Un juez procesó este jueves y pidió prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que tiene inmunidad parlamentaria, en el marco de la causa por presunto encubrimiento terrorista. El magistrado Claudio Bonadio solicitó a la Cámara alta que le quite los fueros para poder detenerla, ya que la decisión judicial llega días después de la que exmandataria jurase como senadora. El juez quiere que siga los pasos de los otros acusados en la causa, entre ellos exaltos cargos kirchneristas, que quedaron procesados y detenidos por la causa que investiga si el Gobierno tramó un plan criminal para dar impunidad a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado que en 1994 destruyó la mutual judía Amia, que causó 85 muertos.

La Cámara alta, que sesionará a partir del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos senadores, tiene ahora en sus manos la suerte de la expresidenta. Tiene 180 días para decidir. El antecedente más cercano es el exministro de Planificación Julio De Vido, a quien le retiraron la inmunidad parlamentaria y fue inmediatamente encarcelado por presunta corrupción el pasado 25 de octubre. Pero ambos casos presentan grandes diferencias. De Vido, responsable durante 12 años de las obras públicas multimillonarias realizadas con los Kirchner, acumulaba evidencias en contra y había caído en desgracia dentro del kirchnerismo cuando el Congreso le retiró su apoyo.

Por el contrario, la causa contra Fernández de Kirchner presenta muchos más claroscuros. El memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 fue aprobado por el Congreso argentino  y nunca entró en vigor porque no fue ratificado por los legisladores iraníes. Las alertas rojas de Interpol para detener a los sospechosos iraníes tampoco dejaron nunca de estar vigentes.

La expresidenta se presentó a las elecciones por fuera del peronismo y encabeza un bloque minoritario de ocho senadores. Son insuficientes para bloquear la petición de desafuero, pero no está claro que haya apoyo suficiente para actuar contra ella. Para aprobar la retirada de inmunidad parlamentaria son necesarios los votos positivos de 2/3 de la Cámara, 48 senadores. El oficialista Cambiemos cuenta con 25 legisladores, por lo que la decisión final está en manos de un peronista, el disidente Miguel Ángel Pichetto, al frente de Argentina Federal, con otros 25 senadores.

Bonadio dictó los procesamientos un mes y medio de tomar declaración indagatoria a los acusados en esta causa, que fue inicialmente abierta por el exfiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento de Buenos Aires de un disparo en la sien. Nisman, fiscal de la causa AMIA, había acusado a la entonces presidenta, al canciller y a otros funcionarios de haber orquestrado un plan criminal para «dotar de impunidad» a cinco iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales del atentado a la Amia, el peor de la historia de Argentina, a cambio de beneficios económicos.

Los acusados, todos altos funcionarios o diplomáticos, tenían en enero de 2013 un pedido de captura internacional cuando el gobierno de Kirchner firmó con Teherán un memorando que lo habilitaba a interrogarlos en territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de avanzar en una causa que en ese entonces estaba paralizada, pero el fiscal entendió que fue en realidad «un incumplimiento a los deberes de funcionario público». La causa fue desestimada en 2015, pero se reabrió hace un año y pasá a manos de Bonadio, el juez más enfrentado a los Kirchner.

La primera de las detenciones ordenadas por Bonadio ocurrió de madrugada. Policías federales arrestaron en su casa al exsecretario de Legal y Técnica durante los 12 años del kirchnerismo, Carlos Zannini. Horas después, fue el turno del militante kircherista Luis D’Elia, del líder islámico Jorge Alejandro YussufKhalil y se espera que el próximo sea el dirigente social Fernando Esteche. Bonadio dictó prisión preventiva por enfermedad para el excanciller Héctor Timerman y procesó también sin prisión preventiva al exjefe de los espías Óscar Parrilli y al legislador Andrés Larroque.

«Esta causa es un gran disparate jurídico. El Gobierno está detrás de esto, porque quieren un Parlamento sumiso, donde los legisladores voten lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr. Voy a representar los intereses de la gente que me votó, como siempre lo hice», se defendió la expresidenta tras comparecer ante el juez el pasado octubre.

La expresidenta está procesada e investigada también en otras causas. La más delicada es la que investiga a Fernández de Kirchner y a toda su familia por presunto lavado de dinero de empresarios afines a través de los hoteles que tienen en El Calafate, un centro turístico al lado del Glaciar Perito Moreno.