdado Cabello aprobó que fuera Contraloría a Puerto Cabello, pero no hicieron nada. El expediente está en la Contraloría General”, señaló Aray.En 2012 estaban en Puerto Cabello 12.500 contenedores, 80% de estos eran de CASA. “Hugo Chávez sacó a Osorio por las irregularidades, pero Maduro lo trajo. ¿Por qué?”, manifestó.Proyecto Venezuela propondrá la designación de una comisión mixta, Contraloría y Desarrollo Social,  para que la averiguación tenga dos vertientes: la corrupción y el desabastecimiento. “Queremos inspeccionar y saber por qué no se vigilan los contenedores que llegan a los puertos, el estado de los alimentos, si cuentan con los permisos sanitarios y por qué el gobierno contrata  almacenes que paga en dólares”.

Aray propone averiguar por qué el Ministerio de Alimentación no licitó la compra de alimentos y pone como ejemplo el contrato asignado a la empresa de carne JBS, de Brasil, que asegura fue otorgado a dedo. “¿Cómo es que el gobierno permite el monopolio si está prohibido por la Constitución?”, pregunta. Es a partir de febrero de este año cuando la Comisión de Contraloría investiga “los guisos” en alimentos que, según el diputado de Primero Justicia Ismael García, comprometen la gestión de 8 militares activos en los últimos años. El gasto en esos años fue de 230 millardos de dólares, según el parlamentario. (El Nacional)

Activan Plan 100 días para la Siembra Urbana

Desde el municipio Brión del estado Miranda, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, junto a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, realizó el lanzamiento de Plan de 100 días por la Agricultura Urbana. La actividad se llevó a cabo este domingo, donde el vicemandatario informó que existen 12 millones de kilómetros al cuadrado que pueden ser aprovechados, tanto para el impulso de la producción animal como de producción vegetal.Por su parte, la alcaldesa del municipio Brión, Liliana González destacó que el objetivo del plan es “darle vida a los espacios naturales, nos encontramos en el casco de higuerote, donde estamos instalando un conuco urbano con el apoyo del Psuv, con la siembra de pepino, pimentón, cebollín y plantas frutales”.González comentó que en Higuerote están activas 34 Unidades de Batallas, las cuales pondrán en marcha una estación experimental de producción. (El Mundo)

Maduro: FAN aplicará plan agroproductivo en todas sus unidades militares

El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó este sábado el plan agroproductivo Zamora-Bicentenario, que en sus palabras, es una estrategia «de alto calado elaborado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (FAN)».En cadena nacional de radio y televisión, el Presidente explicó que la FAN le propuso integrarse a los 14 motores, en especia al motor agroalimentario. «La FAN tiene una alta capacidad agroalimentaria. Es un plan concebido para la unión cívico – militar».Precisó que el plan arranca con la activación de 97 unidades de producción socialista agroalimentarias, 135 casas de cultivos, dos fundos zamoranos, con 114 granjas piscícolas y 66 granjas camaroneras, para un total de 414 unidades productivas.»Es un plan que va a permitir en todas las unidades militares y lugares donde la FAN tiene sus operaciones, la producción», sostuvo.

Congreso de Derechos

Por otro lado, anunció que hoy se instala en Caracas el Congreso de Derechos con todas las víctimas de los años 60 que, aseguró, son más de 3 mil «¡Cuánta represión y muertos hubo en los años 70! Los jóvenes no saben esto», dijo.Aseguró el Presidente que los años 80 fueron años de «microrebeliones y macromasacres», por lo que recordó masacres como la de Yumare y Cantaura.A propósito de ello, recordó El Caracazo del 27 de febrero del año 1989, al que calificó como «la masacre más grande del siglo. Claro que vimos cosas horrorosas, pero la masacre en Venezuela por orden del régimen adecoburgués fue la más horrorosa y ese día se inició el ciclo de la revolución».Maduro sostuvo que en la Cuarta República «teníamos pueblo huérfano, sin derecho a nada. Ese fue el pueblo que se rebeló contra la burguesía adecoburguesa y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).»¿Cuántos muertos y heridos hubo? Cuántos presos hubo? ¿Quién dio la orden de masacrar al pueblo? ¿Qué hizo el Consejo de Derechos Humanos de la OEA?», se preguntó. Dijo estar sensible por el recuerdo de personas que «vimos tiradas en las calles por la burguesía adecoburguesa. Cuando veo a (Henry) Ramos Allup, lo veo quitando las garantías para masacrar al pueblo venezolano» el 27 de febrero.»Hay que trabajar para que esa gente (los adecos) en la vida, pisen el Palacio de Miraflores», pidió.A propósito de esa fecha el vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Istúriz, expuso que fue una fecha en la cual «el pueblo tomó justicia por mano propia. Yo formé parte de la Comisión que investigó las muertes en esos días. Más nunca puede volver a pasar eso. La liquidación de los derechos por parte del neoliberalismo fue lo que llevó a la gente a la calle».Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien inició su discurso con un «Chávez vive, la patria sigue», señaló: «vamos a dar inicio a un plan maravilloso entre FAN y varios ministerios. Hemos propuesto disponer de toda la FAN, no es que vamos a abandonar nuestras tareas originarias, para que se incorpore a un motor agroalimentario porque se trata de la seguridad alimentaria del pueblo. No podemos mirar a otro lado sino que ponemos todas las fuerzas en este motor». (El Universal)

Ordenan apagar acerías de Sidor ante riesgo de colapso eléctrico nacional

Las acerías de planchones y las palanquillas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), paralizadas desde mediados de enero, no arrancarán en los próximos días, como tenía previsto la directiva de la industria.Carlos Ramírez, delegado de la acería de palanquillas de Sidor, informó que la Corporación Eléctrica Nacional detuvo la reapertura de la acería, debido a la crisis eléctrica que ha llevado al embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar a menos de seis metros del colapso, reseñó Correo del Caroní.La estatal no se ha pronunciado públicamente al respecto. Ramírez sostuvo que hasta ahora los trabajadores se mantienen en sus puestos de trabajo acudiendo durante la jornada diurna, sin embargo, “allí todo está apagado”.La producción de acero permanecerá detenida, como ocurrió durante la sequía entre 2009 y 2010, cuando fueron apagados varios hornos de la industria, desincorporadas 360 celdas de la reductora de aluminio Venalum y desmantelada una línea de producción de aluminio de Alcasa, todas ubicadas en la zona industrial de Guayana. (El Nacional)

10 azucareras nacionales no están produciendo

Los bajos niveles de producción de azúcar están relacionados con las azucareras que hace 16 años fueron «relanzadas».Edgar Contreras, ingeniero agrónomo y directivo de la Sociedad de cañicultores del occidente de Lara (Socadol), prevé que si el Gobierno no toma medidas urgentes, habrá una escasez catastrófica, tal vez la crisis azucarera más aguda de la historia nacional, reseñó El Tiempo. “La situación es sumamente grave. De los 10 centrales del país que están en manos del Estado, ninguno a está moliendo. El Pío Tamayo, en el municipio Morán del estado Lara, hace 10 meses paralizó totalmente la molienda, se dedicó a refinar azúcar cruda importada. El central Carora cerró por falta de materia prima”, destacó.Indicó que este año difícilmente alcanzarán a moler cuatro millones 300 mil toneladas de caña, que se convierten en unas 350 mil de azúcar, y significan el consumo nacional de tres meses. (El Nacional)

Fedecámaras: Modelo económico está «agotado»

El modelo económico socialista que ha desarrollado el Gobierno venezolano, está «totalmente agotado» a pesar de los esfuerzos por seguir implantándolo, consideró este domingo el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.El agremiado señaló que ellos visualizan «un modelo donde haya una relación sana entre la oferta y la demanda (…) que el Estado sea el gran regulador y que los precios justos se tracen según la productividad».Las declaraciones fueron emitidas, a través de Globovisión. Allí, Martínez aseguró que la cúpula empresarial tiene elementos que dialogar con el Ejecutivo para lograr acuerdos y que genere beneficios para la sociedad.Expuso que el régimen cambiario necesita ir hacia una unificación que sea «transparente, confiable y fluido» para favorecer la producción en un espacio con oferta y demanda. (El Mundo)

Estacionamientos harán “pequeños ajustes” de la tarifa

La Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage) informó que sus agremiados realizarán “pequeños ajustes” mientras esperan que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realice los incrementos tarifarios que está pidiendo el sector desde hace más de ocho meses. Así lo explicó el vicepresidente de la organización, José Rafael Baldó.En la asamblea que realizó el gremio acordaron aplicar la tarifa de Bs. 50 por hora del servicio como medida de contingencia. Baldó agregó que con “Bs. 50 por hora podrían seguir pagando la nómina”.

Asimismo, explicó que “el valor de la tarifa que estamos solicitando formalmente ante la Sundde es de Bs. 130 la hora, pero en vista de la coyuntura actual, necesitamos al menos un pequeño incremento que se va a materializar en Bs. 50 la hora como una medida de supervivencia que está aplicando el sector”.El representante de Anpage explicó que la medida adoptada es producto de los seis incrementos salariales que han realizado desde 2014 (último aumento de las tarifas de estacionamientos) y del aumento del beneficio del bono de alimentación que, a juicio del gremialista, son “impagables sin elevar las tarifas”.Por ello, puntualizó que las opciones eran “ dejar sin empleo a 21.000 trabajadores de todo el país o se hacían pequeños ajustes mientras la Sundde hace su trabajo de revisión tarifaria”. El gremialista puntualizó que la idea es realizar ajustes graduales en el precio del servicio hasta llegar al valor real que cubra la estructura de costos de esa actividad económica.De no ser así, el gremio considera la reducción del horario de trabajo hasta 7 horas diarias, lo que significaría reducir dos turnos de trabajo.Baldó acotó que el desmejoramiento en los estacionamientos del territorio nacional se observa considerablemente, por lo que nivelar los precios con base en la estructura de costos del gremio permitiría hacer mantenimientos y reparaciones a las instalaciones, que no se realizan desde hace tiempo debido a las bajas tarifas de ese servicio.Asimismo, aseveró que debido a la “economía inflacionaria que se vive en el país, es probable que se sigan aumentando los salarios porque esto ha sido el histórico en los años anteriores. Bajo esa realidad, el Ejecutivo tiene que entender que en la medida en que se hagan aumentos salariales los sectores como el nuestro tienen que ser sometidos a revisión constante, porque no podemos tener otra vez desbalance de año y medio”.

Reunión con la Sundde

Cabe destacar que el martes de la semana pasada representantes de Anpage se reunieron con funcionarios de la mesa técnica de costos de la Sundde y expusieron que “no se pueden cubrir costos con precios del 2014 por lo que urgen pequeños incrementos para cubrir el tema de nomina, por lo menos desde ya”. El directivo también puntualizó que los funcionarios de la Sundde indicaron que ellos “hacen su trabajo rápido y después el ente tomará su decisión”.“Los estacionamientos de hoteles de lujo cobran Bs. 200 la hora y a nosotros nos tienen cobrando 8, 10 y 12 bolívares. Aun cuando están en la misma actividad que nosotros, a ellos sí les permiten aplicar la Ley de Precios”, sentenció Baldó.El vocero gremial expresó en días pasados que las medidas para asegurar las operaciones de los garajes y estacionamientos del país deben estar dirigidas a sacar a este sector de la regulación impuesta por la Sundde, debido que no son un bien de primera necesidad pues este servicio es utilizado solo por el 9% de la población venezolana. (El Mundo)

Gobierno negocia préstamo de $5 mil millones con la banca internacional

Venezuela está cerca de conseguir un préstamo por 5.000 millones de dólares mientras evalúa otras estrategias financieras para aumentar su liquidez y cumplir con sus pagos de deuda utilizando sus enormes reservas de crudo y oro como garantía, dijo el viernes a Reuters el presidente del Banco Central (BCV).Nelson Merentes aseguró que las conversaciones con la banca internacional y fondos de inversión para concretar el crédito están «bastante avanzadas».Del total, 3.000 millones de dólares serán destinados a inyectar recursos a las arcas del Estado y los restantes 2.000 millones de dólares irán para desarrollar un proyecto aurífero conjunto con la pequeña minera canadiense Gold Reserve.»Tenemos buena posibilidad de conseguirlo lo más rápido posible», dijo Merentes en una entrevista con Reuters en su oficina en el centro de Caracas. «Va a darse este año», agregó.El funcionario explicó que el préstamo será cancelado con los dividendos arrojados por la exportación del oro producto del desarrollo de un dilatado pero promisorio proyecto aurífero en el sur del país, donde Gold Reserve compartirá participación con el Estado venezolano en una empresa mixta.Merentes dijo que esperan que la empresa se constituya tan pronto como en un mes, una condición impuesta por los prestamistas.El miércoles, el presidente Nicolás Maduro anunció que la minera listada en la bolsa de Toronto, que demanda una indemnización al país petrolero por 750 millones de dólares tras el abrupto fin de una concesión que mantuvo hasta 2009, volvería para desarrollar las minas Brisas y Las Cristinas.El presidente del BCV dijo que entre los dos yacimientos tenían certificadas unas reservas equivalentes a 100.000 millones de dólares a un ritmo de explotación de 20 años.

Pero a pesar del optimismo, la negociación podría no ser tan fácil. Analistas dudan que la minera, que según sus informes financieros no tiene proyectos en producción y unos 2,2 millones de dólares en efectivo, pueda adelantar un proyecto rápido.Una portavoz de Gold Reserve declinó a comentar sobre la operación, y dijo que la compañía emitirá un comunicado.

Reestructuración, swaps

Merentes, quien recalcó la voluntad de Venezuela de honrar su deuda externa y su tradición de buen pagador, dijo que no descartan usar sus ingentes reservas de oro y crudo como garantías en procesos de reestructuración de la deuda emitida por el país y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).El presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, dijo a Reuters el martes que están en conversaciones con la banca internacional para reestructurar parte de sus pagos por 3.500 millones y evitar un default a finales del año.»Toda la arquitectura financiera que permita un commodity (mercancía) como el oro, el petróleo, la vamos a hacer. Si las condiciones son las adecuadas (…) todo eso está pensado. No se puede descartar ninguna idea», explicó.»Todo lo que puedas reestructurar ahorita, reestructúralo: yo doy una opinión técnica», agregó.Más temprano el viernes, el Ministerio de Finanzas confirmó que Venezuela pagó 1.543 millones de dólares del vencimiento de su bono Global 2016 más intereses.Sin embargo, debido al enorme sacrificio que supuso cumplir con este pago, persiste entre los tenedores de títulos venezolanos la preocupación de que el país caiga en un incumplimiento hacia fines de año.Venezuela profundizó desde mediados de diciembre el recorte de los dólares que inyecta a la economía altamente dependiente de los decadentes ingresos petroleros, en medio de una recesión y escasez de bienes básicos. El país ha destinado casi todos sus ahorros disponibles en efectivo al pago de su deuda.Merentes agregó que el Banco Central continuará haciendo canjes con su oro monetario en busca de liquidez, para lo que también utilizarán las nuevas exploraciones auríferas.A principios de febrero, fuentes anónimas dijeron a Reuters que el emisor había concretado varios canjes y estaba en negociación con Deustche Bank para una nueva operación.»Es normal, todo banco central hace eso (…) hemos decidido en el directorio hacer ‘swap’ para buscar liquidez», dijo. «Hay de tres años, cuatro años. Cada uno tiene una característica diferente. Lo hemos hecho con muchos bancos», dijo sin dar mayores detalles.Merentes adelantó que el país espera conseguir otros socios privados para desarrollar áreas mineras adicionales, no sólo en oro, sino también en diamantes y coltán.Para ello ha presentado el esquema a empresas mineras de 35 países, además de bancos de inversión. En este sentido, dijo que recibieron la visita de instituciones financieras de Canadá, Alemania y China, entre otros países.No obstante, analistas consideran que entre los inversores podría pesar demasiado el recuerdo de la ola de expropiaciones que llevó a cabo el fallecido presidente Hugo Chávez.Asimismo, los inversores deberán sopesar que el país petrolero atraviesa una delicada crisis, con la inflación más alta del mundo y el peor desempeño económico de América, que podría poner en riesgo las inversiones. (El Universal)

Más de 400 vehículos transitaron por frontera

Un total de 416 vehículos colombianos y venezolanos ingresaron este sábado a sus países en la jornada única dispuesta por ambas naciones para permitir su regreso, imposibilitado desde el pasado agosto por el cierre fronterizo que ordenó entonces el presidente venezolano, Nicolás Maduro. La cifra fue facilitada por la Presidencia colombiana, que indicó en un comunicado que la apertura temporal, programada entre las 13.00 hora local (18.00 GMT) y las 18.00 locales (23.00 GMT), transcurrió «en completa normalidad» y de forma positiva. Con una hora de retraso sobre el horario programado, los pasos se abrieron y pudieron cruzar vehículos particulares, de servicio público y de carga siempre y cuando no transportaran mercancía y su documentación estuviera en regla. En total cruzaron la frontera común 416 vehículos por los tres pasos fronterizos abiertos: Paraguachón (norte), el puente internacional Francisco de Paula Santander (noreste), y el puente José Antonio Páez (este). Según la Presidencia, por el puente Francisco de Paula Santander, que conecta el departamento de Norte de Santander y el estado de Táchira, retornaron 233 vehículos de Colombia a Venezuela, la mayoría de ellos automóviles (158), en tanto que de Venezuela a Colombia regresaron 88 vehículos, 74 de ellos automóviles. (El Mundo)

Abren la frontera como un «avance en área económica»

El gobernador de Táchira, José Vielma Mora señaló que la reapertura temporal de la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia, este sábado, es una «iniciativa del Gobierno bolivariano y su cancillería con el objeto de avanzar en el área económica y darle un desahogo al tema de frontera».En cuanto a la posibilidad de abrir el eje fronterizo en horario diurno, Vielma adelantó que se trabaja en ese proyecto solo para fomentar el desarrollo productivo de la región y no estimular el contrabando y el paramilitarismo.Desde el 19 de agosto de 2015, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción y cierre de la frontera con Colombia en las localidades de San Antonio y Ureña, en el estado de Táchira, y se extendió a los estados Zulia y Apure. La medida se orientó a evitar el contrabando de extracción organizado en diversas escalas, la violencia delictiva que lo acompaña y minimizar el ataque a la moneda, según la gobernación de Táchira.La prensa regional estimó en 320 vehículos los que atravesaron la frontera por el puente Francisco de Paula Santander, que une a Ureña con Cúcuta, como parte del acuerdo conjunto alcanzado por las autoridades de ambas naciones. «De Colombia hacia Venezuela retornaron 233 vehículos, de ellos 158 automóviles, 39 transportes pesados, 28 camiones ligeros, tres buses, dos microbuses, una volqueta y dos motos. Y desde Venezuela volvieron 88 equipos motorizados, 74 automóviles, siete vehículos de carga, dos buses y cinco motos».Víctor Bautista Duarte, asesor de la cancillería colombiana informó que tras el diálogo desde noviembre del año pasado, ambas naciones atendieron la petición de los transportistas y otros ciudadanos cuyos vehículos habían quedado represados al anunciarse el cierre de frontera.»Nos manifestaron su deterioro económico y social y las dos cancillerías procedimos a la revisión; de allí que hicimos un registro y se aprobó este paso transitorio que culminó en una jornada muy positiva para la integración fronteriza y la cooperación de las autoridades, entendiendo que los dos gobiernos pueden palpar la realidad de que tenemos una zona muy dinámica», indicó.Bautista aclaró, además, que no se permitirá el paso de mercancía ni se han reactivado las importaciones y exportaciones por parte de las dos zonas.No obstante, apuntó que los gobiernos y cancillerías están revisando lo relacionado con el comercio binacional. «Se está dando el primer paso y esperamos instrucciones para poder tener otros frentes de trabajo en los cuales se pueda avanzar. La frontera se está ordenando para que sea más moderna y eficiente».

Algunas cifras

La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), ha reiterado que «los decretos por los cuales se prorrogaron por 60 días las medidas que establecían los estados de excepción en los municipios fronterizos de los estados Apure, Táchira y Zulia, ya no están vigentes por haberse cumplido el lapso para el cual fueron dictados, y que el artículo 338 de la Constitución impide que el estado de excepción en materia económica, que fue el aplicado en esos municipios, pueda ser nuevamente prorrogado».El organismo dijo «entender» que las restricciones previstas en esos decretos, incluyendo las relativas al libre tránsito por el territorio de esos municipios y al comercio de bienes y servicios, «tienen su basamento jurídico en esos estados de excepción, por lo que al terminar la vigencia de éstos deben restablecerse plenamente los derechos y garantías constitucionales que fueron suspendidos». El comercio bilateral al tercer trimestre 2015, al cierre de frontera, es de 281 millones de dólares, frente a los 544 millones del mismo período de 2014, registrando una contracción del 48%», según últimas cifras de Cavecol. (El Universal)

AN investiga 11 casos por corrupción, impago y falta de transparencia en Pdvsa

La Asamblea Nacional a través de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo, y Defensa  investigan 11 casos por presunta corrupción, impago y falta de transparencia, que desde hace varios años han sido denunciados y  que relacionan directamente a Petróleos de Venezuela. Esta misión constitucional fue bloqueada por la mayoría oficialista en el anterior Parlamento, por lo que ahora representa la bandera contralora de la nueva mayoría opositora.

1. Cuentas opacas

La explosión de la refinería Amuay, ocurrida en 2012, es el primer caso de falta de transparencia al que se refiere el presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara. Asegura que nunca se pudieron determinar las causas del desastre, el cual causó 47 muertos y 135 heridos, y que el gobierno en vez de asumir su responsabilidad por el descuido en el mantenimiento de la plata prefirió señalar que fue el resultado de un sabotaje. “Ese argumento  trajo como consecuencia pérdidas millonarias para la nación porque Venezuela no pudo cobrar el seguro y el reaseguro de la refinería”.El segundo caso que menciona Guevara es el relacionado con el Fondo de Desarrollo Nacional, que desde su fundación en 2005 ha manejado aproximadamente 155 millardos de dólares. La presentación del balance sobre su uso no solo ha sido desordenada, sino que también por largos períodos ha desaparecido. Ninguno de los ministros de Finanzas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluido Jorge Giordani, que lo presidió por más tiempo, han explicado en qué se invirtieron los aportes de Petróleos de Venezuela y del Banco Central de Venezuela.Una tercera investigación, llevada cabo por la Comisión de Contraloría y la Comisión de Energía y Petróleo, se centra en el Fondo Chino.Elías Matta, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, calcula que entre el Fondo Binacional y el Fondo Gran Volumen se han manejado 57 millardos de dólares: “Se habla que de esa cantidad todavía se deben alrededor de 20 millardos de dólares, que se han ido pagando con envíos de petróleo a China. Lo grave es que no se sabe en qué han sido invertidos. No hay informes transparentes ni se dice casi nada en las memorias y cuentas. Ni siquiera sabemos si con la caída del precio del crudo, Venezuela ha tenido que aumentar la cantidad de barriles que se mandan al país asiático. Es necesario conocer los criterios de esta negociación”.En esa comisión también se adelantan averiguaciones para determinar en qué consiste el reciente acuerdo firmado entre Pdvsa y Rosneff, estatal rusa,  en el que se incrementó su participación accionaria de 16,67% a 40% en la empresa mixta Petromonagas, transacción por la que se habrían desembolsado 500 millones de dólares. La semana pasada el bloque parlamentario del PSUV propuso solicitar a Pdvsa y al Ministerio de Energía y Petróleo información al respecto.Igualmente se adelantan investigaciones para precisar sobre la base de qué ley el gobierno está adjudicando sin licitación bloques de explotación en el arco del Orinoco, para que empresas transnacionales exploten oro, diamante y coltán.

2. Dónde está el dinero

Guevara sostiene que uno de los casos más emblemáticos, cuyas responsabilidades deben ser establecidas, es el de Pdval y la importación masiva de alimentos que fueron hallados en contenedores abandonados y en estado de descomposición, principalmente en el terminal marítimo de Puerto Cabello a mediados de  2010. Según la oposición, se perdieron aproximadamente 170.000 toneladas de comida compradas en el exterior con dólares preferenciales.Otras de las investigaciones emprendidas por la Comisión de Contraloría es la estafa al fondo de pensiones de Pdvsa por 500 millones de dólares, del que fue acusado  Francisco Illaramendi, preso en Estados Unidos. En ese país se determinó que mediante un sistema fraudulento, en el que presuntamente colaboraron autoridades de Pdvsa, se estafó y hubo pérdidas por más de 200 millones a inversionistas.Otro caso es el fraude cometido a través del Banco Espírito Santo, portugués, al que, según informaciones que posee Guevara, Pdvsa le entregó mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes) 600 millones de euros para un rescate financiero, que luego se perdieron.Pero quizá el caso que más resonancia ha tenido en los últimos años es el de las cuentas en el Banco de Andorra, entidad que fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de blanqueo de fondos provenientes del crimen organizado. La Comisión de Contraloría maneja información de que al menos siete venezolanos están involucrados en el caso. Guevara indica que están reuniendo todos los documentos, análisis financieros, de precios, entrevistas e inspecciones sobre distintos casos por presunta corrupción en la que aparecen implicados funcionarios venezolanos. “Ya abrimos la investigación a Rafael Ramírez”, añade.   “Más allá de hacer justicia es avanzar en la recuperación del capital producto de la corrupción, para que pueda ser utilizado en la compra de medicinas y alimentos. Se calcula que más de 100 millardos de dólares se han perdido y con eso podríamos pagar varias veces la deuda social”, agregó.

3. Deudas petroleras

El diputado Elías Matta señala que una de las acciones que están llevando a cabo en la Comisión de Energía y Minas es precisar cuál es el monto que se debe a las 74 empresas expropiadas en 2009 en la Costa Oriental del Lago. Solo les han pagado a 7 de ellas y a otras 17 les adelantaron la cancelación de una parte, pero el resto sigue en una suerte de limbo. “El daño ecológico que se ha hecho en la zona también debe ser determinado y buscarle responsables.También refiere los compromisos que tienen Pdvsa y sus empresas mixtas con los municipios petroleros. La deuda inicial era de 1,2 millardos de bolívares. Sin embargo, gracias a la labor de la Comisión de Energía ya comenzó la cancelación, como es el caso de la Alcaldía de Maturín. (El Nacional)