He tenido el privilegio de participar hace más de una década en las reuniones que todos los años organiza la Liga Mundial para la Libertad y la Democracia, institución cuyo objetivo es promover los valores de la libertad en el mundo. Con esta finalidad hemos tenido encuentros en países latinoamericanos como México y Costa Rica, o países de Asia como Corea del Sur o Taiwán; en Europa o en el lejano continente Australiano. En todos ellos, las autoridades -estuvieran o no de acuerdo con los alcances del organismo- han recibido con cortesía a los representantes de un centenar de países miembros cuya sede es Taiwán. La reunión en Nicaragua no solo fue aceptada por el gobierno -quien mantiene relaciones diplomáticas con Taipei- sino que representantes oficiales participaron en el acto inaugural, o sea, no se trataba de ningún encuentro «clandestino» sino público y autorizado.
Bajé del avión en Managua confiado en que la cortesía internacional me permitiría cumplir con el programa. En el mismo vuelo llegaron conmigo el ex vicepresidente de Paraguay, el senador Luis Alberto Castiglione y el ex magistrado mexicano César Jauregui, ambos invitados a participar en el mismo evento al que ya habían llegado parlamentarios de Argentina, Chile, Uruguay y otros países. Me separaron del resto de delegados alegando que me llevarían a una sala especial para completar protocolos de rigor, pero me condujeron sin justificación al primer avión con destino a Panamá. Ello lo consideré como una clara discriminación contra los opositores democráticos venezolanos al repetir situaciones parecidas que tuvieron que enfrentar parlamentarios como Henrique Salas Feo, o Carlos Berrisbeitia, a quienes les aplicaron procedimientos arbitrarios similares en el pasado a su llegada al aeropuerto de Managua por el simple hecho de ser opositores en Venezuela.
El dirigente socialcristiano nicaragüense Agustín Jarquin Anaya, quien estuvo preso en diversas oportunidades en la época de la dictadura de Somoza, reaccionó ante esta medida afirmando a la prensa de su país: «Es lamentable la acción totalitaria del FSLN al expulsar a Milos Alcalay. Estos abusos como en el pasado, reflejan el temor a la libertad y a la libre discusión de ideas y violan los compromisos para restablecer la democracia, las libertades públicas y la justicia social que fueron convenidas en los Acuerdos de Esquipulas I y II».
Estas declaraciones nos recuerdan todo el apoyo que presidentes como Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campíns brindaron a los sandinistas y a todos los partidos políticos de Nicaragua a través del Grupo Contadora para lograr la paz en la región centroamericana y propiciar la democratización de la región que luego opero en todo el continente a través del Grupo de Río. Es por eso que en las diferentes reacciones de solidaridad que recibí en Venezuela se condena este tipo de procedimiento discriminatorio que además representa una clara violación a los derechos humanos.
Recordaba que como joven diplomático acompañé al entonces canciller Arístides Calvani en su viaje a Centroamérica en 1969 quien en Nicaragua le exigió al presidente Somoza entrevistarse con los dirigentes de oposición y en especial con los socialcristianos en clandestinidad y perseguidos por la dictadura. La diferencia es que Somoza a regañadientes aceptó esta exigencia y nos pudimos reunir con los disidentes. Eso pareciera que no sucede en estas nuevas democracias del siglo XXI.
