Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del departamento de Seguridad Interior entierran el legado de Obama y amplían la persecución a casi todos los sin papeles. No se trata solo de que los funcionarios incrementen sus competencias o de la contratación de 15.000 nuevos agentes. El núcleo de la ofensiva migratoria radica en posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos que lleven menos de tres años en el país.

El giro es radical. El país que se hizo grande con la emigración le da la espalda ahora a 11 millones de indocumentados, la mitad mexicanos. Hasta ahora los agentes tenían como objetivo prioritario la captura de todos aquellos que hubiesen cometido un delito grave. Con las nuevas directrices el foco se amplía y se reducen a “extremadamente limitadas excepciones” los casos que se libran de la norma. “Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, dice la directriz. También se restringe la práctica de liberar a los detenidos a la espera de los resultados de las audiencias. Ahora, el objetivo es devolverles lo antes posible a sus países de origen. Para ello, liberan las ataduras al proceso de expulsión inmediata. Hasta ahora esta modalidad se aplicaba a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria. Con la nueva directriz, se anulan los límites geográficos y se extiende su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense.

En este plan, México figura como gran diana. El Gobierno de Trump considera prioritario asegurar la frontera sur. Para ello pone en marcha con carácter inmediato la búsqueda de fondos para “diseñar, construir y mantener el muro”. En esta línea, también se recoge la orden de Trump de “identificar y cuantificar todas las fuentes directas o indirectas de ayudas federales y asistencia al Gobierno mexicano”. Esta iniciativa tiene como fin fijar la cantidad que el vecino del sur recibe de Washington y utilizarla para forzar el pago del muro por parte de México, uno de los axiomas del presidente de Estados Unidos.

Fuera de estos planes queda, según los borradores, el programa de Obama destinado a proteger a los dreamers, los menores escolarizados que llegaron sin papeles a Estados Unidos. Un sistema que ha permitido otorgar permiso de trabajo a 750.000 inmigrantes y que el propio Trump ha reconocido, en tono de culebrón, que le será complicado liquidar. “La situación de estos menores es muy difícil para mí, mucho… porque yo amo a esos niños; yo mismo tengo niños y nietos, y encuentro muy, muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura”, dijo el sábado en su mitin de Florida.