El pasado viernes, el Estado venezolano fue sometido a su primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realiza en Ginebra todos los años desde el 2007. En este examen se deben responder preguntas que hacen los miembros del organismo basado en el informe que presentan diversas Organizaciones No Gubernamentales y el propio Estado evaluado.

La comisión venezolana fue encabezada por el Canciller Nicolás Maduro y asistieron representantes de todos los Poderes Públicos para enfrentar la difícil prueba puesto que las cifras presentadas por las ONGs no eran positivas. Entre las cosas que mayormente se le cuestionaron al gobierno fue su incapacidad para enfrentar la inseguridad personal, la independencia de poderes y como se garantiza el cumplimiento de las decisiones emanadas de organismos internacionales. Muchas de las reacciones del gobierno ante estas interrogantes tuvieron mucho de discurso y poco de contenido que desmintiera las contundentes cifras presentadas en el informe. En fin, quedó demostrado la forma tan relativa en la que el actual gobierno trata el tema.

Es innegable que el lobbie venezolano ha sido efectivo en algunos asuntos, pero a pesar de las intervenciones de los gobiernos amigos, la mayoría de las recomendaciones que se presentaron constituyen una evidente preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. El informe que se presentará el día 11 de octubre indicará definitivamente si el Estado acepta o no las recomendaciones. Si no las acepta entonces se demostrará una vez más que se está actuando al margen de los tratados internacionales y si las acepta entonces tendremos que ver como se hace realidad y no se usa como una estrategia en tiempos electorales.  Quedan más dudas que respuestas