El Secretario General de la OEA José Miguel Insulza lamentó la decisión del Gobierno Venezolano de formalizar la denuncia a la CIDH, que constituye un Golpe del Estado al sistema interamericano de defensa de derechos humanos en el hemisferio y en el mundo.
En diversos artículos anteriores hemos referido los alcances funestos de tal decisión, destacando que viola la Constitución Bolivariana tanto en lo dispuesto en su Preámbulo, como en lo establecido en el capitulo consagrado a los Derechos Humanos, y en particular el incumplimiento de la jurisdicción obligatoria consagrada en el articulo 21 que le exige a las instituciones del Estado respetar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los alcances de la Convención Interamericana.
El mismo día en que en Brasilia oficialmente el Gobierno de Venezuela entró a MERCOSUR, el Presidente Chávez reiteró el anuncio de la salida de Venezuela de la CIDH dándole la razón al veto del Parlamento Guarani y a los Parlamentarios de America del Sur que en el pasado habían destacado los riegos de permitir que un Gobierno que violaba los alcances de la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia, ingresara a la institución. Las Cancillerías de esos países argumentaron que al ser miembro pleno de MERCOSUR, se le podría exigir el cumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos. Lamentablemente el silencio hizo que ese argumento resultara falso.
La Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Navi Pilay destacó que ello es un serio revés no solo a los compromisos internacionales sino a la protección de los derechos de los ciudadanos, y un incumplimiento a lo acordado en la ONU
La Sub Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se reune en Bruselas el 17 y 18 de Septiembre y tiene en su agenda el tema de los derechos humanos en Venezuela.
Sin lugar a dudas, la decisión de incumplir la Convención y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demostraran en el Mundo el rostro autoritario del Gobierno al embestir contra los principios humanitarios consagrados en el Hemisferio, cuya denuncia nos identifica a posiciones como las de Kadafi en Libia, o a los actuales Gobiernos que mantienen alianzas estratégicas con el régimen Bolivariano como el de Siria y el Irán.
Felizmente el Tratado establece un plazo de un año de vigencia después de la solicitud, razón adicional para apoyar a un nuevo Gobierno que ya ha anunciado que dará cumplimiento a la Constitución vigente y respetara los compromisos internacionales, hemisféricos, regionales y sub regionales consagrados en materia de Derechos Humanos, con lo cual se garantiza un camino de progreso, de democracia, de justicia y de libertad.
