Activistas de derechos humanos que investigan el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, en el estado de Guerrero, México, dicen que no han podido entrevistar a personal militar.
En rueda de prensa celebrada este lunes en Ciudad de México, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que trabajan en el caso dijeron que los soldados que pudieron haber sido testigos de la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del año pasado sólo pueden ser interrogados a través de un cuestionario escrito.
El equipo de la CIDH, organismo dependiente de la OEA, prefirió no hacerlo así.
El gobierno de México no ha respondido a los señalamientos.
Familiares portan fotografías de algunos de los 43 estudiantes durante una marcha tras 10 meses de la desaparición.
La delegación de la CIDH también señaló que videos de seguridad que contienen pruebas visuales de los hechos pueden haber sido destruidos.
El Ministerio del Interior de México declinó hacer comentarios sobre este punto y, en un comunicado, indicó que el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio, y los miembros de la CIDH tuvieron una reunión con las familias de las víctimas el viernes.
Ingestigación en marcha
Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía de la ciudad de Iguala y, según dice el gobierno de México, fueron entregados a un líder de un cartel que mandó que los mataran e incineraran sus cuerpos.
Hasta ahora sólo se ha logrado identificar los restos de uno de los estudiantes.
Los investigadores de la CIDH quieren interrogar a soldados del batallón de Iguala que acudió al lugar de los incidentes en el momento en que los estudiantes chocaron con la policía.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha generado indignación y un profundo malestar en México.
Los parientes de los desaparecidos creen que los soldados no actuaron como debían cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes y posteriormente los subió a un autobús.
La CIDH investiga el caso a petición de las familias de las víctimas, con el consentimiento del gobierno.
El informe final de la Comisión se espera en septiembre.
