Por @vmijares
Los Estados son, fundamentalmente, grandes mecanismos generadores de servicios, y el primero de estos servicios es la seguridad. En teoría, al brindarle seguridad a sus poblaciones, los Estados garantizan su propia continuidad histórica. En nombre de la soberanía; ese poder absoluto e indivisible que los hacen objetos de reconocimiento, los encumbran como autoridades supremas en su propio espacio geográfico y respalda sus exigencias contra injerencias extranjeras; los Estados crean legítimamente cuerpos burocráticos para la defensa, siendo unos diseñados para las interacciones pacíficas (diplomáticos) y otros para las interacciones armadas (fuerzas militares), y es común que uno y otro cuerpo actúen sincrónicamente. El momento en el que más abiertamente se manifiesta el poder soberano de un Estado, es cuando se encuentra en riesgo la base física de su existencia inmediata: su territorio. Es común en la historia de las relaciones internacionales encontrar casos de guerras iniciadas por disputas territoriales, y una mirada a los conflictos armados latinoamericanos lo confirma.
Siendo la territorialidad la piedra angular de la soberanía y, derivada de ésta, de las políticas exterior y de defensa, vale la pena considerar el caso venezolano frente a las pretensiones de Guyana. Este país ha entrado en consultas con Brasil, Surinam, Barbados y Trinidad y Tobago con el fin de solicitar ante la Comisión de Límites y de Plataforma Continental de la ONU una ampliación de su plataforma continental desde 200 millas náuticas, hasta el máximo permitido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es decir, 350 millas náuticas. La opacidad en cuanto si Venezuela habría sido o no consultada desde el primer momento, se ha convertido en tema de debate a raíz de declaraciones que desde Caracas se han hecho en el pasado reciente acerca de no oponerse a licitaciones extrajeras para la exploración de hidrocarburos en el territorio (marítimo y terrestre) en disputa. Recordemos que Guyana, al tener la posesión efectiva del territorio en reclamación sacaría provecho a cualquier hecho consumado que cuenta con la aquiescencia (aprobación tácita derivada del silencio) de Venezuela, ya que reafirmaría su posición en el plano jurídico internacional. Lo que no queda tan claro es el por qué de una respuesta tan blanda del gobierno venezolano ante este hecho público, sobre todo considerando que ha sido nuestro embajador en Georgetown el vocero de oficio, y seguimos sin tener un pronunciamiento oficial de la Cancillería.
La tibieza en las disputas territoriales genera incertidumbre y benefician al poseedor efectivo. La hipótesis usual en nuestras relaciones con el Caribe ha sido que el gobierno venezolano espera contar con lealtades en el Caricom ante eventualidades que se discutan en la OEA, bajo la consideración del peso de los números dada la ficción jurídica internacional de la igualdad entre los Estados. Este escenario nos llevaría a lo que debe ser el gran debate en materia de política exterior, que no es otro sino definir cuál es nuestro interés nacional. Dicha decisión puede descansar única y exclusivamente en el Ejecutivo, pero no sin los costos de quebrantar la convivencia política doméstica y someter a la política exterior a bruscos cambios de dirección cada vez que las autoridades nacionales cambien. Ello debilita el poder efectivo del Estado en el sistema internacional y expone a la soberanía nacional. Venezuela cuenta con limitadas ventajas en el caso del Esequibo, las relaciones de Georgetown con el Reino Unido, a través de la Commonwealth, y con Brasil -potencia emergente interesada en la explotación de recursos naturales y de salidas al norte que permitan el desarrollo de sus regiones más pobres- nos colocan en un posición de vulnerabilidad en el marco del reclamo. Sólo una posición coherente y realista, que asuma la necesidad de una solución negociada que satisfaga a ambas partes, podría hacernos ganar algo en un espacio geográfico sobre el que no ejercemos soberanía desde el siglo XIX.
Con fecha fijada para la elección presidencial, no hay duda de la necesidad de incorporar este tema a la agenda electoral.
