La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó este viernes su «grave preocupación» por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) de asumir las competencias de la Asamblea Nacional y le pidió que lo reconsidere porque «la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione».

«Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos», dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, en una declaración por escrito.

“Exhorto firmemente a la Corte Suprema a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia, así como el mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos”, señaló Zeid.

“Los ciudadanos venezolanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos, tal y como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Venezuela. Los diputados debidamente electos también deberían poder ejercer las facultades que les confiere la Constitución venezolana”, agregó.

“Las continuas restricciones a las libertades de movimiento, asociación, expresión y protesta pacífica no sólo son profundamente preocupantes sino contraproducentes en un país extremadamente polarizado que sufre una crisis económica y social”, recalcó Zeid.

El Alto Comisionado, que ha manifestado creciente preocupación por la falta de independencia de las instituciones responsables del Estado de Derecho en Venezuela, también pidió al Gobierno que garantice a las personas sus derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión.

“El respeto por los derechos humanos debe servir como área común para abordar la escasez de alimentos y medicinas, así como los precios en espiral que resultan en sufrimiento diario para muchos venezolanos”, dijo.

El 29 de marzo, la Corte Suprema dictaminó que la Asamblea Nacional controlada por la oposición se encontraba en desacato y que la Corte ejercería directamente los poderes parlamentarios mientras persistiera esa situación. También ordenó que el Presidente de la República tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que considere necesarias para evitar lo que se denominó ‘un estado de conmoción’.

*Con información de EFE