BUENOS AIRES (AP) — A pocos días de que se cumplan tres meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la Corte Suprema argentina instó el lunes a que se esclarezca el hecho, cuya investigación ha sumado más dudas que certezas.

Ricardo Lorenzetti dijo a Radio La Red que «es el momento en el cual tienen que tomarse definiciones concretas» para resolver la muerte de Nisman, hallado sin vida en su apartamento de Buenos Aires el 18 de enero.

El cadáver del fiscal fue encontrado en un cuarto de baño con un tiro en la cabeza cuatro días después de que denunciara a la presidenta Cristina Fernández de ser la presunta ideóloga de un plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado a un centro judío de Buenos Aires en 1994.

«Nos ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven, o terminan en cuestiones subalternas, derivadas, y esto no puede ser así», señaló Lorenzetti, quien no quiso opinar sobre el trabajo que realiza la fiscal a cargo de la investigación del caso, Viviana Fein.

El magistrado sostuvo que cuando se demora la resolución de un caso «las víctimas terminan siendo culpables» y afirmó que «lo importante es evitar la frustración de la gente que reclama justicia».

Pocas horas, Fein señaló en un comunicado que «pretende el avance de la investigación en procura de la verdad, pero las reiteradas presentaciones de la parte querellante lo impiden».

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal y querellante en la causa, cree que Nisman fue asesinado y ha denunciado que el fiscal recibió diversas amenazas en los últimos años. La magistrada está disconforme con la tarea de Fein e intenta que sea apartada de la causa.

Un informe realizado por peritos de la querella difiere con el oficial acerca de la hora y las circunstancias en que murió Nisman. Según la pericia oficial todo apuntaría a que habría terminado con su vida con la pistola encontrada junto a su cuerpo. Para la querella, en cambio, fue asesinado mientras estaba arrodillado frente a la bañadera y su cuerpo fue luego reacomodado para hacerlo pasar por un suicidio.

El jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionó la insistencia de Arroyo Salgado en que la muerte de su ex esposo fue un homicidio.

«Si se calificara la muerte de Nisman como homicidio, la responsabilidad del Estado sería muy grande porque hubiera faltado al deber de servicio y las sumas a reclamar serían inmensas» por parte de los familiares, dijo el funcionario.

Arroyo Salgado objetó días atrás la forma en que se había conformado una junta médica para despejar las contradicciones entre la investigación oficial y el peritaje de la querella y señaló que dicho equipo forense debería realizar un estudio interdisciplinario.

Hasta hora el único imputado en la causa es Diego Lagomarsino, un asesor informático de Nisman acusado de haberle prestado al fiscal la pistola con la que se produjo el disparo. Lagomarsino alegó que le dio el arma al investigador porque éste le dijo que temía por su vida.

La fiscal Fein comenzó a investigar una cuenta a nombre de Nisman en el Bank of America Merrill Lynch en Nueva York de la que es cotitular Lagomarsino y a la que también tienen acceso la madre y la hermana del investigador.

La presidenta ha descalificado la denuncia de Nisman, que ha sido desechada por un juez y una cámara de alzada.

Pocos días después de la muerte de Nisman, Fernández acusó a Antonio Stiuso, un prominente ex jefe de espías, de haber suministrado datos falsos al fiscal para fundamentar denuncia y sugirió que aquel estaría detrás de la muerte del investigador.

Asimismo el gobierno denunció a Stiuso, quien fue echado del servicio de inteligencia a fines de 2014, por «presunta violación de los deberes de funcionario público», ya que habría ocultado a sus superiores información vinculada con la pesquisa del atentado contra la AMIA.