LA CORTE DE APELACIONES DE PARÍS falló en contra de la República Bolivariana de Venezuela, al rechazar los argumentos de su gobierno en un pleito arbitral con Gold Reserve en el cual se solicitaba la anulación de una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano autónomo del Banco Mundial (BM) para solventar disputas entre gobiernos e inversionistas extranjeros.

La Corte consideró que las partes habían sido tratadas equitativamente, los derechos de defensa fueron respetados y el fallo fue pronunciado dentro de las competencias. El fallo es recurrible ante la Corte de Casación francesa, la última instancia en el sistema judicial francés para este tipo de casos.

De acuerdo con lo dispuesto, el gobierno venezolano deberá pagar a la inversionista minera canadiense US$ 713 millones más intereses y costas legales, lo que da una suma total a pagar de unos US$ 730 millones.

Paradójicamente, Gold Reserve tiene un contrato reciente por trabajos de certificación en el llamado “Arco Minero del Orinoco” y una de sus empresas de maletín, GR Mining (Barbados) Inc., es socia al 45% en Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A.

El presidente de Gold Reserve, James Hayward Coleman, dijo en una nota de prensa en el website de la compañía que, además de esperar ver cumplido el pago, siguen viendo a Venezuela como socio en el desarrollo de Brisas Cristinas, del proyecto Siembra Minera.