Una propuesta oficialista de ley impone severas restricciones al ejercicio del periodismo en Panamá, incluidos los corresponsales extranjeros, y pide hasta cinco años de cárcel para quien las incumpla, denunció hoy la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (Acopep).

El proyecto de ley de Periodismo fue presentado por el diputado oficialista Juan Moya, del oficialista Partido Panameñista, y según la Acopep, fundada en 1964, su aprobación violaría la Constitución del país y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El gobierno de Juan Carlos Varela no se ha pronunciado hasta el momento sobre las razones de esta propuesta de ley presentada en el Congreso por un miembro de su partido.

El documento discutido entre gremios de periodistas panameños estipula una pena de cárcel de 2 a 5 años por el ejercicio ilegal de la profesión, acogiéndose a un articulo del Código Penal.

Además crea una «Comisión Técnica Académica de Periodismo», que incorpora al gobierno de turno, para decidir quién puede ser acreditado como periodista profesional en Panamá, según los requisitos que establece, y limita a un máximo de dos años a los extranjeros para ejercer la profesión en Panamá después de haber pasado toda una serie de trámites evaluatorios.

«El extranjero que desee ejercer en territorio nacional como periodista, reportero gráfico, o en alguna posición dentro de un medio de comunicación, deberá contar con la acreditación profesional transitoria, otorgada por la Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)», dice el texto en su artículo 5.

Añade que la licencia solo «será válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año; al término de la cual no podrá seguir ejerciendo la profesión en la República de Panamá».

El presidente de Acopep, Luis Blanco, explicó que asesores jurídicos panameños advirtieron que la redacción del proyecto de ley presentada la semana pasada en el parlamento riñe con el artículo 37 de la Constitución y con «varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que Panamá ha ratificado como Estado».

Acotó que «atropellaría varios de los Principios Básicos sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Por ejemplo, hace «obligatoria» la colegiación en dos agrupaciones panameñas, una práctica que fue derogada hace décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una legislación similar de Costa Rica.

«Si esta ley se aprobara, el premio Nobel de Literatura y periodista Gabriel García Márquez, ya fallecido, no podría ejercer en Panamá porque no tenía un título de periodista, y el otro premio nobel Mario Vargas Llosa no podría escribir hasta que la junta técnica se lo autorice, bajo riesgo de ir preso», advirtió.

La veterana corresponsal francesa en Panamá Michele Labrut dijo a Efe que esta propuesta «está mal redactada» y debe «especificar que habla de corresponsales de medios locales en provincias y extranjeros que trabajan para medios panameños» y acotó que «no dignifica al periodismo panameño, solo busca asegurar un salario».

«Todas las leyes de prensa mejores son las que no existen, no puedes reglamentar hasta el color de los calcetines que use un periodista», señaló.

Interpelada por esta iniciativa, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Blanca Gómez, admitió que hay «varios gazapos» que están dispuestos a corregir, pero que están haciendo una propuesta para «dignificar a los profesionales panameños».

Según Gómez, ahora se han dado cuenta que no se puede proponer una escala salarial y que los corresponsales extranjeros están regidos por las normas de migración, pero insistió que tampoco se puede permitir que no periodistas, nacionales o extranjeros, ejerzan en su país contratados por medios locales.

También se quejó que en «grandes medios panameños» no se cumple con el pago de horas extras ni prestaciones laborales, entre otras cosas.