El gobierno de Colombia manifestó este miércoles su preocupación por «los continuos ataques verbales y descalificaciones» contra el Ministerio Público, que representa la fiscal general, Luisa Ortega.
«El gobierno de Colombia manifiesta su preocupación por los continuos ataques verbales y descalificaciones contra el Ministerio Público en cabeza de la fiscal Luisa Ortega Díaz, situación que atenta contra la autonomía y libre ejercicio de un poder público como el que representa dicha funcionaria», dijo la Cancillería en un comunicado, reseñado por AFP.
La fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno de Nicolás Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela, deberá enfrentar la próxima semana una audiencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá si es enjuiciada.
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien también pidió al TSJ evaluar la salud «mental» de Ortega, fue quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal, que en medio del proceso tiene prohibido salir del país y congeladas sus cuentas y bienes.
Ortega aseguró este miércoles que el gobierno de Maduro ha impuesto un «terrorismo de Estado» a través del máximo tribunal de justicia y los militares.
En el texto divulgado este miércoles, el gobierno de Colombia también rechazó «los hechos acontecidos en Venezuela el 27 de junio contra el Tribunal Supremo de Justicia», ente que según denunció Maduro sufrió un ataque con granadas desde un helicóptero policial.
Igualmente, Bogotá repudió «las agresiones verbales y físicas cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GBN) contra diputados y periodistas que se encontraban en el recinto de la Asamblea Nacional», de mayoría opositora, este martes.
Colombia, junto a otros países, ha venido pidiendo desde hace semanas una vía electoral que permita solucionar la crisis en el país, a la vez que ha deplorado el uso de la violencia para reprimir las manifestaciones opositoras.
Maduro enfrenta desde el pasado 1 de abril protestas que exigen elecciones para anticipar su salida de la presidencia, que dejan 77 muertos y cientos de heridos y detenidos.
Las manifestaciones estallaron luego de que el TSJ asumiera temporalmente las funciones del Parlamento. Pero el país enfrenta además una severa escasez de alimentos y otros insumos, así como una descontrolada inflación.
