La credibilidad de la diplomacia Bolivariana ha quedado resquebrajada con la decisión de declarar como “Persona Non Grata” a la Cónsul de Venezuela en Miami Livia Acosta. Este es el resultado de la desprofesionalización de la Cancillería que incorpora con los privilegios que otorga la “inmunidad diplomática” a nuevos funcionarios que actúan en violación a las reglas que establece el Derecho Internacional.

Es grave además, porque no es la primera vez que al Gobierno del Comandante Chávez se le exige retirar a sus diplomáticos por actuaciones indebidas con las practicas diplomáticas en casos similares ocurridos en México, en Colombia, en Perú, en la Argentina de Kirschner, en la Bolivia antes de Evo Morales, en Israel, y en los mismos Estados Unidos, por no mencionar sino algunos de los casos.

Los Estados Unidos invocaron el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite declarar como persona no grata a un funcionario diplomático o consular «en cualquier momento, y sin tener que explicar su decisión” De esa manera dio muestras de actuación discreta para no generar conflictos que dieran lugar a las reacciones destempladas que suele esgrimir el Gobierno “revolucionario” contra Washington

Las denuncias contra la Cónsul, son el resultado de su actuación indebida como “diplomática” en México dirigida a atentar contra la seguridad de instituciones norteamericanas, demostrando no solo la violación al comportamiento exigido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas sino por su actuación torpe al alegar que sus planes serian transmitidos a la Presidencia. Pero siguió con actuaciones similares en Miami, denunciadas por diversas asociaciones de venezolanos en el exilio que resaltan un comportamiento violatorio a las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. A ello se suman las reacciones de parlamentarios norteamericanos, y artículos graves aparecidos en reportajes de televisión y prensa.

La reacción inicial del Canciller Maduro ha sido cautelosa –como procede en estos casos. No le conviene al Gobierno aparecer como solidario con la ex funcionaria del SEBIN ya que de hacerlo, arrojaría otras responsabilidades mas graves, porque aparecería como si su actuación obedeciera a instrucciones dadas por el Alto Gobierno.

Las declaraciones que introdujo el Presidente en ocasión de su Memoria y Cuenta parecería que podría darse en el futuro una respuesta de confrontación, solidarizándose con la actuación de una funcionaria que no ha sabido actuar profesionalmente, y demostraría que el Gobierno apoya este tipo de actuaciones. La respuesta no es cerrar el Consulado en Miami. Lo que procede es asumir un bajo perfil, poner a la funcionaria en una actividad discreta, y no caer en la tentación de convertirla en heroína de la revolución o mártir del “Imperio”

@MilosAlcalay