El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de mantener un «ambiente permisivo que toleró el apoyo a actividades que benefician a grupos terroristas».

La administración de Donald Trump emitió este miércoles el documento anual sobre amenazas terroristas en el mundo.

En concreto, denunció que Venezuela siguió albergando a individuos ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al grupo terrorista español ETA y a simpatizantes de la milicia libanesa Hizbulá, y que «por undécimo año consecutivo, Caracas no cooperó adecuadamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos».

El informe lamenta que el Gobierno venezolano «no tomara ninguna acción contra altos funcionarios venezolanos» que han sido sancionados por el Tesoro estadounidense debido a su «asistencia material» o su apoyo de otro tipo a las FARC.

En términos generales, el informe determina que en Latinoamérica y el Caribe hay «vulnerabilidades» como «fronteras porosas, capacidades limitadas para aplicar la ley y rutas establecidas de tráfico» de personas y drogas, que han «ofrecido oportunidades a grupos terroristas locales e internacionales».

Hay «algo de apoyo en Latinoamérica» a los grupos terroristas procedentes de Oriente Medio. El Estado Islámico (EI) logró «reclutamientos limitados» procedentes de la región en 2016, mientras que Hizbulá «mantuvo algunos apoyos financieros» y logísticos en el continente.

«Algunos países, como Brasil y Trinidad y Tobago, han hecho avances significativos en sus esfuerzos contra el terrorismo», citó el comunicado.

Por su parte, el Departamento de Estado eliminó como «la principal amenaza terrorista en el Hemisferio Occidental» a las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tal y como aparecía en la edición relativa a 2015.

Ambos grupos siguen incluidos en la lista y el informe vuelve a incluir a Colombia, junto a Venezuela, en su lista de países que suponen un «refugio» para terroristas.

Pero el documento rebaja la alarma respecto a las guerrillas colombianas, debido en buena parte a la aprobación el año pasado de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, y al inicio de negociaciones con el ELN.

«Colombia experimentó un descenso significativo en la actividad terrorista en 2016, según estadísticas del Ministerio de Defensa, debido en buena parte al alto el fuego bilateral entre las fuerzas del Gobierno y las FARC, y la firma de la paz», indica el informe.

Desde agosto de 2016, «solo ha habido una confrontación letal» entre las fuerzas gubernamentales y las FARC, y el año pasado se redujo el número de civiles muertos en el conflicto, así como el de miembros de ese grupo y del ELN que «fueron asesinados en combate, capturados o se desmovilizaron».

La amenaza de las FARC también se redujo en Panamá, donde en los últimos años la guerrilla colombiana usaba la provincia sureña de Darién «como base de operaciones, punto de descanso y recuperación y zona de rearme», según el informe.

Con el apoyo estadounidense, «las autoridades panameñas han eliminado sustancialmente la capacidad de las FARC de operar en Darién, y la conclusión del proceso de paz en Colombia rebajó aún más la amenaza de la guerrilla en Panamá», añade el documento.