Parlamento Europeo emite resolución sobre crisis y situación de Venezuela

El Parlamento Europeo emitió el 5 de julio una resolución sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y en sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil.

A continuación puedes leer la resolución completa:

El Parlamento Europeo,

-Vistas sus resoluciones anteriores sobre Venezuela, en particular las del 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela, del 18 de diciembre de 2014 sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela, del 12 de marzo de 2015,  8 de junio de 2016, 27 de abril de 2017, 8 de febrero de 2018 sobre la situación en Venezuela, y del 3 de mayo de 2018 sobre las elecciones en Venezuela.

-Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

-Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

-Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

-Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

-Vista la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, del 8 de febrero de 2018.

-Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, del 31 de marzo de 2017.

-Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” de 22 de junio de 2018.

-Vista la declaración conjunta de 28 de abril de 2017 del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de los derechos humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias.

-Vista la declaración de los líderes del G7 de 23 de mayo de 2018.

-Vistas las declaraciones del Grupo Lima del 23 de enero de 2018, 14 de febrero de
2018, 21 de mayo de 2018, 2 de junio de 2018 y 15 de junio de 2018.

-Vista la declaración de 20 de abril de 2018 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela.

-Visto el informe de la Secretaría General de la OEA y el panel de
expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela del 29 de mayo de 2018.

-Visto el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de febrero de 2018 titulado ‘Instituciones Democráticas, el Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela ‘, y a la resolución de la CIDH del 14 de marzo de 2018.

-Vistas las declaraciones del 26 de enero de 2018, 19 de abril de 2018 y 22 de mayo de 2018 por parte del vicepresidente de la Comisión/Alto Representante (VP/AR) de la Unión para Asuntos Extranjeros y Política de Seguridad sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

-Vistas las conclusiones del Consejo de 13 de noviembre de 2017, 22 de enero de 2018 y 28 de mayo de 2018 y 25 de junio de 2018.

-Vista la declaración del Comisario de Ayuda Humanitaria y Gerencia de Crisis, Christos Stylianides, en la misión oficial a Colombia en marzo de 2018.

-Vista la declaración del 23 de abril de 2018 de su apoyo a la democracia y su elección Grupo de Coordinación.

-Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento.

A. Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Venezuela continúa deteriorándose; considerando que Venezuela enfrenta una situación política, social y económica sin precedentes
y la crisis humanitaria, caracterizada por la inseguridad, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, deterioro del estado de derecho, falta de medicamentos y servicios sociales, pérdida de ingresos y aumento de las tasas de pobreza, lo que está provocando un incremento en el número de muertes y la cantidad de refugiados e inmigrantes.

B. Considerando que un número creciente de personas en Venezuela, en particular grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las personas enfermas sufren de desnutrición como consecuencia del acceso limitado a servicios de salud de calidad, medicamentos, alimentos y agua; mientras que el 87% de población de Venezuela se ve afectada por la pobreza, con 61.2% siendo el nivel de pobreza extrema en pie; que la mortalidad materna ha aumentado en 60% y la mortalidad infantil 30%; Considerando que, en 2017, los casos de malaria aumentaron 69% en comparación con el año anterior. Este es el mayor aumento en todo el mundo, y mientras otras enfermedades como la tuberculosis y el sarampión están a punto de convertirse en epidemias.

C. Considerando que, lamentablemente, a pesar de la disposición de la comunidad internacional, el gobierno venezolano sigue siendo obstinado en su negación del problema y se niega a recibir abiertamente y facilitar la distribución de la ayuda humanitaria internacional.

D. Considerando que la situación económica ha empeorado significativamente; que el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la hiperinflación en Venezuela se disparará al 13000% en 2018, desde un estimado de 2400% en 2017, lo que resulta en aumentos de precios de, en promedio, casi 1.5% cada hora.

E.Considerando que un informe del ACNUDH publicado el 22 de junio de 2018 destaca el hecho de que las autoridades no hagan rendir cuentas a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, que incluyen asesinatos, uso de fuerza excesiva contra manifestantes, arbitrariedad
detenciones, malos tratos y tortura. Considerando que la impunidad está a favor de los agentes de seguridad que son sospechosos de las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes también parece ser abundante.

F. Considerando que, según el informe presentado el 29 de mayo de 2018 por el Grupo de Expertos Independientes Internacional designados por la OEA, se han cometido siete crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remonta al menos hasta febrero de 2014, y el gobierno ha sido el responsable de la actual crisis humanitaria en la región; mientras que el el fiscal de la CPI anunció el inicio de una investigación preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017.

G. Considerando que las elecciones realizadas el 20 de mayo de 2018 se llevaron a cabo sin cumplir el normas internacionales mínimas para un proceso creíble y no respetó la política pluralismo, democracia, transparencia y estado de derecho; mientras que esto coloca adicionalmente limitaciones en los esfuerzos para resolver la crisis política. Considerando que la UE, junto con otros cuerpos democráticos, no reconoce las elecciones o las autoridades establecidas por este proceso ilegítimo.

H. Considerando que la actual crisis multidimensional en Venezuela está generando el mayor desplazamiento de población en la región; que según el ACNUR y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número total de venezolanos que dejó el país ha aumentado dramáticamente, de 437000 en 2005 a más de 1,6 millones en 2017.Que alrededor de 945000 venezolanos abandonaron el país entre 2015 y 2017. Considerando que en 2018 el número total de personas que han abandonado el país desde 2014 ha superó los 2 millones. Considerando que ha habido un aumento de 2000% en el número de ciudadanos venezolanos que buscan asilo en todo el mundo desde 2014, llegando a más de 280000 a mediados de junio de 2018.

I. Considerando que 520000 venezolanos en la región han accedido a formas legales alternativas de estadía; que más de 280000 venezolanos han reclamado el estatuto de refugiado en todo el mundo; mientras el número de solicitantes venezolanos de protección internacional en la UE aumentó más de 3500% entre 2014 y 2017. Considerando que se estima que más de 60% de los venezolanos permanezcan en una situación irregular.

J. Considerando que, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), Colombia alberga la mayor proporción de personas desplazadas, con más de 820000 venezolanos viviendo en su territorio; mientras que Cúcuta y Boa Vista, que están situadas en frontera con Venezuela, están experimentando una gran afluencia de personas, que a menudo están en
terribles condiciones de salud y nutrición. Perú, Chile, Argentina, Panamá, Brasil, Ecuador, México, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Paraguay también enfrentan la afluencia de un gran número de refugiados e inmigrantes. Las rutas marítimas son cada vez más importantes, particularmente en las islas del Caribe como Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago y Guyana. Los países europeos, en particular, España, Portugal e Italia también se ven cada vez más afectados. Los países anfitriones están sometidos a una presión cada vez mayor en términos de proporcionar asistencia a los recién llegados.

K. Considerando que las autoridades nacionales y locales de Colombia están trabajando de manera encomiable para otorgar el disfrute de los derechos humanos básicos, como la educación primaria y los servicios básicos de salud, a aquellos que huyen de Venezuela, independientemente de su estado. En Colombia, comunidades locales, instituciones religiosas y gente común dan la bienvenida a los inmigrantes venezolanos con el espíritu de fraternidad, y demuestran una gran capacidad de resistencia y solidaridad.

L. Considerando que el 7 de junio de 2018 la Comisión anunció un paquete de 35,1 millones de euros en ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo para apoyar al pueblo venezolano y países vecinos afectados por la crisis. A esta contribución financiera será añadida a los 37 millones de euros que la UE ya ha comprometido con la ayuda humanitaria y proyectos de cooperación en el país. A partir del 13 de junio de 2018 hay 56% de brecha de financiación en el llamamiento complementario del ACNUR por 46,1 millones de dólares.

M. Considerando que cada mes más de 12000 venezolanos entran en el estado brasileño de Roraima, alrededor de 2700 de los cuales permanecen en la ciudad de Boa Vista. Los venezolanos ya representan más del 7% de la población de esta ciudad, y al ritmo actual habrá más de 60000 venezolanos que vivan allí antes de fin de año. La afluencia demográfica está ejerciendo una enorme presión sobre los servicios públicos de la ciudad, en particular salud pública y educación. Roraima es uno de los estados más pobres de Brasil, con un mercado laboral muy reducido y una economía superficial, eso es otro obstáculo para la integración de refugiados y migrantes.

N. Considerando que el Parlamento envió una delegación ad hoc a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil del 25 al 30 de junio de 2018 para evaluar el impacto de la crisis sobre el terreno.

  1. Está profundamente conmocionado y alarmado por la devastadora situación humanitaria en Venezuela, que como resultado ha causado muchas muertes y una afluencia sin precedentes de refugiados e inmigrantes a los países vecinos y más allá. Expresa su solidaridad con todos los venezolanos forzados huir de su país debido a la falta de condiciones de vida básicas, como el acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud y medicinas.
  2. Insta a las autoridades venezolanas a reconocer la crisis humanitaria en curso, prevenir su mayor deterioro, y promover soluciones políticas y económicas para garantizar la seguridad de todos los civiles y estabilidad para el país y la región.
  3. Exige que las autoridades venezolanas permitan la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos en el país como una cuestión de urgencia para evitar el agravamiento de los problemas humanitarios y crisis de salud, y en particular la reaparición de enfermedades como el sarampión, la malaria, difteria y fiebre aftosa y que otorguen acceso sin obstáculos a organizaciones internacionales que desean ayudar a todos los sectores afectados de la sociedad; pide la rápida implementación de una respuesta a corto plazo contra la malnutrición entre los grupos más vulnerables, como mujeres, niños y enfermos; está extremadamente preocupado el número de niños no acompañados que cruzan las fronteras.
  4. Felicita al gobierno colombiano por su pronta reacción y el apoyo que ha brindado
    proporcionado a todos los venezolanos entrantes; también elogia a Brasil y otros países en el región, en particular Perú, organizaciones regionales e internacionales, privadas y públicas entidades, la Iglesia Católica y ciudadanos comunes en la región como un todo por su activo ayuda y solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos; pide a los Estados miembros que proporcionen respuestas inmediatas de protección a los refugiados o migrantes en su territorio, como visados ​​humanitarios, arreglos especiales de estadía u otros marcos migratorios regionales, con las salvaguardias de protección pertinentes. Llama a las autoridades venezolanas a facilitar y acelerar la emisión y renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero.
  5. Pide a la comunidad internacional, incluida la UE, que establezca una respuesta integral y regional a la crisis y para intensificar su asistencia material a los países receptores mediante el cumplimiento de sus compromisos. Calurosamente acoge con satisfacción la ayuda humanitaria de la UE asignada hasta la fecha y llama, con carácter de urgencia, a apoyo humanitario adicional para ser lanzado a través de fondos de emergencia, con el fin de cumplir con las necesidades crecientes de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos.
  6. Reitera que la actual crisis humanitaria tiene su origen en una crisis política. Insta a que las autoridades venezolanas deben garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones contra civiles, se detengan inmediatamente, y que todos los derechos humanos y libertades, incluida la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión sean respetados completamente. Insta a las autoridades venezolanas a respetar a todos los elegidos democráticamente: instituciones, especialmente la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos. Llama al exterior europeo Action Service a realizar todo lo posible para facilitar los esfuerzos internacionales de mediación necesarios para abrir espacios para una solución viable a la actual crisis humanitaria y política.
  7. Pide la realización de nuevas elecciones presidenciales de conformidad con los reconocidos estándares democráticos y el orden constitucional venezolano, dentro de un marco de monitoreo transparente, equitativo, justo e internacional, sin limitaciones en partidos políticos o candidatos y con pleno respeto de los derechos políticos de todos los venezolanos. Subraya que el gobierno legítimo resultante de tales elecciones debe abordar urgentemente la actual crisis económica y social en Venezuela y trabajar para reconciliación nacional.
  8. Recuerda que cualquier sanción adoptada por la comunidad internacional debe ser específica y reversible y no daña en absoluto a la población venezolana. Da la bienvenida a la veloz adopción de sanciones adicionales específicas y revocables, así como del embargo de armas impuesto en noviembre de 2017. Reitera que estas sanciones se han impuesto a los altos funcionarios por graves violaciones de los derechos humanos, por socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela y para conducir las elecciones ilegítimas del 20 de mayo de 2018, que no recibieron reconocimiento internacional y que tuvieron lugar sin un acuerdo en la fecha o condiciones, y en circunstancias que no permitieron la participación de todos partidos políticos en igualdad de condiciones. Recuerda la posibilidad de ampliar estas sanciones a los responsables de la intensificación de la crisis política, social, económica y humanitaria, en en particular, al presidente Nicolás Maduro, de conformidad con sus resoluciones anteriores.
  9. Reitera que los responsables de violaciones graves de los derechos humanos deben rendir cuenta. Apoya plenamente las investigaciones preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) en los extensos crímenes y actos de represión perpetrados por los venezolanos régimen, y pide a la UE que desempeñe un papel activo en este sentido; apoya plenamente el llamamiento del Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para establecer una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela y profundizar la participación de la CPI.
  10. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Gobierno y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, los gobiernos y parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil y la República del Perú, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el Grupo Lima.

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