Los últimos siete días han sacudido al mundo con noticias de gran calibre y distinta índole. La boda real acaparó los titulares de los periódicos más serios y sirvió de gran entretenimiento para muchos internautas, luego vino la beatificación del Papa Juan Pablo II que llenó de esperanza y fe a muchos creyentes a nivel mundial, finalmente vino la muerte de Osama Bin Laden que desde el domingo en la noche ha sido el tema central en todos los análisis de política internacional.

La muerte del terrorista más buscado del mundo ha desatado muchos debates que oscilan entre el uso de técnicas de tortura para obtener información hasta la posible violación de los Derechos Humanos. Y entre los temas que se discuten está la relación de Estados con organizaciones terroristas a nivel mundial.

Este último es de gran importancia ya que de existir pruebas que involucren oficialmente a un Estado con una organización como Al Qaeda, ETA, FARC, entre otras, las consecuencias políticas y comerciales para ese Estado pueden ser irreversibles.

Es por eso que en medio de este río revuelto no nos extraña el contenido del  proyecto de reforma de Ley de Servicio Exterior que la Asamblea Nacional prevé debatir en los próximos días. Este peligroso proyecto indica en su artículo 22 que los funcionarios del servicio exterior «quedarán impedidos de revelar información, a través de cualquier modalidad, de la cual hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones desplegadas durante su periodo de servicio, hasta pasados 30 años desde el momento que cese la relación prestacional, salvo requerimiento judicial en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico». Y por si fuera poco, amenaza a los funcionarios de la Cancillería estableciendo que “quien incurra en violación del deber de confidencialidad, incurrirá en el delito de traición a la patria en los términos establecidos en el Código Penal».

De tal manera que si ahora es casi imposible saber los detalles de los convenios de Venezuela con Libia, la cantidad de médicos cubanos que viven asalariados en nuestro país, el verdadero status de la guerrilla en nuestras fronteras o los negocios que hace PDVSA con China y Bielorrusia, pues de aprobarse esa ley será un hecho que NO sabremos ninguna información extraoficial de nuestra política exterior. Y funcionario que hable, funcionario que corre el riesgo de enfrentar entre 9 y 13 años de cárcel.

No se extrañen entonces que el lema favorito del gobierno cambie de Patria Socialismo o Muerte a : El Gran Hermano siempre está observando…

Tomas Horacio Hernandez

@TomasHHR @Diploos