Desde que el partido Republicano obtuvo la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos el pasado mes de noviembre, las acusaciones y amenazas al Estado venezolano han incrementado. La Cooperación con el terrorismo y el narcotráfico es lo que más ha relucido al punto tal que se ha planteado incluir a Venezuela en la lista de países que colaboran con grupos irregulares. De hecho, el senador Connie Mack ha querido ir más allá y ha propuesto un posible embargo al país caribeño aunque dicho planteamiento no tuvo gran aceptación incluso en los propios grupos que adversan el Gobierno del presidente Chávez.
Al mismo tiempo, el informe anual de la Oficina Nacional de Inteligencia Norteamericana, relata que la influencia de Venezuela en la región latinoamericana es cada vez es más débil. Dice que algunos países ven con «preocupación» los lazos que tiene Caracas con Teherán y las acusaciones permanentes de vínculos con grupos insurgentes como las Farc y ETA.
Ante este escenario, la cancillería venezolana no ha tardado en responder tildando nuevamente al Gobierno de Estados Unidos de «imperialista» y tener intereses de cambiar al Gobierno de turno por vías no democráticas. El mismo discurso se ha replicado en la OEA y en varias embajadas venezolanas. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente contundente para rebatir las acusaciones y tampoco ha contado con un respaldo incondicional de varios de sus aliados en la región.
Pareciera que la estrategia de Estados Unidos es seguir emplazando al Gobierno venezolano con sus acusaciones y propuestas extremas, mientras que busca influir en otras naciones latinoamericanas para que se desmarquen de la diplomacia bolivariana. Es un juego arriesgado que ninguna de las dos partes tiene garantizada la victoria. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, este «round» parece más largo y agresivo.
David Smolansky
@dsmolansky
@diploos
