La UE quería consenso y hubo división. Quería solidaridad y encontró un enquistamiento político. Quería un acuerdo para el reparto de 120.000 refugiadosen los dos próximos años entre los Estados Miembros y al final lo logró, pero a un precio muy alto. El Consejo de Ministros de Interior europeos, reunido en Bruselas, ha aprobado el Plan de la Comisión, pero con el voto en contra de Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia.
Los embajadores de los 28 ante la Unión se reunieron el fin de semana, el lunes y el martes hasta el último minuto, pero sin lograr el deseado consenso. Los ministros llegaron al encuentro sabiendo que el texto unánime era imposible, por lo que trataron de firmar el mal menor. El objetivo era no tener que votar para no transmitir la sensación de división, pero fracasaron también en eso.
Lograron que Letonia y Polonia, muy críticas, dieran un paso atrás al final, pero ni Budapest, ni Praga, ni Bratislava ni Bucarest dieron su brazo a torcer. Su problema no era tanto las cuotas que les corresponden a cada uno, que también, sino la forma. No quieren el modelo de reparto, no quieren que sea obligatorio, no quieren refugiados musulmanes.
Tras una primera ronda de deliberaciones quedó claro que no iba a ver cesiones y que habría cinco grandes detractores. Hubo una pausa, a petición polaca, para consultas. Y tras el final del receso se votó. Ganó la mayoría cualificada del sí, pues todos los demás -salvo Finlandia, que se abstuvo y Polonia que cambió de bando- aceptaron el texto modificado de esta mañana.
Las condiciones en todo caso han cambiado. La primera idea era distribuir a 120.000 personas desde Hungría, Italia y Grecia. Pero Viktor Orban ha sido inflexible y no quiere el formato, por lo que cambia completamente el esquema. En una primera fase, inmediata, se redistribuirán 66.000 refugiados desde Italia (15.600) y Grecia (50.400). Los 54.000 que le correspondían a Hungría quedan pendientes para una segunda fase. No se abandonan ni se cancela el plan. Se crea una especie de fondo de reserva y si ningún otro país se encuentra en las próximas fechas en una situación de emergencia humanitaria, los 54.000 serán repartidos también desde Grecia e Italia, por lo que la cifra de 120.000 (más los 60.000 ya aprobados en julio) se mantiene intacta.
Acuerdo de mínimos
Es un acuerdo de mínimos. Insuficiente para muchos países, porque cada día llegan miles de persona por mar y tierra. Y que deja para la cumbre del miércoles, con los jefes de Estado y de Gobierno, el gran debate político: ¿qué pasa con Europa? Se ha resuelto, mal, la primera parte. Pero esa, al final, será la fácil. Queda arreglar el problema generado, con controles fronterizos reestablecidos, suspensiones temporales de Schengen, una amenaza de expediente a Italia y Grecia por no cumplir su obligación y no tomar los datos de todos las personas que cruzan sus fronteras o tocan tierra y los detalles de cómo se reforzarán los bordes exteriores de la UE y quién hará las devoluciones de los inmigrantes que no tengan derecho a asilo. Deben hablar del papel de Turquía, de la reforma de las reglas del Acuerdo de Dublín que ahora fijan las normas de asilo y recibiendo. Por no hablar de quién pagará la factura.
El cambio de mecanismo, sin el alivio para Hungría, supone también un pequeño retoque en las cifras de reparto. Por ejemplo, de los 66.000 a España le corresponden 6.127 de los griegos y 1.896 de los italianos, un total de 8.023 en esta primera fase (el total solicitado y aceptado es de 14.931). El resto, la parte correspondiente, será igualmente proporcional en la segunda fase. La diferencia es que Hungría, por ejemplo, tendrá que asumir 1.294 refugiados en total en esta fase. Los checos 1.591. Los eslovacos 802 y los rumanos 2.475.
¿Cuáles son las contrapartidas?
Porque las hay, claro. El ministro alemán, Thomas De Maziere, lo explicó al terminar: «Los refugiados deben permanecer en el país que acepte su asilo». Si son sorprendidos moviéndose a otros se les podría incluso pedir que abandonen la UE. Porque para compensar a los más reacios al asilo ha habido que endurecer el mensaje. Los inmigrantes económicos deben ser devueltos a su país de origen inmediatamente, porque no tienen derecho al asilo. Y a los que sí quieren enviarles el mensaje de que pueden perder las prestaciones sociales, e incluso el derecho a quedarse, si incumplen las normas.
El bloque del Este, los países de Visegrado, se fracturó al final. El ministro checo, Milan Chovanec, en un delirante tuit con un emoticono de cara triste incluido, reprochó a sus colegas polacos la ‘deserción’ del último momento, cuando decidieron votar sí. Pero la principal duda que han puesto sobre la mesa sigue ahí: ¿ahora qué? Se acogen a 120.000 refugiados más, pero según los datos de Eurostat, al 30 de junio de este año había más de medio millón de personas esperando que se resuelva su petición de asilo.
