Líderes del Gobierno y de la oposición de Venezuela protagonizaron un debate, inédito en lo que va de siglo y transmitido en cadena de radio y televisión, como primer paso para buscar entendimientos sobre la crisis económica, social y política marcada por más de dos meses de manifestaciones.
Las protestas y su represión costaron hasta ahora 41 muertos, incluidos siete uniformados, 600 heridos, 2 300 detenidos -un centenar aún entre rejas- y 70 casos denunciados de torturas.
Los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, y el nuncio apostólico del Vaticano, fueron testigos la noche del jueves 10 de seis horas de pronunciamientos de una y otra parte, en un acto en el que el presidente Nicolás Maduro actuó como director y anfitrión.
El Presidente hizo «un llamado a reconocernos y rechazar las presiones de quienes quieren imponer la vía extrema, la violencia», y pidió a sus adversarios «no pacto o negociación, solo voluntad de paz. Queremos un modelo de convivencia, de tolerancia».
Al encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, con Maduro y sus principales colaboradores civiles, acudieron dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición multicolor de partidos opositores, desde la derecha a la izquierda exguerrillera.
Del encuentro se desligaron los principales convocantes políticos de las protestas, uno de los cuales, Leopoldo López, está encarcelado y sometido a juicio. Los estudiantes universitarios, que han protagonizado las manifestaciones en la capital y decenas de ciudades, no participaron en la reunión.
Las protestas comenzaron el 4 de febrero en la suroccidental ciudad de San Cristóbal y llegaron a Caracas el 12 de ese mes, impulsadas por universitarios que denunciaban la delincuencia que acecha sus campus.
Prosperaron con la convocatoria de opositores radicales a «la salida» de Maduro, y se propagaron en forma de marchas y barricadas repelidas por fuerzas militares y policiales y por grupos civiles irregulares vinculados al Gobierno. Un telón de fondo económico anima el descontento de sectores de clase media y bajos recursos que acompañan a los estudiantes,
por una inflación de casi 60 por ciento anual, escasez de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
Esa ley, para la que el grupo opositor llevó un proyecto a la reunión, liberaría a los castigados por las actuales protestas y quienes purgan largas condenas por su implicación en la violencia que detonó un breve golpe de Estado contra Chávez, del que se cumplieron 12 años.
Maduro designó una comisión gubernamental que evaluará los temas y los próximos encuentros. Uno de ellos, el canciller Elías Jaua, advirtió que «el Presidente ganó el mandato del pueblo y no puede hacer lo que pretende la MUD como gobierno».
En la reunión participó también el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, quien fue el contrincante de Maduro en los comicios de hace un año, y que lidera a la oposición moderada. «O esto cambia, o esto revienta», sentenció al concluir sus palabras.
Humberto Márquez
