No es la primera vez que los más altos funcionarios de la ONU han mostrado su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, entre los que destaca -sin lugar a dudas- el Alto Comisionado de los Derechos Humanos del máximo organismo mundial Zeid Ra’ad Al Hussein destacado diplomático Jordano, quien de manera reiterada y contundente ha retratado las violaciones realizadas por el Gobierno Bolivariano. Pero a pesar de las múltiples denuncias hechas en el pasado, la más reciente, recogida en el Informe del 30 de Agosto, es la más grave, ya que pormenoriza los hechos de represión que sufrieron miles de manifestantes pacíficos en sus marchas entre el 1 de Abril y el 31 de Julio. Uno de los aspectos resaltantes del Informe de la ONU, es que aporta elementos suficientes para poner en marcha la jurisdicción Penal Internacional contra los violadores de Derechos Humanos en el país y dar curso legal a las múltiples y variadas demandas introducidas ante el Tribunal Penal Internacional, ya que al señalar que en la represión se han “identificado de manera sistemática y excesiva el uso de la fuerza de parte de los organismos de seguridad y grupos parapoliciales”, que es precisamente lo que define el Tratado de Roma -que le da nacimiento al TPI- que tipifica el “delito de lesa humanidad” Además de las múltiples demandas introducidas en La Haya por destacados venezolanos a los que se han sumado parlamentarios de Colombia y Chile; en estos momentos han anunciado que sumaran nuevas demandas tanto la Fiscal Luisa Ortega Díaz –en su periplo por el mundo para denunciar las múltiples arbitrariedades- como también el Secretario General de la OEA Luis Almagro, asesorado por el Ex Presidente del TPI Luis Moreno Ocampo quienes podrán alegar que se ha usado de manera sistemática y excesiva el uso de la fuerza contra las víctimas. Por todo ello, resultará muy difícil que los Jueces del Tribunal Penal de La Haya no se pronuncien al respecto.
Además, el Informe va mucho mas allá, porque de manera exhaustiva enumera casos de torturas;, violaciones a la integridad física; allanamientos ilegales; destrucción de la propiedad privada; aplicación de justicia militar a procesados civiles; violaciones a la libertad de expresión y múltiples acciones ilegales que reflejan la pesadilla que vivimos. El Embajador Al Hussein hizo un llamado urgente para “evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela» para luego advertir que “existe una preocupación real de que en medio de la crisis económica y la continua polarización política la situación se deteriore más”. Su propuesta es que los Plenipotenciarios del Consejo de DDHH adopten un mecanismo de seguimiento para prevenir los crecientes abusos, y nuevamente propuso que una Comisión de Investigación integrada de manera imparcial y escrupulosa, se traslade a Venezuela para verificar “in situ” la situación de los Derechos Humanos, y luego presente en Ginebra las recomendaciones al Consejo de DDHH. Esa sí sería una verdadera Comisión de la Verdad, y no la inquisitorial “Comisión de la verdad” propuesta por la fraudulenta Constituyente. Lamentablemente sabemos que esta Misión imparcial, será rechazada, como todas las anteriores solicitadas por organismos Internacionales en los últimos 18 años, lo que de por sí es la prueba de la falta de transparencia de las autoridades criollas.
@milosalcalay
