Si damos por cierta las declaraciones del ministro de energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, nos vemos obligados a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para el interés nacional el envío de 600.000 barriles de diesel a un Estado sancionado como Siria. El diesel es el combustible más común para carros de combate y de transporte de tropas, es decir, es el alimento natural para la maquinaria de guerra convencional. Fuentes internacionales afirman que la guerra civil siria ha superado la cifra de 7.500 muertes. La forma en la que el gobierno de Bashar al-Assad ha afrontado la situación, a través de una férrea resistencia al cambio y aplicando una abierta política de represión, ha logrado ganarse la reprobación del órgano político multilateral más complejo del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, generalmente poco dada a condenar gobiernos (por aquello de cuidarse las espaldas). Son los intereses de dos grandes potencias, Rusia y China, los que separa al régimen de Damasco de una intervención militar bajo el principio de responsabilidad de proteger. Todo indica que en Siria se cultiva un nuevo caso de crímenes de lesa humanidad.
Pero sería poco sincero para un realista basar un artículo sobre criterios morales. Lo que nos preocupa desde Venezuela, además del terrible precedente que para la seguridad internacional se genera en el corazón de Oriente Medio, es que el Estado venezolano se vincule de forma tan estrecha con un régimen sometido al cuestionamiento mundial. Las sanciones unilaterales, las únicas que se pueden aplicar por el doble veto de Moscú y Beijing, y por la presencia física de buques de guerra rusos en las cosas del país en guerra, tienden a escalar y podrían afectar a los aliados de Siria. Se podría alegar que las sanciones no suelen afectar las exportaciones petroleras, ya que los combustibles fósiles son un commodity en la economía mundial, es decir, su importancia para los mercados es tal que sancionar a un petro-Estado generaría tanto daño en el sistema económico internacional como al propio sancionado. Pero no olvidemos la situación iraní, cuyas sanciones en contra ya han tocado a sus exportaciones con un efecto mundial limitado por la asistencia de potencias petroleras como Arabia Saudí. También se podría decir que en un orden internacional de temprana multipolaridad, como en el que ya vivimos, la amenaza de ser severamente afectado se minimiza para los aliados fieles de Rusia y China. No deja de haber razón en dicho argumento, pero se desmota con relativa facilidad cuando apelamos a dos consideraciones que, en el fondo, son parte del mismo argumento: una puntual, como la del caso Libia, en el que rusos y chinos salvaron su voto y permitieron que su socio fuese intervenido militarmente con los resultados que ya todos conocemos; y otra estructural e histórica, y es que si algo distingue a las grandes potencias es que sus decisiones tienden a estar fuertemente asociadas al interés nacional, o como lo diría el primer ministro italiano de inicios de la Primera Guerra Mundial, Antonio Salandra, las potencias son guidas por un “sacro egoísmo”.
Lo que está en juego es el interés nacional de Venezuela. Si bien es cierto que la sola definición de tal interés es problemática por polémica, y que esto es particularmente fuerte en nuestro país a causa de la polarización, son menores las dudas cuando, en lugar de hablar de lo que queremos, entramos a discutir lo que no queremos. A partir de esta minimalista y negativa aproximación del interés nacional, parece simple concluir que entre aquello que no nos conviene se encuentra ser víctimas de sanciones internacionales por apoyar a terceros y en el proceso descubrir, con amargura, algo que ya sabemos: que sin importar cuanto complazcamos a Rusia y China, las grandes potencias no tienen amigos ni enemigos permanentes, sino intereses.
