Congreso español pide ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos

 

El pleno del Congreso de los Diputados españoles aprobó este jueves una moción en la que se insta al Gobierno de ese país a seguir ejerciendo el liderazgo en la Unión Europea (UE) en la defensa de los derechos humanos y las libertades en Venezuela.

La moción fue aprobada con los votos a favor del partido gobernante PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales), 162 votos en total a favor, la abstención del PSOE (socialistas), para un total de 94 abstenciones en total, y el voto en contra de Podemos (izquierda), con 79 votos en contra en total.

En la resolución se insta al Ejecutivo de Madrid a no reconocer la convocatoria de las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela “por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre gobierno y oposición” y, en consecuencia, no reconocer sus resultados.

En el texto de la moción se hace también un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que revierta su decisión de declarar persona non grata al embajador de España, en aras de una normalización de las relaciones diplomáticas.
 La iniciativa solicita al Ejecutivo de Maduro que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

Asimismo, se recomienda la ampliación de sanciones específicas a altos cargos venezolanos en el seno de la UE “debido a la ruptura de los principios democráticos y el Estado de Derecho, por la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de derechos humanos”, entre otros.

En la moción, los diputados también le piden al gobierno trabajar con la comunidad internacional. Entre las instituciones mencionadas, con la Corte Penal Internacional, específicamente con la Fiscalía “en relación con el examen preliminar abierto (en febrero de este año) sobre la situación en Venezuela para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela”.

Igualmente pide abordar el tema en el Consejo de Derechos en Naciones Unidas y llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe la creación de una Comisión o Misión de Investigación.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, uno de los partidos impulsores de la resolución, tuiteó que con esta medida le exigirán al gobierno ” que inicie las sanciones a los dirigentes de la tiranía de Maduro y se rechace el proceso electoral fraudulento en Venezuela.”

 

El diputado liberal Fernando Maura, explicó que solicitaron la ampliaciones de las sanciones ya impuestas “por los actos de corrupción, la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de los derechos humanos”.

El PSOE decidió abstenerse porque, según su portavoz de Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, el texto de la iniciativa, en los términos en que se ha votado, “no contribuye en la medida que debería a que España ayude a encauzar la actual situación”.

En el texto que proponían los socialistas se consideraba que las elecciones presidenciales “deben enmarcarse en el contexto del diálogo nacional con las fuerzas políticas, de modo que se cumplan unas condiciones de participación equitativas justas y transparentes”.

Eso implicaba, para los socialistas, la liberación de los denominados presos políticos y la supresión de las prohibiciones sobre políticos de la oposición y por la composición equilibrada e imparcial de los órganos de la administración electoral encargados del desarrollo de los comicios.

El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, José Ramón García Hernández, aseguró que las elecciones del 20 de mayo, “convocadas ilegalmente, carecen de todas las garantías democráticas que tienen que tener unas elecciones” y ha hecho hincapié en que Venezuela “debe tener unas elecciones libres, transparentes y absolutamente democráticas”.

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