El presidente Juan Manuel Santos anunció el martes que luego del revés sufrido la víspera en la OEA, su gobierno acudirá a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales para que escuchen las quejas de Colombia sobre supuesto maltrato hacia miles de colombianos en la frontera con Venezuela luego que Caracas ordenó su expulsión.

«Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible», como ante el secretario general de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Migraciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó el gobernante en una alocución televisada al país.

Santos enfatizó que su gobierno había solicitado una reunión de urgencia ante la Unasur que, según él, nunca se dio, por lo que su gobierno decidió desistir de ella.

El jefe de Estado aseguró que el fiscal colombiano Eduardo Montealegre le comunicó que «está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma».

La Fiscalía, indicó, cree poder probar que eventualmente se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil del país.

En los últimos 13 días más de 1.000 colombianos han sido expulsados o deportados de Venezuela y se calcula que otros 10.000, que residían de forma irregular, han abandonado el país por miedo a represalias.

Tras calificar como un revés lo ocurrido el lunes en la OEA, donde Colombia quedó a un voto de conseguir una reunión de cancilleres de los países miembros, Santos sostuvo que allí «infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. ¡Es triste constatarlo, pero fue así!».

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro instó la noche del martes a las autoridades colombianas a que «recobren la sensatez» y pidió el «cese de la campaña de odio donde están llamando a asesinarme públicamente».

Durante una transmisión de la televisora estatal desde Beijing, Maduro exhortó a Colombia a buscar «un punto de equilibrio, de entendimiento para una nueva frontera» y señaló que emprenderá una «profunda reestructuración de la vida de la frontera y una profunda reestructuración de la relación con Colombia».

«Presidente Santos también colóquese usted en la mejor voluntad de ayudar a Venezuela en la búsqueda de la paz que necesita nuestra frontera. Ya basta de ataques paramilitares», expresó el mandatario venezolano en su programa de televisión nocturno «En Contacto con Maduro», en el que reiteró la invitación a su homólogo para una reunión. «Busquemos con la verdad en base al diálogo, el respeto».

Por la mañana, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, había expresado su sorpresa por la postura de Panamá en la OEA que, según dijo, cambió su voto en el último minuto.

En un intento por aclarar su voto, el gobierno del centrista Juan Carlos Varela planteó que un escenario polarizado no ayudaría en nada a la crisis colombo-venezolana.

«Panamá considera que en este tipo de conflicto la búsqueda de consenso es la vía correcta, no la polarización ni la división», señaló la Cancillería panameña.

El secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, indicó en su cuenta de Twitter que el organismo internacional «propondrá en la Reunión de Cancilleres Comisión Regional de verificación y garantía de DDHH en frontera colombo-venezolana».

Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en crisis luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro resolvió a partir del 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando.

Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores.

El martes entró en vigencia un decreto de Maduro, que extendió el estado de excepción a cuatro municipios fronterizos de Táchira, con lo que llegaron a 10 las localidades en tal situación por 60 días, prorrogable por otros dos meses.

Ello implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como la de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, el libre tránsito y la libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.