La pasada semana el gobierno venezolano firmó un convenio con la República Islámica de Irán para construir más de 10.000 viviendas en Venezuela,  en los estados Yaracuy, Lara y Carabobo. De acuerdo a las fuentes consultadas el acuerdo está valorado en 1.000 millones de dólares.

La firma de este acuerdo, uno más de los tantos que tiene suscrito con Irán y que se pierden en la inmensidad de su alcance, refuerza la relación estratégica que tantas veces hemos cuestionado por la falta de claridad en los objetivos de la misma, además que deja en manos de otro país, aunque sea en pequeña escala, la responsabilidad de dar vivienda a los venezolanos, dejándonos vulnerables en un aspecto que incumbe al estado con la colaboración empresariado.

No es la primera vez que Venezuela firma un convenio de este tipo con otro país, ya el año pasado lo hizo con Bielorrusia, China y Uruguay, pero no se le ha hecho un seguimiento público al tema. Igualmente vuelve a dejarse por fuera al empresariado venezolano, lo que de cierta forma reduce las opciones para que el sector vuelva a reactivarse luego de las intervenciones de las que fue objeto durante este año.

Si el gobierno nacional realmente quisiera solventar el problema de las viviendas a un bajo costo y mantener el control estratégico del sector, debe buscar alianzas con las constructoras privadas, poner las reglas de juego claras y finalmente dar incentivos para que estos puedan vender a precios accesibles para la gente. De esa forma, solo de esa forma podría solventarse el problema de las viviendas en Venezuela, no con viviendas iraníes de dudosa calidad.