Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero afirmó que la recuperación de activos ilegales exportados por corruptos a otros países, es esencial para la estabilidad socio-económica de los pueblos más necesitados de la región.
«El fenómeno de la corrupción y extracción de bienes o activos obtenidos ilegalmente es de gran preocupación para los gobiernos. Se estima que cada año se pierden entre 1 y 16 billones de dólares por actividades ilegales, donde los funcionarios corruptos en los países en desarrollo y de transición saquean hasta US$40.000 millones cada año, ocultando esos fondos en el exterior, con extremadamente dificultad para su recuperación. Dicha cifra es equivalente al PIB anual de los 12 países más pobres del mundo, en los que viven 240 millones de habitantes».
Así lo dio a conocer el abogado Alejandro Rebolledo, penalista, consultor, asesor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, quien agregó que “las consecuencias de esta acción delictiva conduce a la degradación y la desconfianza en las instituciones públicas, el debilitamiento del clima de inversiones privadas y la corrupción en todos sus niveles, por cuanto el saqueo de los activos origina el estancamiento del desarrollo de los pueblos que no cuentan con los activos estatales que han sido robados. Muchos países pueden congelar activos, pero no retornarlos”.
Afirmó que “mientras crece la corrupción, también se extiende la necesidad de recuperar los bienes expatriados de países de la región. “Anteriormente, si un Estado decomisaba bienes, producto de un delito cometido en el extranjero, soberanamente podía decidir que hacía con ellos. Tenía la facultad de proceder a la devolución de los mismos, lo cual generalmente se hacía o no, como un acto de buena voluntad y camaradería, esperando reciprocidad en algún momento”.
Legislación internacional
Rebolledo indicó que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003, se estableció reconocer a los países víctimas de la corrupción el derecho de recobrar los activos ilegales exportados a otros países, para repatriarlos por medio de la cooperación internacional.
Advirtió que si bien esta cooperación acelera los procesos de recuperación de activos ilegales, es cierto que en algunos Estados existe todavía cierta reticencia a adoptar la modificación en su legislación interna necesaria al efecto. Lo más importante, según las Naciones Unidas, es que si se puede probar que existió malversación o peculado de fondos públicos o privados, blanqueo de fondos públicos o privados o si los activos decomisados provienen de fraudes, sobornos, el dinero puede volver al Estado de origen.
Existe también la Convención Interamericana Contra La Corrupción; Organización de Estados Americanos; la Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción, y la Decisión 2007/845/JAI del Consejo de la Unión Europea. Todas ellas se refieren a la cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Estados miembros en el ámbito de la localización e identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con actividades ilícitas.
Legislación en Venezuela
Acerca de la legislación en Venezuela, el especialista recordó que “contamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 116); la LOCDOFT (artículos 54 al 62); COPP (artículos 349 y 518); Código de Procedimiento Civil (artículos 585 al 607) y la Ley Contra la Corrupción (artículos 115 al 125). Además, recientemente el presidente Nicolás Maduro creó la Policía Anticorrupción, para prevenir, controlar y erradicar esta actividad, como parte del rescate de los principios y valores, seguridad y estabilidad para el país.
«Este Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, tiene como característica particular depender jerárquicamente del Presidente de la República, a quien sólo le rendirá cuenta de sus investigaciones y actuaciones policiales», señaló.
Por tal razón, consideró que este esfuerzo de crear un cuerpo policial que se encargue de combatir a los corruptos, merece el aporte, apoyo y beneplácito de cada ciudadano. Sin embargo, «se debe tener mucho cuidado con la selección del personal que trabaje en dicha áreas, ya que el manejo de información e investigación es sumamente sensible; debemos evitar que dicho cuerpo policial se convierta en un grupo cuyos funcionarios se dejen corromper para trabajar a favor del crimen organizado”.
Enfatizó que “la repatriación o recuperación de los activos saqueados de un país, es una de las herramienta fundamentales que permite darle duro a los delincuentes en el lugar donde más le duele: el bolsillo”. Con esos activos recuperados son muchos los programas de interés social que se pueden costear para beneficio de los habitantes de la región.
“Prevenir, controlar y erradicar la corrupción sólo será posible si logramos mejorar los valores morales, la justicia social y los derechos fundamentales de los ciudadanos, empresarios y gobiernos», recomendó el abogado.
