El Gobierno y la oposición venezolana aguardan a la misión de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) que tiene previsto llegar al país para trasladarle sus quejas y pedirle apoyo para aliviar el clima de protestas contra la gestión de Nicolás Maduro que hay en el país desde hace más de un mes.
El próximo martes tiene previsto llegar al país una misión especial de cancilleres de la Unasur para apoyar al diálogo en Venezuela para tender puentes entre la oposición y el Gobierno mientras continúan las protestas que hasta el domingo han dejado mas de una treintena de muertos y más de 450 heridos.
Maduro dijo el domingo que introducirá una denuncia “formal” ante organismos internacionales “empezando por Unasur” contra la oposición venezolana a la que acusó de quemar quince universidades, realizar actos de agresión contra la cultura y la educación en el país.
Reiteró, una vez más, que en Venezuela ha “rebrotado una derecha extremista” e informó de que pidió al canciller venezolano que aliste las pruebas para “denunciar a la oposición venezolana ante los organismos internacionales y presentar las pruebas de las quemas que ha habido, consuetudinarias, de universidades, bibliotecas (…) centros culturales”.
En el acto de cierre de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Maduro pidió a los intelectuales que le apoyan que “acompañen” a Jaua a consignar la denuncia ante los organismos internacionales sobre el vandalismo y las quemas “de universidades” que supuestamente han causado los opositores.
“Pidamos una acción en organismos internacionales empezando por Unasur, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el consejo de derechos humanos de la ONU, la mismísima OEA (Organización de Estados Americanos) vamos a llevar las denuncias de la verdad, de la agresión fascista contra la cultura, contra la educación al mundo entero”, dijo.
Asimismo, la alianza de partidos opositores venezolanos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se manifestó a favor de que un “tercero de buena fe” intervenga en la crisis política y confió en que la misión de la Unasur tendrá en cuenta las críticas que al Gobierno venezolano han hecho organismos de otros países.
“Sin duda hace falta un testigo de buena fe porque nosotros no confiamos en el Gobierno y, a juzgar por lo que dice el Gobierno, no confía en nosotros, entonces un tercero de buena fe que garantice, que facilite y, si es necesario, que medie, eso parece una cosa sensata”, dijo el secretario de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.
Para Aveledo es “una cosa lógica” que exista una mediación, para que en este país “haya un diálogo constructivo y creíble”.
Aseguró que no solo Estados Unidos y su Congreso han sido críticos hacia el Gobierno de Maduro en su conducta hacia la crisis, sino también parlamentos europeos y de América Latina.
“¿Qué uno observa en la comunidad internacional? Eso es interesante, observa que la mayor parte de los pronunciamientos han sido críticos al Gobierno”, dijo, y señaló que incluso desde la Unasur, “que es un ámbito de los más favorables que hay para el Gobierno” se reconoce que todos los sectores del país deben hablar.
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, admitió que ha habido “excesos policiales” durante las protestas que se desarrollan en el país desde hace más de un mes, y aseguró que los funcionarios responsables están siendo investigados.
“En el tema de la violación a los derechos humanos, sí ha habido excesos policiales, pero desde el Ministerio Público los estamos investigando, a día domingo nosotros tenemos 60 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos”, dijo durante una entrevista.
Unasur decidió establecer el 12 de marzo una comisión especial de cancilleres para “acompañar al Gobierno de Venezuela en el diálogo que está impulsando para que las diferencias sean tratadas como debe ser: democráticamente, a través del diálogo, conversación, a través de soluciones pacificas y no violentas”.
La Unión de Naciones Suramericanas está formada por doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El país se encuentra, desde el pasado 12 de febrero, sumido en una ola de protestas contra la gestión de Maduro, que en algunos casos se han vuelto violentas, y que hasta ahora han dejado una treintena de muertos, más de 450 heridos y unos 2.000 detenidos, 121 de ellos aún en prisión.
