«Publíquelo». Es la súplica (quizás, una orden) de Francisco al teólogo José Manuel Vidal cuando entregó al Papa un dosier sobre supuestos abusos sexuales en una organización de eclesiásticos y laicos urdida en Barcelona el siglo pasado y extendida ahora por varios países. Se trata de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia (MCSPA, en sus siglas en inglés), que, aparte de su faceta religiosa, realiza importantes obras de cooperación y desarrollo en África y Latinoamérica. Los fundadores ya fueron castigados por el Arzobispado de Barcelona en 1995.
«He sido esclavo laboral y sexual de un grupo de depravados, encubierto por jerarcas de la Iglesia. En los tres años que estuve en la misión de Nariokotome, en Kenia, me trataron como una bestia de carga. Éramos unas 30 personas y a la esclavitud laboral se añadía la esclavitud sexual. Nos decían que la vida sexual activa es algo que Dios quiere y que también quiere que vayamos desnudos porque desnudos nos creó. Ayúdeme, Francisco. Ponga un poco de alivio en mi alma rota. No permita que otros muchachos sigan pasando por este infierno», escribe al Papa una de las supuestas víctimas, que ahora tiene 36 años. No es la única denuncia ante el Vaticano contra la MCSPA, pero tiene la virtud de estar en manos del Papa, con seguridad. Otras dos, con confesiones igualmente estremecedoras de un chico y una chica, parecen haberse perdido por el camino.
Paulino (no quiere desvelar su nombre) califica a la MCSPA de «perfecta ingeniería del mal» y sugiere que el Vaticano se enfrenta a un nuevo caso Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo que logró el silencio de incontables jerarcas durante décadas, sin que nadie, tampoco Juan Pablo II, frenase sus fechorías sexuales. Como entonces, prelados y organismos eclesiásticos hacen oídos sordos o se justifican afirmando que han tramitado las denuncias ante los organismos superiores.
Varios de los aludidos en el dosier entregado a Francisco han negado con energía las acusaciones cuando EL PAÍS les hizo llegar este informe. «No hemos visto nunca ese campamento de los horrores que relata Paulino», afirma el sacerdote y médico Pablo Cirujeda. En igual sentido se ha manifestado el obispo de la diócesis que ha dado licencia eclesiástica en Kenia a esta comunidad misionera, Dominick Kimengich. En carta a EL PAÍS, el prelado avala a sus subordinados. «Soy consciente de algunas acusaciones que fueron presentadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe y al Consejo Pontificio de Laicos, pero parecen referirse a eventos investigados en 2006», añade.
«Que no les pase a otros»
Paulino recibe al periodista con extrema precaución. Lo que tiene que decir lo ha escrito en siete folios que ya están en manos de Francisco. Es una declaración seca, notarial, que quema. «Ya solo confío en el Papa. Me duele no haber tenido agallas para denunciar antes. Me duele que durante todos estos años en los que no fui capaz de denunciar han seguido abusando de chicos y chicas. Yo ya no tengo miedo. Eso sí, me han quedado secuelas. Después de vivir a la deriva de Dios, no sientes nada. Ahora solo busco que lo que me pasó a mí no les siga pasando a otros. Espero que la jerarquía reaccione de una vez. Hay muchos obispos que lo saben. Unos por no complicarse la vida, otros por dinero, el caso es que no hacen nada. Yo mismo se lo conté a un obispo y no me hizo caso. El Dios que le juzgará a él también me juzgará a mí».
Promovida por Francisco Andreo, Albert Salvans y Pere Cané, entre otros, la MCSPA surgió entre sospechas por el origen de sus fundadores, entonces (años noventa) un afamado sacerdote, alumnos del seminario para vocaciones tardías Casa de Santiago de Barcelona y chicos y chicas de la burguesía local.
El arzobispado ya los investigó entonces, después de ser denunciados ante la fiscalía acusados de corrupción de menores y estupro (diligencias previas número 2083/95 del juzgado de instrucción 21 de Barcelona). La denuncia también pedía que se procesase por encubridores y coacciones al arzobispo de Barcelona, cardenal Narcís Jubany, que ya estaba jubilado; al sustituto, el también cardenal Ricard Maria Carles, y a tres de sus obispos auxiliares. Era el año 1995 y el caso llegó incluso al Parlamento de Cataluña.
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