Argentina empieza la semana al borde de un nuevo cese de pagos si no alcanza un acuerdo antes del miércoles con los fondos especulativos por el caso de los bonos impagos de su deuda soberana, un escenario que el Gobierno baraja como probable mientras intenta transmitir tranquilidad.
En una carrera contra el reloj, el gobierno argentino tiene dos días -hasta el 30 de julio- para llegar a un acuerdo con los fondos a los que califica de «buitres» y que ganaron un fallo en la justicia estadounidense que ordenó pactar con los demandantes antes de seguir cumpliendo con sus pagos a los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010, informó AFP.
Funcionarios argentinos del Ministerio de Economía, sin el titular de la cartera Axel Kicillof, viajan este lunes a Nueva York para reunirse el martes con el mediador Daniel Pollack, designado por el juez federal estadounidense Thomas Griesa para hallar un camino al cumplimiento de su sentencia que ordena pagar a fondos especulativos 1.330 millones de dólares.
Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien reiteró que el gobierno busca la reposición de una medida cautelar para poder cumplir con vencimientos acordados y evitar caer en cesación de pagos.
Argentina giró los pagos a los bonistas reestructurados el 26 de junio, pero el juez bloqueó ese dinero depositado en Nueva York y si no cobran el miércoles, la tercera economía de América Latina caería nuevamente en cesación de pagos, después del default de 2001.
«Los argentinos tienen que estar tranquilos porque la vida sigue andando», aseguró Capitanich, portavoz de la presidenta centroizquierdista Cristina Kirchner, en momentos que la prensa asegura que el Gobierno agotó todas las opciones en esta pelea y estudian las implicaciones de enfrentar un default.
El viernes, cuando se realizaron las últimas reuniones con Pollack, éste afirmó en un comunicado que «no se ha alcanzado ninguna solución en el impasse entre las partes».
Ese mismo día el gobierno argentino denunció otra vez ser víctima de una «extorsión» judicial y aseguró que seguirá pagando su deuda reestructurada pese al fallo.
Recesión acelerada
Diversas consultoras privadas aseguran que un default potenciaría los signos de recesión en la alicaída economía argentina, que desde finales de 2013 acentuó la caída de su actividad económica tras cerrar con una inflación de 28%, y que en lo que va de año se ubica en 15%.
«Una caída del 3,5% del PBI, la inflación anual alcanzando el 41% y una retracción del consumo del orden del 3,8%, son las principales variables con las que terminaría el 2014 en un escenario con default», señaló un informe de la consultora Abeceb.com divulgado el fin de semana.
De haber un acuerdo con los fondos especulativos, el informe señala que los indicadores pasarían a «una caída del 1,5% en el PBI, una inflación del 34,5%» y una reducción del consumo del 1,8%.
El economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, advirtió a la AFP que el default de alguna manera afectará al ciudadano.
«Todo lo que está viviendo hoy Argentina se puede potenciar», afirmó. El principal temor es que empiecen los despidos en este país cuya tasa de desempleo se sitúa en 7,1%.
Para 2015, año de elecciones presidenciales en octubre, las perspectivas si hay default prevén una merma del 0,5% del PBI, una inflación del 24,1% y una retracción del consumo del 0,8%.
Para la consultora Ferreres y Asociados, sin default podría registrarse un crecimiento de 1% del PIB, recuperación del consumo, aunque la inflación seguiría por encima del 25%.
Los analistas coinciden en que una cesación de pagos alejaría la posibilidad de acceder al financiamiento externo.
La clave del «stay»
Capitanich reiteró la condición para llegar a un acuerdo: «Argentina necesita tiempo para negociar y ese tiempo se llama ‘stay'», como se denomina en inglés la medida cautelar que levantó Griesa cuando su fallo fue convalidado por la Corte Suprema en junio, y que da una prórroga para el pago de las obligaciones hasta enero de 2015, cuando vence la denominada «cláusula Rufo» de los bonos.
Esta cláusula, que Argentina quiere evitar a toda costa, establece que el país no puede mejorar antes de esa fecha la oferta recibida por los acreedores que cambiaron sus bonos so pena de tener que igualar los pagos.
A su vez, a los fondos demandantes tampoco les convendría un default, puesto que si Argentina tiene que reestructurar su deuda nuevamente pierden la posición de acreedores privilegiados que tienen ahora y entrarían a negociar como uno más entre todos los bonistas.
Según el diario Clarín del domingo, los propios abogados estadounidenses de Argentina recomendaron «permitir que la Corte fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos los bonos externos de modo tal que el mecanismo de pago y demás aspectos relacionados queden fuera del alcance de los tribunales norteamericanos».
