El puente que aún divide a Venezuela y Colombia

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En el puente Simón Bolívar, construido sobre el río Táchira para unir Colombia y Venezuela, ya no hay concertinas ni barricadas, sino una valla con carteles que dicen: “Venezuela promueve la paz”. El mensaje, como el final de este punto terrestre que conecta los dos países, está vigilado por la guardia bolivariana y funcionarios de migración. Bajo una pequeña carpa, aseguran con su presencia constante que se cumpla el estado de excepción que decretó hace seis meses, el pasado 20 de agosto, el presidente Nicolás Maduro. Y deciden quién cruza y quién no.

Cada día atraviesan este paso en el departamento colombiano de Norte de Santander entre 2.000 y 2.500 personas a pie, según datos de la policía de la ciudad de Cúcuta, una de las más próximas a la frontera. En el extremo colombiano hay fuerzas de seguridad que vigilan que no se produzca ningún incidente. Este lado está abierto por orden del presidente Juan Manuel Santos. Unos metros más adelante, la situación cambia. “Se requiere el pasaporte”, dice uno de los funcionarios venezolanos. ¿A quiénes? “Los escolares y los enfermos pueden pasar, los colombianos con un permiso de trabajo o un billete de avión con el documento, el resto de venezolanos depende”. Tras varias preguntas, no hay una conclusión clara.

En la fila para acceder a Venezuela un matrimonio (prefiere no decir su nombre) intenta entrar a su país. Ella acaba de dar a luz por una cesárea y dice que necesita unos medicamentos, pero aunque tiene las recetas como salvoconducto lleva un buen rato de espera. Residen en Colombia y viven de la venta informal ambulante. Su marido le ha acompañado para asegurarse de que cruza. “He llamado a un conocido en la policía, se lo he pasado al funcionario y le han dado permiso”, cuenta. Tan sencillo como arbitrario.

En este mismo punto, una familia de colombianos residente en la ciudad venezolana de Mérida intenta volver a casa. Llevan un carrito cargado de bultos. “Vamos a una competencia de parapente y necesitamos llegar a tiempo”, dice uno de los hijos. Tienen la doble nacionalidad pero hoy los funcionarios de migración de Venezuela les han pedido una visa especial para cruzar. “Paciencia, esperaremos a que pasen los escolares y lo volveremos a intentar”.

Son las 12 de la mañana de un viernes y aparecen ocho autobuses en La Parada, el pueblo colombiano que termina en el puente Simón Bolívar. Dentro van niños venezolanos que vuelven a casa después del turno de la mañana en colegios de Cúcuta. Viajan en vehículos financiados por el gobierno de Colombia hasta la mitad del puente. En ese punto se bajan y se suben en otros, esta vez con enseña venezolana. Así cada día en dos tandas. La caravana forma parte del corredor humanitario que permite el tránsito de estudiantes, con su carné correspondiente, y de enfermos con las recetas y los informes médicos sellados en un hospital de San Antonio de Táchira, la ciudad venezolana más cercana a la frontera. En el medio, una camioneta de la Cruz Roja, con cuatro voluntarios, ofrece asistencia de seis de la mañana a seis de la tarde.

Por cada ciudadano que intenta cruzar la frontera aparecen dos carretilleros que por unos pocos miles de pesos llevan los bultos. Otro par de motoristas que por 10.000 pesos (unos tres dólares) te cruzan. ¿Por dónde? Señalan hacia el río, es decir, por las trochas, los caminos ilegales que dibujan una frontera alternativa: la del contrabando. El exdiputado Walter Márquez, que fue embajador del Gobierno de Chávez en India, rompió con la revolución y se convirtió en uno de sus más encarnizados críticos. Márquez contó en una reciente entrevista que esta otra linde “está controlada por militares y funcionarios del Gobierno venezolano que la franquean a cambio de sobornos”.

 

 

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