El Gobierno español ha suspendido cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela, ante la espiral de violencia que vive dicho país desde principios de febrero y que ha dejado un saldo de 39 muertos, 550 heridos y más de 2.000 detenidos, según datos de Amnistía Internacional.
La decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda– el pasado 6 de marzo, pero no se ha hecho pública
Se trata de una medida unilateral, reconocen fuentes diplomáticas, ya que hasta ahora no existe ningún embargo internacional a Venezuela. Sin embargo, la JIMDUU evalúa una serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material militar, policial o de doble uso y uno de ellos alude a situaciones de inestabilidad interna y a la posibilidad de que este pueda ser empleado para la represión.
Venezuela es uno de los primeros clientes de las empresas españolas que fabrican material antidisturbios. En el primer semestre del año pasado, último periodo del que existen estadísticas oficiales, compró “colorantes para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales” por valor de 16.016 euros; pero los contratos aprobados y pendientes de ejecución a 1 de julio ascendían a 2,6 millones, más el 50% del total autorizado para todo el mundo de estos equipos.
En 2012, el régimen de Caracas compró material policial de fabricación española por 449.624 euros, correspondientes a “despieces inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos”. Las operaciones autorizadas sumaron 1,69 millones. Los compradores fueron las Fuerzas de Seguridad.
La diplomacia española está actuando con suma discreción en la crisis venezolana, consciente de las delicadas relaciones entre los dos gobiernos y de los importantes intereses de España en dicho país.
Además de las relaciones económicas (más de 100 empresas españolas están implantadas allí), casi 200.000 españoles viven en Venezuela. Desde que comenzaron las protestas, una treintena de españoles han sido detenidos, la mayoría con doble nacionalidad, y un hispano-venezolano de origen canario, Wilder Carballo Amaya, murió el pasado 24 de febrero de un disparo en la cabeza durante una manifestación. Fuentes de Exteriores aseguran que Caracas no ha puesto obstáculos para que los detenidos puedan recibir asistencia consular y que se está a la espera del resultado de la investigación sobre la muerte de Carballo. España aboga por una salida dialogada a la crisis entre Gobierno y oposición.
Informe contundente
El director de AI España Esteban Beltrán, aseguró que el «gobierno, los líderes de la oposición y los líderes de la sociedad civil venezolana deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de sus derechos a la reunión y la asociación de forma pacífica».
«El Gobierno ha sido ambivalente en sus declaraciones y la oposición tampoco ha hecho un llamado claro a sus simpatizantes a que salgan a protestar de forma pacífica», insistió, por su parte, García esta semana.
Beltrán, que consideró «desmesurado» hablar de conflicto civil, destacó la necesidad de establecer «un plan de diálogo nacional» entre todas las partes para superar la situación actual.
El «ciclo de violencia no se superará si no hay rendición de cuentas» y por eso es necesario que las autoridades investiguen «de manera exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza», afirmó el director de AI España.
AI se mostró satisfecha por el compromiso en ese sentido de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien comunicó a la organización de derechos humanos que en algunos casos ya se había ordenado la detención de funcionarios de las fuerzas del orden por su presunta participación en hechos denunciados.
El informe de AI concluye con un llamamiento a la comunidad internacional y «particularmente a los países vecinos de la región» para «fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo».
