El caso Nisman, la muerte en circunstancias aún sin esclarecer del fiscal que imputó a Cristina Fernández de Kirchner por presunta complicidad terrorista, sigue su rumbo zigzagueante, incierto y, cada día, con ingredientes nuevos, escabrosos, frívolos y desconcertantes.

La ex mujer de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, recusó a la fiscal Viviana Fein porque dice que sólo contempla «el suicidio». Fein protestó por sentirse «muy agraviada». Casi en simultáneo, Diego Lagomarsino, el informático que le entregó a Nisman la pistola de la que salió la bala que le mató, dice ahora que su jefe le exigía la mitad de su sueldo y que Arroyo Salgado, «tal vez esté ocultando algo». Al tiempo, reconoce que compartía una cuenta corriente con el fiscal, la madre y la hermana de éste en Estados Unidos.

Mientras, sigue el circulo vicioso de fotografías de Nisman muertoy otras con él vivo en escenarios lúdicos. Todo, analizado por el ministro de la Presidencia, Aníbal Fernández, que aprovecha para ensañarse con la presunta corrupción del hombre que investigaba el mayor atentado contra la colectividad judía tras la segunda Guerra Mundial y al que le atribuye –aunque esté sin vida– los delitos de «cohecho» y «malversación de caudales públicos».

En ese contexto de presiones y de todos contra todos entre protagonistas, afectados personales y políticos, la jueza Fabiana Palmaghini suspendió la junta médica donde debía aclararse algo aparentemente tan sencillo como el día y la hora de la muerte de Nisman; y algo bastante más complicado como es si el hombre se suicidó voluntariamente, le indujeron a hacerlo o le mataron unos auténticos profesionales de un balazo en la cabeza.

La decisión de Palmaghini responde a las demandas de Arroyo Salgado que encabeza la querella familiar que apunta, sin fisuras, al asesinato del padre de sus dos hijas y no al suicidio como le reprocha a la fiscal Fein, a la que desprecia porque considera que «actúa con falta de objetividad, legalidad y oficialidad y que «se aferró a la hipótesis del suicidio», según se lamentó en declaraciones al periódico La Nación. Allí también insistió en que la fiscal «no representa los intereses míos ni de mis hijas». Para dar un ejemplo, mencionó «los afiches» con los que empapelaron recientemente Buenos Aires de fotos de su ex marido enfiestas con chicas que estaban en la memoria de su teléfono móvil.

Feinn, por su parte, lamentó que todo el proceso se dilate «constantemente por los planteamientos» de la ex mujer de Nisman y se pregunta: «No se qué pretende». Una respuesta se la dio Carlos Kunkel, diputado, colaborador y algo parecido a padrino político en los años 70 de Néstor Kirchner, al criticar la conducta de Arroyo Salgado. «Hay un desesperado intento por cobrar los seguros (de vida) y cuando alguien se suicida no se paga el seguro», proclamó.

Mientras unos y otros defienden su posición, Lagomarsino, el único imputado –por prestarle la pistola homicida a Nisman, quien no contaba con licencia vigente para portar armas– y responsable de la seguridad informática de la Unidad Fiscal-Amia, se autocalifica de «pelotudo» (gilipollas) por entregar el arma y compartir la cuenta en EE.UU. Ahora afronta una investigación por lavado de dinero y todavía asimila la acusación implícita de asesino que le hizo la presidenta del Gobierno. En declaraciones a La Nación, Lagomarsino recordó que se enteró de la denuncia de Nisman a la presidenta de Argentina «hace unos ocho ó nueve meses en su casa». Según su versión, Nisman sacó unos papeles y le dijo: «Con esto me llevo puesta a Cristina».

Nisman imputó en enero a la viuda de Néstor Kirchner, con otros colaboradores, por organizar un supuesto «plan criminal» de encubrimiento a los iraníes prófugos de la justicia argentina que presuntamente cometieron el atentado a la AMIA. El 18 del mismo mes, a los cuatro días de presentar la querella, Nisman, que iba a defenderla sin tener obligación de hacerlo en el Congreso, apareció muerto en el cuarto de baño de su casa. Posteriormente la querella pasó de manos y fue desestimada en dos ocasiones. La Cámara de Casación, máxima instancia penal, está pendiente de pronunciarse. En caso de rechazarla, la causa podría llegar a la Corte Suprema.