En septiembre del 2016, el gobierno había anunciado el pacto preliminar con GZE con inversiones por 10.000 millones de dólares para operar la planta desde fines de 2019 cuando expire el contrato de arrendamiento con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que la ha manejado por décadas.

“Para el Gobierno de Curazao, GZE no es una compañía que pudiera tomar la responsabilidad para operar y modernizar nuestra refinería, conforme a la manera presentada en los acuerdos firmados”, dijo en el comunicado fechado el 31 de diciembre.

Detalló que GZE no tiene la capacidad financiera para la envergadura del proyecto, ni posee respaldo incondicional del gobierno chino como había suscrito en el memorando de entendimiento.

Por lo tanto Curazao afirmó que se “acelera el proceso para buscar una alternativa que sí pueda cumplir y asumir la responsabilidad del futuro de nuestra refinería”.

PDVSA había dicho en agosto que avanzaba en negociaciones para extender el arriendo de la instalación de 335.000 barriles por día (bpd) aunque, con la crisis de liquidez que enfrenta, ha sido renuente a realizar las inversiones que las autoridades exigen para renovar las instalaciones.