Desde la ciudad de Montevideo, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), junto a los diputados Williams Dávila y Carlos Valero y el perseguido político Carlos Vecchio, continúan sumando apoyo para la aplicación de mecanismos internacionales como la Carta Democrática de la OEA para restituir las garantías democráticas en Venezuela.

Florido manifestó las amplias muestras de solidaridad que dieron autoridades uruguayas al pueblo venezolano ante el grave deterioro por la  crisis social, económica y política generada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Estamos demostrando al mundo que el régimen de Maduro llegó a su fin y los venezolanos tenemos el derecho constitucional de revocar el mandato de Nicolás Maduro», comentó el parlamentario.

Asimismo, agregó que «los países hermanos deben estar conscientes del mensaje de cambio que emana el pueblo de Venezuela. Llegó la hora de desmontar a la dictadura de Maduro y, haga lo que haga el régimen, la comunidad internacional está atenta para rechazar y accionar mecanismos para restituir la democracia en Venezuela».

El Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Uruguay, el presidente de la Cámara de diputados uruguaya, Gerardo Amarilla, el canciller de Uruguay, Nin Navoa, el ex presidente de Uruguay, Julio Sanquinetti, personalidades y partidos políticos conviven en Uruguay rechazaron el golpe judicial dado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la AN, pretendiendo quitarle sus competencias constitucionales de control al Gobierno.

Este viernes se hizo pública una declaración de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional (Uruguay) que critica fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro y brinda respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela.

La Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional mostró su preocupación «por los procedimientos y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que pretenden desconocer y justificar el desconocimiento de potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, especialmente las referidas a la convocatoria e interpelación de ministros y secretarios de Estado, así como el análisis, revisión e investigación de los procedimientos de la administración y gestión de otros Poderes del Estado».

Asimismo, este mismo grupo advirtió sobre «el grave deterioro de la situación social, económica y política de Venezuela y reclama de las autoridades de los gobiernos de la región un compromiso expreso, decidido y activo que permita, respetando plenamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otro estado, acompañar y apoyar el imprescindible proceso de normalización de la vida democrática y republicana».

Por último, reclamó al gobierno venezolano «el cese inmediato de las injustas prisiones políticas, reconocidas por Organismos y Organizaciones internacionales como tales que afectan severamente la convivencia y condicionan el espíritu que debe animar una reconciliación nacional cuya única vía es el respeto a la expresión legítima  del pueblo».

*Con información de Nota de Prensa.