La inflación acabó con el salario de los profesionales

“Soy abogada con posgrado y doce años de carrera en la administración pública y me pagan salario mínimo”, contó. La funcionaria es parte de 3,6 millones de profesionales universitarios y técnicos superiores y medios que laboran en el sector formal de la economía y ganan un sueldo básico, que desde el 1° de noviembre está en 9.648,18 bolívares mensuales.

 

Sara Levy, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la alta inflación ha depreciado mucho el salario, que no cubre las necesidades básicas del trabajador y su familia. “Un profesional recién graduado debe ganar en este momento 100.000 bolívares mensuales para adquirir la canasta básica”, destacó.

 

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que la cesta básica familiar alcanzó en septiembre 97.291,86 bolívares, equivalentes a 13 salarios mínimos que para esa fecha estaba en 7.421,68 bolívares.

 

Levy insistió en que el salario debe ser suficiente y que no se gaste mayoritariamente en comida y otras necesidades fundamentales que dejan de lado la recreación y la adquisición de una vivienda, electrodomésticos o un automóvil.

 

La caída del poder adquisitivo, que según economistas se sitúa en 40% este año frente a 2014, precariza el salario. La situación, a juicio de la docente de la UCV, se debe a que “el gobierno no cumple su obligación de lograr la estabilidad macroeconómica para la población al empeñarse en imponer un modelo socialista que fracasó”.

 

La abogada consultada, que prefirió no dar su nombre, indicó que el ministerio donde trabaja vende de vez en cuando alimentos de la cesta básica como “una ayuda”, pero no le pagan horas extras y las primas de profesionalización y antigüedad representan solo 2.000 bolívares adicionales al mes. Agregó que tiene HCM, pero no le cubre las consultas: “Eliminé las citas médica anual ginecológica y la del dentista porque no puedo costearlas”.

 

Una profesional de otro organismo público, que también se acogió al anonimato, refirió que su ingreso mensual es de 22.000 bolívares incluido sueldo, bono de alimentación y primas de antigüedad y profesionalización. “Tenemos HCM y un monto mensual para medicinas, pero el dinero no alcanza por lo cara que está la comida. Además, debo pagar los gastos de mi hija que estudia en el interior del país… Gracias a Dios tengo casa propia. Este año no renové el seguro del carro porque no puedo pagarlo. Al auto debo reponerle los cauchos y no sé cómo lo haré porque agoté la tarjeta de crédito”, dijo.

 

Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, citó cálculos nada alentadores proporcionados por economistas y asesores laborales: “De los 7,5 millones de trabajadores del sector formal público y privado, 70% (5,25 millones de personas) gana salario mínimo o un poco más”.

 

El sindicalista añadió que de la población laboral mencionada, 3,6 millones son profesionales universitarios, técnicos superiores y técnicos medios que “en otros países están en el tope de las escalas salariales”.

 

Destacó que el gobierno incumple el mandato de la Constitución en su artículo 91, el cual establece que el Estado garantizará a los trabajadores del sector público y privado un sueldo mínimo vital que será ajustado cada año y tomará como referencia el costo de la canasta básica.

 

“Cuando hace cuatro meses me llamó la empresa con un sueldo de 22.000 bolívares mensuales más el ticket alimentación me pareció un salto importante luego de ganar salario mínimo”, expresó Jesús Rodríguez, técnico en computación egresado en 2013. Ese ingreso más el de su pareja (que trabaja por contrato porque no ha conseguido empleo fijo) es prácticamente para comprar comida porque ya cancelaron las idas al cine y comer en un centro comercial. “Vivimos con nuestros padres. Comprar una vivienda es imposible y tener un hijo ni siquiera nos lo planteamos”, agregó.

 

Buscar fórmulas conjuntas

El desabastecimiento y el alza de precios de los alimentos y productos de primera necesidad afectan fuertemente el poder de compra de los trabajadores, lo cual implica buscar fórmulas que contengan la depreciación del ingreso, señalaron fuentes del sector laboral.

 

Pedro Ramos, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que con los niveles de inflación trabajadores han planteado a los empleadores mejoras económicas para poder adquirir los bienes y servicios elementales: “Los contratos colectivos en discusión o ya firmados son la vía para concertar esos acuerdos mediante la revisión de las cláusulas salariales y de beneficios socioeconómicos”.

 

Maryolga Girán, asesora de Conindustria, afirmó: “Las empresas están preocupadas por la inflación y su impacto en los salarios, y buscan mecanismos compensatorios, dentro de sus posibilidades, para los trabajadores”.

 

Agregó que las soluciones no son fáciles con el control de precios y la restricción de divisas para que el sector privado pueda importar la materia prima necesaria y mantener la producción.

 

LAS CIFRAS

179,5%es la inflación acumulada anual registrada en septiembre pasado, según fuentes allegadas al BCV

283,3%aumentó el costo de la canasta básica familiar entre septiembre de 2014 e igual mes de 2015, de acuerdo con el Cendas. (El Nacional)

 

Ley de ilícitos cambiarios sancionará precios a dólar paralelo

A las puertas de una nueva reforma a la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos está el Gobierno nacional, con la intención principal de incrementar las sanciones contra quienes hacen uso del dólar “negro” a través del mercado no oficial, reseñó Panorama.

 

La primera señal de esta modificación la anunció el presidente Nicolás Maduro el 21 de octubre, cuando dijo que “incurrir en la fijación de precios basado en el dólar paralelo, sin respaldo legal, constituirá un ilícito cambiario”.

 

Este delito en particular se traduce en que importadores adquieren dólares a tasa paralela (Bs. 814,71 por dólar el pasado viernes) con ellos compran productos en el exterior y luego venden esos artículos en el país, pero a un precio mucho más alto que la tasa oficial.

 

Esta actividad hace dos años atrás representaba solo un 5% de la importación de productos, sin embargo, a la fecha ha subido a un 40%. Una sanción precisa contra este modus de ilícito cambiario no aparece en la última reforma hecha el 18 de noviembre del 2014 a la ley, a pesar de que allí se estableció aumentos en montos de las multas y mayores penas de cárcel (2 a 7 años) para especuladores en dólares.

 

La Ley Contra Ilícitos Cambiarios, nació con este primer nombre el 27 de febrero de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.879, y desde entonces el Gobierno ha tratado de frenar ilícitos surgidos en torno al Sistema cambiario instalado en el país desde el año 2003.

 

Sin embargo, ante lo que el Ejecutivo ha llamado la “guerra económica”, esta semana el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró que “el presidente Maduro va a reformar la ley de ilícitos y el que haga esto le va a salir las penas más severas de esa ley”, aunque no dio detalles sobre los cambios.

 

A diferencia de la reforma hecha el año pasado, en esta ocasión se publicaría por la vía Habilitante.

 

El diputado a la Asamblea Nacional Elías Matta así lo considera, porque “lamentablemente la AN está muy limitada, producto de la Habilitante entregada al Presidente, y prácticamente la Asamblea en el área económica no ha legislado casi nada”.

 

“Sospecho que la reforma al Régimen Tributario venezolano, que incluye a la Ley de Ilícitos cambiarios lo hará por la vía habilitante”, pronosticó Matta.

 

En su opinión, desde que se creó esta ley, “los resultados no son nada halagadores porque a pesar de todo un grupo de medidas, controles (…) la depreciación del bolívar ha sido terrible”.

 

“Si bien existe un dólar oficial a 6,30 bolívares, uno a 13,80 bolívares y un tercero en casi Bs. 200, la realidad nos dice que a esas tasas prácticamente nadie tiene acceso, solo Gobierno y algunas empresas del Estado”.

Sin embargo, cuando la gente va a comprar un repuesto, los dueños dicen que están calculados a dólar libre.

 

Precisamente, Matta recordó que el exministro Rafael Ramírez aseguró que para este año se tendría a la disposición $ 42 mil millones dentro del sistema cambiario, “pero todos saben que este último año a través de Cencoex, Sicad y Simadi la asignación y aprobación ha bajado más de 60%”.

 

Sobre este tema, el empresario y presidente de Fedecámaras Zulia, Carlos Dicskon, respondió: “Nosotros desde Fedecámaras Zulia (…) no creemos que sea sostenible mantener el actual modelo económico que se ha venido desarrollando en Venezuela”.

 

“La introducción en la economía y en el mercado de un sinnúmero de leyes, que en vez de promover la sana competencia e incorporar a nuevos actores, lo que hacen es restringir, controlar, paralizar e impedir el buen funcionamiento de las empresas en general”, acotó.

 

“Cuando Cencoex no vende dólares a 6,30, 13,50 o 200 bolívares y exige que los que inviertan sus ahorros en comprar dólares en mercado paralelo a una tasa 4 veces más cara (que la del Simadi) y obligando a sus dueños, padres de familia a vender a pérdida solo puede producir el amargo destino del cierre de negocios y la pérdida del sustento económico de las familias de esos trabajadores”, refiere el directivo gremial.

 

Esta vía se ha tomado, a su criterio, “cuando el Estado reconoce que no posee las reservas en divisas suficientes para atender la demanda, debido a que el precio del barril ha bajado un 60 % en un año (…), entre otras razones”.

 

Dicskon cree que penalizar a los pequeños comerciantes producirá: “Más desabastecimiento, escasez, pobreza y perdida de empleo por el cierre de comercios familiares ante lo irrecuperable de sus ahorros”.

 

Para el economista, Eddy Aguirre, director de la escuela de Economía de LUZ, aún no se tienen claras cuáles serán los ajuste a la ley, sin embargo, opinó que “es una buena medida hacer una modificación, para de esa manera poder encauzar las transacciones y sean dadas dentro del tipo de cambio que maneja el Gobierno”.

 

Ahora, explica que la pregunta ante esto es ¿cuál será el tipo de cambio que se determinará para tomar esta medida?, porque considera que primero se tendría que pasar por definir cuál es el nivel que se tomará como referencia.

 

Subrayó que podría ser el precio Simadi que es el más alto, para tomar las sanciones respectivas, aunque acotó que todo esto serviría siempre y cuando haya una asignación precisa en cada uno de los sectores; además se insistió en partir de una tipo de cambio unificado, para que esta ley pueda funcionar.

 

De lo contrario, tendrían unas aristas que estarían fundamentadas en la indefinición de cuál es el dólar marcador, para efecto las debidas sanciones.

 

A pesar de que la reforma aún no tiene fecha para entrar en vigencia, los venezolanos están a la expectativa, ante lo que sería una nueva medida que intenta controlar el “dólar paralelo” y su exorbitante alza. (La Patilla)

 

Este lunes se publica en Gaceta la reforma de la Ley de Precios

La reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos será publicada en Gaceta Oficial este lunes, con modificaciones que intensifican las sanciones a los delitos contemplados en ella, dijo el presidente Nicolás Maduro.

 

«Vamos a apretar la mano esta vez, vamos a mantenerla apretada. La Ley viene dura. ¿Por qué? Por que el ataque de los sectores capitalistas contra el pueblo ha sido brutal», indicó el mandatario en un contacto telefónico con VTV.

 

Aseguró que «aquel que siga pecando, lo va a agarrar el castigo, no el castigo divino, que ya lo tiene asegurado, si no el castigo de la Ley que va duro y va a fondo».

 

La Ley Orgánica de Precios Justos fue promulgada vía Habilitante en noviembre de 2014 y su primera reforma fue por esa misma vía a comienzos de este año.

 

El Gobierno viene aplicando varias acciones con base en este instrumento legal, gracias a una providencia de la Superintendencia de Precios Justos que realiza una nueva categorización para la fijación de precios y estable un límite de 60% de ganancia dentro de la cadena de distribución de los productos. (El Mundo)

 

Fondo de Valores Inmobiliario invertirá $20 millones en el país

Con varios proyectos en el área inmobiliaria y el interés de promocionar el mercado de capitales en el país, el Fondo de Valores Inmobiliario (FVI) planea invertir cerca de $20 millones en Venezuela en 2016.

 

“Estamos en la búsqueda de nuevas alternativas de inversión, tenemos capacidad ociosa para operar centros comerciales y somos una alternativa para los grupos de inversionistas”, aseguró Alejandro Petit Mena, director de finanzas y CFO del FVI en una entrevista con El Mundo Economía y Negocios.

 

Explicó que la inversión a realizar se hará en parte con capital propio y el resto del mercado de capitales.

 

En los planes del FVI contempla viviendas que, según el vocero, tienen un bajo riesgo de inversión y alto retorno. Asimismo, dada la reciente alianza con el grupo Español AC del empresario Antonio Catalán, se planifica desarrollar un hotel de ciudad en Caracas, bajo la marca AC.

 

“Este tipo de negocios es muy favorecedor; por ejemplo, cuando nosotros hicimos el edificio Galipán, en Chacao, incluía 46.000 metros cuadrados de oficina, entramos, nos asociamos, construimos, vendimos y salimos. Ese es un nicho de mercado que hay que aprovechar en Venezuela”, apuntó el vocero.

 

Recientemente la empresa, inscrita en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), concluyó el edificio de apartamentos Residencias Tolón y un local donde estará la sede de Seguros Altamira, en Caracas, además adquirió 50% del Hotel Camurí Grande en Vargas.

 

Otro de los planes es la expansión del Tolón Fashion Mall, que será hacia un terreno lateral al centro comercial. Incluye 6.000 metros cuadrados de comercios y 300 puestos de estacionamiento.

 

El FVI también evalúa la adquisición de negocios en marcha en el sector de centros comerciales en el interior del país.

 

“Negocios que generen flujo de caja; tenemos capacidad en nuestro back office administrativo y el know how para agregar negocios sin incrementar los gastos de administración y operación”, dijo Petit Mena.

 

Viento a favor

 

El director de finanzas del FVI afirmó que Venezuela sigue siendo una plaza “muy rentable” para el negocio inmobiliario, pues posee “márgenes muy superiores a los que tiene el mismo negocio en la región”.

 

“Un entorno de alta inflación, control de cambio y altos niveles de liquidez nos beneficia, debido al aumento en el valor de los inmuebles en su condición de activos no monetarios”, explicó.

 

Ante los índices de ahorro en el país, Petit Mena estimó que los aliados comerciales -como llaman a los locatarios- también pueden generar buenos ingresos en este entorno-país, ya que el consumidor actualmente tiende a cambiar los bolívares por bienes, incluyendo los adquiridos en los centros comerciales.

 

La empresa, que figura como emisor de renta fija en toda la nación, se concentra en personas de altos ingresos para desarrollar proyectos inmobiliarios.

 

“Creemos que la situación actual de Venezuela es coyuntural. Nos encontramos en un situación económica compleja, pero todavía hay margen de maniobra para salir de la crisis”, comentó.

 

Incentivos

 

“Tener un mercado de valores dinámico permitiría al Estado generar confianza, lograr inversión extranjera y a muchos emprendedores levantar capital”, afirmó Petit Mena, quien instó a promocionar en el país el mercado de capitales y “hacerlo cada vez más eficiente”.

 

El FVI es una empresa inmobiliaria financiera insertada en el mercado de valores venezolano y americano. “El capital de la empresa es mayoritariamente venezolano aun cuando al tener un programa de ADR’s en la Bolsa de Nueva York, tenemos accionistas extranjeros”, explicó.

 

La empresa tenía una renta fija dentro del mercado de valores venezolano de Bs. 1.250 millones para 2014, de acuerdo con datos de la compañía.

 

Los estados financieros son auditados por la firma Kpmg y supervisados por SNV y la SEC.

 

Resultados favorables

 

La empresa destaca las regulaciones hechas en 2014 en la normativa de alquileres y condominios como un elemento que restableció las condiciones de mercado y fijó los acuerdos entre los dueños de centros comerciales y comerciantes.

 

Dada la publicación de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial en 2014, “los ingresos por alquileres para el segundo semestre del año crecieron 137% en comparación al primer semestre del mismo año”, se describe en la Memoria Anual 2014 del FVI.

 

Sin embargo, el porcentaje de visitantes a los centros comerciales bajó 3,94%, al registrar el ingreso cerca de 2.500.000 personas en 2014, a diferencia de 2013 cuando estuvieron 3.000.000 personas.

 

Afianza la inversión

 

El FVI actualmente opera en el área de oficinas, centros comerciales, estacionamientos, hoteles, vivienda y administración y operación de inmuebles.

 

Maneja un portafolio de comercio con más de 130.000 metros cuadrados de área bruta arrendable con 750 arrendatarios. Posee más de 6.000 puestos de estacionamiento en operación.

 

El Tolón Fashion Mall, Paseo El Hatillo La Lagunita, Centro San Ignacio y Llano Mall Ciudad Comercial son centros comercilaes y de entretenimiento operados por el FVI.

 

En República Dominicana la empresa especializada en el negocio inmobiliario y financiero inauguró en 2010 el Blue Mall, un centro comercial de 20.000 metros cuadrados con una inversión de $160 millones. En ese espacio se creó el hotel JW Marriott, el primero del Caribe. Este último factura alrededor de $12.000 millones al año, según la memoria anual del FVI.

 

Al menos 600 empleados directos y más de 1.800 indirectos genera el negocio.

 

La empresa trabaja en crear también en la región andina y el Caribe un fondo inmobiliario insertado en el mercado de valores.

 

“Estamos a la caza de oportunidades, evaluando proyectos nacional e internacionalmente para expandir nuestra actividad en el sector de centros comerciales y de hoteles”, dijo Petit Mena.

 

El director de finanzas del FVI espera que en los próximos cinco años se reactive el negocio petrolero en Venezuela, para que también se incremente considerablemente la demanda de espacios inmobiliarios. (El Mundo)

 

Sancionan a Multinacional de Seguros con cierre de 72 horas

Según la providencia N° FSAA-9-002346 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se ordenó la sancionar a la empresa Multinacional de Seguros con un cierre de 72 horas de su sede principal, sucursales y oficinas a nivel nacional.

 

La orden del superintendente Yosmer Arellán Zurita, que aparece publicada en Gaceta Oficial N° 40.783 que circula este lunes, se debe a que «la empresa ha sido sancionada más de cinco veces por infringir la normativa que regula la actividad aseguradora».

 

Se señala que la empresa «ha incurrido reiteradamente en contravención de la normativa» que regula la actividad del sector.

 

«Debiendo mantener las actividades que garanticen con la debida diligencia y celeridad los servicios de asistencia al tomador, asegurado, beneficiario y contratante, así como las actividades de los departamentos de reclamos o atención en caso de siniestros», se ordena. (El Mundo)

 

70% de la producción de aceite en Coposa es regulada

El Consorcio Oleaginoso de Portuguesa (Coposa) tiene una participación en el mercado agroindustrial de aceites de 30%, y de ese porcentaje 70% es regulado, de acuerdo con la declaración de Ángel Granado, gerente de operaciones de la planta .

 

Para el consumo final, 60% de la producción de aceite vegetal es etiquetada con la marca Casa y es distribuida a la red pública, mientras que el 10% restante se comercializa con las marcas Coposa y Bonna.

 

La planta está en capacidad de embotellar 20.000 litros por hora en promedio.

 

De las 90.000 toneladas de aceite vegetal que se produce en la planta ubicada en Acarigua, 30% está destinada a la venta a “precio libre”, bajo las marcas Naturoil (soya) y Mirasol (girasol).

 

De la producción total de planta, cerca de 30% es comercializada a granel para la industria procesadora de alimentos.

 

El gerente de operaciones explicó que la mayor parte de la comercialización de Coposa está destinada a la grasa de uso industrial, pero mantienen un porcentaje para la venta al detal.

 

Mayor consenso

El ministro para Agricultura y Tierras, Yván Gil, afirmó que la alianza entre el Gobierno y el sector empresarial “está verdaderamente comprometida con el país y permite impulsar la producción nacional”.

 

Durante el acto de inauguración de la Planta de Procesamiento de Girasol del Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), Gil comentó que la ampliación y desarrollo tecnológico de las instalaciones, donde se produce aceite y harina de girasol, “desmiente uno de los mitos más grandes que han tratado de tejer, al decir que el Gobierno atentaba contra la propiedad privada”.

 

Por su parte, Nelson Quijada, presidente de Coposa, señaló que el problema de la agricultura en el país data de hace décadas, “porque se invierten millones, pero al final no se sacan los números de lo que se produce. Tenemos ciclos, pero nunca tenemos en la agricultura venezolana una producción constante. Eso debe cambiar”. Y destacó: “En 41 años de existencia hemos tenido regulaciones en los productos, porque todos los gobiernos regulan”.

 

A juicio de Quijada, las regulaciones no son perniciosas, pero afirmó que no deben prolongarse por mucho tiempo.

 

“Cada tres meses se debe ver cómo están las cosas para hacer los correctivos necesarios”, explicó el empresario.

 

También consideró que el Gobierno debe agilizar los trámites para poder importar rápido ciertos insumos como la soya.

 

“Una industria debe ser planificada y no puede pararse constantemente, porque un producto terminado tiene muchos detalles antes de salir de la planta”.

 

Concluyó refiriendo un episodio reciente en la empresa. “Tuvimos una planta de extracción de soya parada por 45 días hasta que llegó un barco y, actualmente, la estamos procesando, pero no nos queda por muchos días”. (El Mundo)

 

Fedecámaras aspira integrarse a la planificación económica del país

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) aspira integrarse a la planificación económica del país a través de un diálogo nacional que revise el modelo actual.

 

«El sector privado debe involucrarse en la planificación económica y el aumento de la producción nacional y, para ello, debe generarse confianza para que las inversiones nacionales y extranjeras estén presentes en el país», dijo el presidente del gremio, Francisco Martínez, entrevistado en el programa Diálogo con.. transmitido por Televen este domingo.

 

Agregó que «los venezolanos estamos esperando ese gran acuerdo nacional, que nos pongamos de acuerdo en ese gran modelo económico y político y que realmente los deseos y aspiraciones de todos los venezolanos estén incluidos».

 

«Se requiere en este momento que la producción nacional tenga las condiciones, que se generen esas condiciones de confianza para que las inversiones tanto nacionales como extranjeras puedan estar presentes en el país, puedan empezar a poner a producir bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos y que, por supuesto, empiece a generar la riqueza para poder pagar esos salarios dignos en las condiciones de trabajo decente», aseguró.

 

Martínez criticó el sistema de control de precios y dijo que la intención de aplicar una metodología lineal a la cadena de distribución es un error. «El gobierno sigue acelerando en la dirección equivocada, y lo que van es a incrementar el desabastecimiento, van a generar mayores inflaciones y eso se va a traducir en pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos», agregó.

 

Aseguró que es necesario que el Gobierno tome medidas para estabilizar la economía, de manera que se pueda controlar la inflación y evitar los efectos sobre el poder adquisitivo.

 

«Si el Gobierno Nacional no toma las medidas que aborden los problemas del fondo del país, medidas que desde el 2014 Fedecámaras y el empresariado vienen anunciando como urgentes y necesarias, vamos a seguir teniendo problemas muy severos sobre el incremento de la inflación, sobre el incremento del desabastecimiento, la pérdida del poder adquisitivo», dijo.

 

Reforma tributaria

El representante de los empresarios afirmó que no tienen muy buenas expectativas sobre la reforma tributaria que anunció el gobierno, por la poca información que se ha suministrado y por el panorama actual de los impuestos.

 

«Realmente es una expectativa preocupante, porque definitivamente las reformas tributarias deben ir en función para promover y estimular la producción de bienes (…) pero todo (la reforma) eso va orientado a incrementar los niveles de ingresos del Gobierno Nacional y del Estado», dijo.

 

Martínez aseguró que actualmente las cargas fiscales y parafiscales de las empresas «rondan un impacto de casi un 60% la relación costos-beneficios». (El Mundo)

 

Los transportistas plantean elevar pasaje mínimo a Bs 20

Desde este fin de semana algunos transportistas comenzaron a pintar en las unidades «aumento a Bs.20 a partir del primero de diciembre», tal como lo decidieron en una asamblea que se realizó el jueves pasado con la participación de los directivos de los cinco bloques de transportistas del Área Metropolitana.

 

Pedro Jiménez, presidente del Bloque Sur-Oeste que agrupa entre 2 mil a 3 mil transportistas de las líneas de Antímano, Caricuao, El Junquito, entre otras zonas, informó que esta medida se decidió debido a que en la reunión que se realizó en septiembre pasado con las autoridades del municipio Libertador, se acordó revisar la tarifa para diciembre y aún no se han instalado las mesas de diálogo que se acordaron en esa oportunidad. «Estamos solicitando una audiencia con el alcalde, Jorge Rodríguez para plantearle la grave situación que está atravesando el transporte y que la tarifa se eleve de 15 a 20 bolívares «, acotó.

 

Según afirmó, la escasez de los repuestos y los altos costos en lo que llaman «mercado negro» ha generado que más de 40% de las unidades de las diferentes líneas de Caracas estén paralizadas. Precisó que un caucho para una unidad Encava lo están vendiendo entre 110 mil a 120 mil bolívares, «lo que es imposible comprarlos».

 

Por su parte, Jhon Escalona, presidente del Bloque de Transportistas de Norte-Sur, que agrupa las lineas de El Valle- Coche, Turmerito, entre otros, indicó que la crisis del transporte se ha agudizado, «nosotros decimos que estamos ante un paro técnico del sector, porque en nuestro caso de las 110 unidades están paralizadas 50 por falta de caucho o batería».

 

Comentó que es necesario que se concreten los acuerdos que se aprobaron en septiembre pasado, y uno de ellos era la creación de más proveedurías de repuestos para los transportistas porque solo existe una que se ubica en Catia.

 

Al respecto, el Coordinador Nacional la Misión Transporte Haiman El Troudi, declaró recientemente que para el cierre de este año se habrá alcanzado la meta de instalar 50 Proveedurías de Insumos y Repuestos , «con la idea de garantizar el acceso de los trabajadores del sector a los elementos necesarios para el mantenimiento de sus unidades.»

 

En Caracas anunció que está prevista instalar cuatro proveedurías más: en El Valle, Antímano, La Bandera y Propatria, de las cuales están adelantas La Bandera y Antímano. (El Universal)

 

Ordenan pago de tres meses de aguinaldo a pensionados del IVSS

En la Gaceta Oficial Nº 40.7683 con fecha de 6 de noviembre publicada este lunes, se ordena el pagó de los aguinaldos a los pensionados del Instituto Venezolano  de Seguros Sociales.

 

El Decreto Presidencial indica que el pago debe realizarse con respecto al nuevo salario mínimo que entró en vigencia desde el 1° de noviembre.

 

El decreto Presidencial estipula que los pagos deberán ser cancelados en dos fracciones. La primera de dos meses el 15 de noviembre y luego la cuota de un mes el 1° de diciembre del presente año. (El Nacional)

 

Maduro: Venezuela ha pagado $27.000 millones en deuda externa

El presidente Nicolás Maduro, informó este sábado que Venezuela ya canceló 27.000 millones de dólares en deuda externa.

 

Así lo informó el ejecutivo durante un acto de entrega de 4.600 taxis a transportistas de Distrito Capital, Vargas y Miranda, realizado en el Poliedro de Caracas:»El año pasado pagamos $13.500 millones. En menos de dos años, digamos como en dieciséis meses hemos pagado, 27.000 millones de dólares de obligaciones externas, con petróleo a $40″.

 

En esta misma línea el Ejecutivo señaló que, además de los 13.500 millones de dólares cancelados el año pasado, se suman otros 13.500 saldados este año, que en total suman los 27.000 millones de dólares. «Lo digo y me arde la sangre porque son obligaciones»

 

«Y ustedes ven a esta gente, los economistas de la derecha, saben tanto, que al final, ¿ustedes saben a qué saben?, a cazabe, no saben a nada», sentenció el Mandatario.

 

Aseguró, por otra parte que, los $27.000 millones que ha desembolsado la nación en casi dos años es «es plata». Además, reiteró que Venezuela va a seguir cumpliendo, pero tenemos lo que se llama un bloqueo financiero. Pagamos y pagamos, pero en el exterior siguen aumentando el riesgo país», aseveró.

 

En este sentido, cabe destacar que, el pasado mes de octubre, el El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, también aseguró que el Gobierno venezolano cuenta con los recursos para honrar el pago de su deuda externa. (El Mundo)