El procurador Alejandro Ordóñez radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento en el que pide que se decreten medidas cautelares para que el gobierno de Nicolás Maduro desmonte la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera.

De acuerdo con el Ministerio Público, la petición “busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en la frontera”.

Ordóñez documentó ante la Comisión seis situaciones que calificó de arbitrarias relacionadas con los desmanes de los que han sido objeto los colombianos que han sido expulsados de Venezuela.

“Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente”, advierte el jefe del ente de control.

Añadió que las mujeres han sido víctimas de abuso sexual y que la población colombiana ha sido víctima de torturas que atentan contra su integridad física que ha generado un temor en la población colombiana.

También denunció que agentes del gobierno venezolano han destruido documentos legales de colombianos que residían en ese país.

Agregó que a la población colombiana la concentran arbitrariamente en lugares determinados en territorio venezolano y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.

La petición también sostiene que se ha desencadenado un desplazamiento forzoso y que “a los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Finalmente, calificó de “actos de xenofobia” el hecho de marcar las casas de los colombianos que habitan en la zona fronteriza para luego sean demolidas por las autoridades venezolanas.

Para Ordóñez, esa política sistemática “ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro”.