Ser o no ser un Estado. Reconocer o no reconocer a un nuevo Estado. Ese, ha sido el dilema de muchos territorios que buscan hacer suyo uno de los pilares del Derecho Internacional: el principio de autodeterminación. El mismo reza sobre la facultad de cada pueblo (entendiendo como pueblo a un conjunto de personas vinculadas entre sí por variables multidimensionales, particularmente de carácter cultural) de dotarse de su propia forma de gobierno con el marco jurídico, sociopolítico y económico de su elección. La cristalización de ello es por lo general, la formación de un Estado.
Sin embargo y a pesar de los notables avances en materia de codificación, el Derecho Internacional no ha dado mayores luces sobre cómo se forma un Estado ni cuándo tal formación es cónsona o no con los principios jurídicos reconocidos. Hay que remontarnos a 1933 para encontrarnos con la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados para encontrarnos con una tímida aproximación al respecto. Aproximación que sólo nos da un indicativo de los elementos objetivos con los que debe contar un Estado y nada más. Elementos que incluso siendo tan simples, en ocasiones ofrecen su grado de complejidad a la hora de su determinación (poderes públicos, territorio, población y capacidad internacional).
Más allá de las tradicionales teorías de reconocimiento de Estados -la declarativa y la constitutiva- que no han sido sustituidas a la fecha por ninguna otra, se considera que un Estado es tal si es miembro de las Naciones Unidas. Y es aquí entonces cuando encontramos el interés de Palestina de que se le considere un Estado por dicha organización internacional aunque mantenga un vínculo especial con la misma, o lo que es lo mismo, aunque preserve su estatus de observador permanente. La misma Asamblea General que en 1947 aprobó el Plan de Partición que preveía justamente dos Estados, es la misma que aprueba el reconocimiento del carácter de Estado de la Palestina actual.
En 1994 tras los Acuerdos de Oslo se creó la Autoridad Nacional Palestina, que viene a ser la legítima representación política del pueblo palestino. Ello, sigue siendo así a pesar de las notables diferencias internas que hoy existen sobre dicho particular. Diferencias que podríamos reducir a las pugnas intestinas por el poder que se han venido a menos a la luz de las circunstancias y de, más recientemente, la hostilidad armada entre Israel y el movimiento islámico Hamas. Dicha hostilidad provocó un efecto indeseado para los israelíes: el incremento de los esfuerzos de cohesión entre Hamas y Fatah. En todo caso, Palestina ha venido siendo observador en las Naciones Unidas desde antes, desde 1974 específicamente aunque fue en 1988 cuando dicho estatus se tradujo en un puesto como tal, en la gran sala de sesiones de la Asamblea General.
A decir verdad, la Carta de las Naciones Unidas no dice nada en relación a los observadores. Su única referencia a países o Estados no miembros aparece en el artículo 2,6 («La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales»). El carácter de observador permanente viene siendo parte de unas de las muchas prácticas diplomáticas de Naciones Unidas, que se desprenden de una interpretación de su propia Carta. La resolución 52/250 de la Asamblea General adoptada en 1998, sobre Palestina como observador, en su última cláusula preambulatoria alude al deseo de dicho órgano deliberativo de «contribuir al logro de los derechos inalienables del pueblo palestino».
Hasta este Jueves, Naciones Unidas se refería en términos oficiales a Palestina en lo que atañe a su condición de no-miembro como una «entidad». El único Estado formalmente reconocido como tal y con carácter de observador era la Santa Sede. Palestina introdujo una solicitud formal para ser miembro de pleno derecho del organismo pero ello debe pasar por el escollo del Consejo de Seguridad (artículo 4,2 de la Carta) y allí el juego está trancado. Inteligentemente, los palestinos optaron por otra vía que si bien no les garantiza el ser miembros como tales (y ver ondear su bandera en la First Avenue, algo verdaderamente simbólico), sí les permite ser considerados como un Estado en términos formales en tanto dependen de una mayoría fácil de conseguir en la Asamblea General.
La pregunta evidente aquí es: ¿Qué gana Palestina con ser considerada como Estado pero manteniendo su carácter de observador? La respuesta es complicada pero se podría resumir en que de ello se derivan consideraciones jurídicas prácticas tales como mayor acceso a todo el Sistema de las Naciones Unidas y la posibilidad de hacerse partes de una amplia gama de tratados internacionales, además de poder participar de procesos ante la Corte Penal Internacional, con lo cual podría elevar denuncias por violaciones al Estatuto de Roma de parte de algunos personeros del gobierno israelí. Luego, la posibilidad real de que dicha Corte se ocupe de momento de tales casos es escasa más no imposible.
Mientras Ud lee estas líneas y con independencia de lo que ocurre en Naciones Unidas, ya muchos países mantienen vínculos diplomáticos oficiales u oficiosos con la Autoridad Nacional Palestina. De ellos, una abrumadora mayoría de 131 en total reconocen al Estado palestino de manera formal. De manera que la votación en la Asamblea General es una reafirmación de eso. El problema en mi opinión no es si tal reconocimiento se produce o no. O si las Naciones Unidas lo aceptan o no. El derecho a un Estado palestino no está sujeto a debate según mi criterio y el de muchos otros analistas. El detalle está en las repercusiones de todo esto en el debilitado proceso de paz que mientras más se dilate, más provocará sufrimiento entre los más vulnerables.
Bienvenido ese nuevo status de Palestina. Pero la paz, sigue esperando. Y los niños palestinos, siguen soñando.
