La propuesta salió adelante con el apoyo de los partidos soberanistas. Por contra, el Partido Popular (PP) de Rajoy, el Partido Socialista de Cataluña y la formación Ciutadans rechazaron participar en la votación al entender que suponía incumplir la resolución del Constitucional.

La suspensión cautelar de la convocatoria del referéndum y de la ley de consultas aprobada hace dos semanas por el Parlamento regional fue contestada el martes por miles de personas en las plazas de Cataluña.

La policía regional tuvo que desalojar entre forcejeos a un grupo que pretendía acampar frente a la delegación del gobierno español en Cataluña en señal de protesta.

«Nosotros respetamos la libertad de expresión y respetamos las leyes y las resoluciones judiciales. Respetando todos la ley, nos entendemos todos perfectamente», dijo horas después la «número dos» del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ejecutivo de Cataluña, con Artur Mas al frente, decidió acatar la decisión del Constitucional y suspendió el martes de forma temporal la campaña institucional dirigida a promover la consulta, aunque anunció que el proceso soberanista seguirá adelante.

Hoy presentó, además, dos recursos ante el alto tribunal, en los que pide el levantamiento de la suspensión bajo el argumento de que la consulta no generará «perjuicios». En los próximos días presentará también alegaciones.

Los partidos pro consulta pidieron al presidente regional desoír al Constitucional. «No siempre la desobendicencia lleva a la victoria», contestó él.

Mas se reúne durante la tarde (hora local) con representantes de los tres partidos que respaldan el referéndum del 9-N: los independentistas republicanos de ERC, los ecosocialistas de ICV y la pequeña CUP.

Por otra parte, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, insistió hoy en que la independencia de Cataluña supondría su salida inmediata de la Unión Europea (UE) y del euro e impediría el acceso de las entidades domiciliados en la región al Banco Central Europeo (BCE).

La seguridad se reforzó en Cataluña con 300 agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que se desplazaron a la región desde otros puntos de España.