El Instituto Lula, que dirige el ex presidente brasileño, dijo que la operación policial contra el mandatario es una «agresión al Estado de Derecho», y describió la decisión del juez Sergio Moro, que incluyó la requisa del domicilio particular de Lula y de uno de sus hijos como «arbitraria, ilegal e injustificable».

«Nada justifica la conducción coercitiva de un ex presidente que colabora con la Justicia, espontáneamente o siempre que ha sido citado», dijo el Instituto, que agregó que Lula ya ha prestado declaración en torno a cuatro casos distintos y que tampoco «nada justifica» el hecho de que sus secretos fiscales y bancarios hayan sido levantados por las autoridades.

«Nada justifica la invasión del Instituto Lula», dijo la entidad sobre el allanamiento realizado por la Policía Federal que perseguiría «someter al ex presidente a la vergüenza pública».

El Instituto Lula agregó que las investigaciones sobre corrupción en Petrobras, que son las que justifican las operaciones, según la Policía, «han quedado comprometidas», pues «se ha volcado sobre un blanco político con los más frágiles pretextos».

La nota insiste en que «Lula jamás ha ocultado patrimonio o recibido ventajas (financieras) indebidas antes, durante o después de gobernar el país» y que «jamás se implicó directa o indirectamente en alguna ilegalidad».