La Fiscalía brasileña comenzará a entregar este jueves las pruebas sobre sobornos pagados por la constructora Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden, informaron hoy fuentes oficiales.

«El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países», dijo a Efe un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil, indicó Efe.

La fuente agregó que hasta ahora ocho países presentaron 22 solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht. Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

De acuerdo con el portavoz de la Fiscalía brasileña, con excepción de República Dominicana, que ya recibió toda la información solicitada gracias a que llegó a un acuerdo de cooperación con Odebrecht, los otros países comenzarán a recibir las pruebas el jueves.

Brasil podrá presentar las pruebas en las embajadas de los países solicitantes, como lo hizo con República Dominicana; entregarlas directamente a fiscales enviados a Brasilia por sus respectivos países, como planea Argentina, o enviar la documentación por correo.

El secretario de cooperación internacional de la Procuraduría brasileña, Vladimir Aras, explicó que la información será entregada al interlocutor con Brasil que cada fiscalía escogió para abordar los asuntos de cooperación sobre Odebrecht.

Las pruebas constan en los acuerdos de cooperación que Odebrecht suscribió con la justicia brasileña a cambio de reducciones en las condenas de 77 de sus ejecutivos que aceptaron confesar sobre casos de corrupción en la constructora. 

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio el lunes a los jefes de las fiscalías de los otros países para aclararles que las pruebas tendrán que permanecer bajo sigilo para no perjudicar las investigaciones contra las autoridades citadas por ejecutivos de Odebrecht. 

Janot explicó que le pidió a la Corte Suprema de Brasil que mantenga el sigilo por «el posible interés de autoridades extranjeras en adoptar medidas para investigar los hechos denunciados por los colaboradores que pueden ser perjudicados si hay publicidad del material antes de que sea posible entregarlo a las autoridades respectivas».

El acuerdo de cooperación que Brasil firmó con Odebrecht el 1 de diciembre preveía un plazo de sigilo de seis meses sobre la información relacionada con la actuación de la empresa en otros países.

Para el procurador brasileño, «el fin de ese plazo no retira, automáticamente, la necesidad de sigilo de las informaciones, principalmente de las que serán enviadas al exterior mediante cooperación internacional».

 Asesinado comisario que investigó la muerte de juez del Supremo en Brasil 

Por otra parte, el comisario de la Policía Federal brasileña Adriano Antonio Soares, que investigó el accidente aéreo en el que murió el juez del Supremo Teori Zavascki, que era instructor del caso Petrobras, fue asesinado a tiros en la ciudad de Florianópolis (sur), informaron hoy fuentes oficiales.

Soares, titular de la comisaría de Angra dos Reis, en Río de Janeiro, murió junto con el comisario de Niterói, Elias Escobar, tras «un tiroteo en un establecimiento de la capital del estado de Santa Catarina» durante la madrugada de este miércoles, según un comunicado de la Policía Federal.

Los dos agentes, que no estaban de servicio, se encontraban en el local esta madrugada, cuando un desencuentro entre clientes habituales derivó en un tiroteo, de acuerdo con la investigación preliminar. 

Uno de los agentes murió en el establecimiento mientras el otro falleció en el hospital, donde, de acuerdo con la Policía Militar, una media hora después de su ingreso un vehículo pasó desde el cual se disparó contra la unidad sin que nadie resultara herido.

El magistrado Zavascki falleció el pasado 19 de enero cuando la avioneta en la que viajaba junto con otras cuatro personas cayó al mar frente a las costas de Paraty, sur del estado de Río de Janeiro, por causas que están siendo investigadas. 

La Policía esclareció que esa investigación se encuentra actualmente en Brasilia, al mando de otro comisario, aunque la apertura de la misma le correspondió a la comisaría de Angra dos Reis y por tanto a Soares.

La muerte de Zavascki se produjo en momentos en que el magistrado estaba cerca de homologar las 77 delaciones premiadas de exdirectivos del grupo Odebrecht, implicado en los millonarios desvíos que se destaparon en el seno de la petrolera estatal Petrobras. 

La Corte Suprema nombró días después a Luiz Edson Fachin como nuevo instructor del caso Petrobras en el máximo tribunal, quien se encargó de homologar los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht, lo que provocó un auténtico terremoto en el sistema político brasileño.

A raíz de esos testimonios ante la Justicia, el Supremo autorizó la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones, entre ellos ocho ministros del actual Gobierno de Michel Temer, hoy acorralado por las delaciones de la multinacional cárnica JBS. 

La Corte Suprema brasileña ya retiró el sigilo sobre prácticamente toda la información suministrada por Odebrecht respecto a operaciones ilegales en Brasil.

Las confesiones permitieron a Brasil abrir decenas de investigaciones sobre la participación de Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, en el pago de sobornos a autoridades para obtener contratos de obras públicas y en operaciones financieras irregulares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el que Odebrecht también suscribió un acuerdo de cooperación, reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil. 

Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han salpicado, entre otros, a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos, así como al expresidente peruano Alejandro Toledo.

En febrero pasado, en una reunión en Brasilia, diez países de América Latina y Portugal se comprometieron a colaborar en las investigaciones sobre la corrupción en Odebrecht.