EWALD SCHARFENBERG
La XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA), que se celebró en La Habana para conmemorar el décimo aniversario del organismo, estuvo marcada por la nostalgia. El recuerdo al tratado fundacional del organismo, suscrito entonces por Fidel Castro y Hugo Chávez, marcó el acto, así como el vigésimo aniversario del primer encuentro entre los líderes, en 1994 en la isla, cuando el venezolano era apenas un exteniente coronel recién liberado de la prisión militar, y el cubano aparecía como el último mohicano del socialismo en un planeta arropado por la ola neoliberal.
Ese encuentro “dio inicio a una amistad entrañable, basada en la identificación en las ideas y metas, que influyó notablemente en la región y en los procesos emancipadores de las últimas décadas”, valoró Raúl Castro, hermano de Fidel y actual presidente de Cuba, al dar comienzo a las intervenciones en el evento. La ausencia de “los dos padres fundadores” —como se les llamó en el foro— indujo a la extraña circunstancia de que diversos oradores se refirieran al líder cubano, en su propia capital y a escasos kilómetros de donde convalece, como se haría de alguien fallecido.
En el orden de la reunión, así como en su declaración final de 40 puntos, destacaron las expresiones de solidaridad con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y de condena a Estados Unidos, cuyos legisladores promueven sanciones financieras contra personeros civiles y militares del régimen de Caracas. La semana pasada, a instancias de parlamentarios de la bancada republicana, las dos cámaras del Congreso estadounidense aprobaron la denominada Ley de 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela. La normativa prevé la congelación de bienes y activos que mantienen en Estados Unidos 56 funcionarios de la Administración de Maduro, que participaron en la represión de las protestas del pasado febrero en diversas ciudades venezolanas, así como su eventual deportación y revocatoria de visas. Desde el 10 de diciembre la ley solo espera la firma del presidente, Barack Obama, para su ejecución.
Maduro, que presidió el evento en conjunto con el anfitrión, Castro, ha movilizado todos los recursos diplomáticos disponibles para responder a las posibles sanciones estadounidenses y trocarlas por un estímulo para la indignación soberanista. Ha convocado a una concentración popular hoy en la avenida Bolívar de Caracas, en pleno centro de la capital venezolana, en rechazo a la actitud “injerencista” de Washington.
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