Otto Pérez Molina llega al ocaso de su mandato en Guatemala con un gobierno marcado por la corrupción administrativa, con la inmunidad suspendida, arraigado y al límite de sentarse frente a un juez.

Además, su administración había sido llamada a ser la que pusiera solución a la inseguridad en el país centroamericano.

Así lo prometió él en la campaña de 2011, en la que aseguraba «mano dura» contra corruptos y contra violentos.
Por esas promesas ganó las elecciones.

El pasado

Con estos antecedentes, este final no parecía previsible hace cuatro años, cuando 54% de los votos fueron para él frente al 46% que obtuvo el empresario Manuel Baldizón.

Entonces, todas las miradas se centraban en la condición de militar retirado del flamante presidente y en su participación durante los años más duros del conflicto interno armado que vivió Guatemala durante más de 30 años.

Los adversarios de Pérez Molina temían que su anunciada política de «mano dura» contra el crimen se extendiera también hacia aquellos que le enfrentaron durante la guerra civil.

Sus partidarios, en cambio, esperaban que su experiencia en temas de seguridad sirviera para reducir los altos niveles de inseguridad que vivía el país.

«Lejos de ser un demérito que Pérez Molina sea de extracción militar, creo que puede aportar muchísimo al país», había dicho a BBC Mundo Jorge Briz Abularach, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala y exministro de Asuntos Exteriores de aquel país en 2011.

Sin embargo, todo fue muy distinto a las promesas de la campaña.

La marca de la corrupción

Como parte de la herencia que recibió de sus antecesores, el gobierno de Pérez Molina asumió un Estado plagado de denuncias y escándalos de corrupción.

Sin embargo, la falta de transparencia y el despilfarro salpicaron su administración en los últimos cuatro años al punto de haber perdido su inmunidad política este martes por decisión del Congreso.

Su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya está detenida por el escándalo conocido como La Línea.
Otto Pérez fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en

Guatemala (Cicig) de ser el líder de esta red de defraudación aduanera.

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