Al menos una decena de ex empleados públicos resultaron heridos con balas de goma al enfrentarse con la policía el viernes frente a la alcaldía de La Plata mientras protestaban contra la decisión del alcalde de no renovar contratos como parte de la política de recorte de puestos laborales en el Estado que encara el gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

Unos 200 ex trabajadores municipales reclamaban frente a la municipalidad de La Plata, 40 kilómetros al sur de Buenos Aires, la continuidad en sus puestos luego de que el alcalde Julio Garro resolviera el 31 de diciembre dar por finalizados más de 4.000 contratos.

La represión policial se habría iniciado cuando algunos de los manifestantes habrían lanzado piedras contra el edificio. Los agentes dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Una mujer sufrió varios disparos en la espalda y tuvo que ser hospitalizada, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión local.

«Esto que vivimos en la puerta de la municipalidad no tiene que ver con trabajadores», se defendió el alcalde Garro, quien apuntó a activistas políticos «de la vieja política» como responsables de los desmanes.

«Pelear contra estas estructuras políticas no es gratis. Estos ataques son la respuesta que nos envían», dijo Garro, en referencia a su decisión de recortar puestos de trabajo en la alcaldía.

Organizaciones gremiales y partidos opositores cuestionaron el accionar policial y apuntaron contra la política de despidos masivos de empleados públicos que lleva adelante el gobierno de Macri y que se ha extendido a los municipios bonaerenses. Los sindicatos de empleados públicos estiman que unos 10 mil fueron despedidos desde el 31 de diciembre en ministerios, el Senado, organismos oficiales y alcaldías.

Desde el gobierno nacional afirman que en la mayoría de los casos no se trata de despidos sino de contratos que vencían el 31 de diciembre y no se renovaron. También están bajo auditoría los empleados que fueron efectivizados por la anterior administración de la presidenta Cristina Fernández poco antes de dejar el poder y trabajadores con militancia activa en el kirchnerismo, que el nuevo gobierno entiende pueden perjudicar el funcionamiento del Estado.