La asediada presidenta de Brasil Dilma Rousseff convocó el lunes a sus asesores más cercanos y líderes legislativos, un día después de que millones de manifestantes en todo el país salieran a las calles a exigir su salida. Luego de que unos tres millones de personas participaron en más de 100 marchas en todo el país, los principales diarios locales dijeron que las protestas del domingo fueron las más grandes en la historia de Brasil y coincidieron en que esto complicará más la difícil situación de Rousseff.

La mandataria lucha contra un posible juicio político en el Congreso en medio de la peor recesión en décadas y una extensa investigación por corrupción que se ha centrado en figuras clave de su Partido de los Trabajadores.

El diario Folha de Sao Paulo destacó el lunes que las marchas del domingo fueron mayores a las protestas de 1984, cuando muchos brasileños exigieron elecciones presidenciales directas cuando el país todavía era gobernador por la dictadura militar.

«Sorprendido por la fuerte respuesta del domingo, el gobierno ha sido puesto en alerta de que necesita actuar rápidamente», para evitar el juicio a Rousseff, reportó Folha el lunes.

La reunión del lunes en el palacio presidencial de Planalto fue vista como un intento de planear un camino para avanzar y asegurar apoyo en el Congreso que será necesario para frenar un juicio. Se espera que en algún momento de la semana, el líder de la cámara baja Eduardo Cunha, enemigo de Rousseff, forme una comisión para comenzar el procedimiento judicial a la mandataria.

En un comunicado el lunes, el grupo estadounidense Eurasia Group, una consultoría de riesgos económicos y políticos, calculó que Rousseff no acabará su periodo de manera normal, el cual finaliza este año.

«Ahora pensamos que podría ocurrir para mayo y Rousseff no sobrevivirá», según el comunicado.

Rousseff, quien ha dicho que no dimitirá, también está presionada por miembros de su propio Partido de los Trabajadores, que quieren que su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo en el gabinete e incorporando a otras personas a su elección, pero Lula está a la espera de que un juez de Sao Paulo determine si se le detiene por cargos de corrupción.

Las protestas del domingo agravaron la ya difícil situación de Rousseff, que además de la campaña de impugnación afronta una creciente investigación de fiscales federales sobre corrupción en la gigante petrolera estatal Petrobras, una pesquisa que se ha acercado a su círculo más cercano en las últimas semanas.

«El carácter pacífico de las manifestaciones de este domingo demuestra la madurez de un país que sabe cómo coexistir con opiniones diferentes y sabe cómo garantizar el respeto a sus leyes e instituciones», afirmó la presidenta en un comunicado tras las protestas.

La marcha más multitudinaria se produjo en la capital económica del país, Sao Paulo, un bastión de descontento latente contra Rousseff y el Partido de los Trabajadores. La respetada encuestadora Datafolha estimó que unas 500.000 personas participaron en la manifestación y la policía estimó una participación de tres veces esa cifra.

En torno a un millón de personas participaron en la manifestación en Río de Janeiro, según sus organizadores.

La alta participación podría desencadenar la ruptura de la frágil coalición de gobierno, según analistas.

«Hay una situación de ingobernabilidad», comentó Francisco Fonseca, profesor de ciencias políticas en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo. «La presidenta tiene pocas cartas».

Sin embargo, Fonseca informó que las protestas mostraron «un descontento generalizado con el sistema político» que no reforzaría necesariamente a ningún político o partido opositor en concreto.

La multitud, vestida de los tonos amarillo y verde de la bandera brasileña, mostraba carteles como «Fuera Partido de los Trabajadores», pero los manifestantes dejaron claro que su malestar iba más allá de Rousseff y su partido, señalando que la investigación sobre corrupción en Petrobras ha comprometido a toda la clase política.

«Por supuesto que quiero ver a Rousseff en la calle», afirmó Maria de Lima Pimenta, maestra retirada que acudió a la marcha en la playa de Copacabana. «Pero entonces, el problema pasa a ser quién la sustituye. Son todos unos delincuentes».

Los organizadores de las protestas también hicieron hincapié en que el movimiento no está vinculado a ningún partido de opositor y apenas se vieron carteles de apoyo a otros partidos en las marchas.

Sí acudieron varios políticos conocidos, como Aecio Neves, el opositor que perdió por poco ante Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2013 y el gobernador del estado de Sao Paulo Geraldo Alckmin, pero ambos fueron abucheados y, como otros políticos que se aventuraron a las manifestaciones, se retiraron rápidamente.

La estrella incontestable de las protestas fue Sergio Moro, el juez federal a cargo del caso Petrobras. Aunque los manifestantes criticaron a políticos de todos los bandos implicados en el escándalo, muchos mostraron carteles de agradecimiento a Moro.

El escándalo de Petrobras ha alcanzado a miembros clave del partido de Rousseff, incluido Lula, así como a miembros de partidos de oposición.

La tensión política en Brasil repuntó este mes cuando Lula fue detenido brevemente para declarar dentro de las investigaciones sobre Petrobras. Partidarios y detractores del expresidente se enfrentaron ante su apartamento en la zona de Sao Paulo. El miércoles hubo otro momento de tensión cuando Lula fue acusado de lavado de dinero en otro caso distinto..