Por  Hugo Alconada Mon

El «caso Antonini», pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado «inadmisible» un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.

La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos US$ 800.000 dentro de un maletín que se le adjudicó a Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de «Presidencia argentina». Y 60 horas después del decomiso, el supuesto «valijero» ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

Tras el estallido del escándalo, y mientras caían funcionarios de ambos países -entre otros, el argentino Claudio Uberti y el venezolano Diego Uzcátegui-, se abrieron investigaciones en Venezuela -donde nada ocurrió-, Estados Unidos y la Argentina.

En Miami se llegó a la condena de cuatro emisarios de Venezuela que intentaron negociar con Antonini y se debatió en una corte federal si el dinero era para financiar la campaña electoral de la entonces primera dama Cristina Fernández de Kirchner.

En la Argentina, en tanto, el expediente tramitó en el fuero en lo Penal Económico, donde se discutió si los US$ 800.000 eran parte de una maniobra de lavado -con una pena de sólo tres años de prisión- o de contrabando, con penas de 10 años.

El juez de primera instancia Marcelo Aguinsky rechazó el planteo de la defensa de Uberti, quien sostuvo que era lavado y que, por lo tanto, debía sobreseerlo y cerrar el expediente. Al apelar ese fallo, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico le dio la razón.

Sin embargo, el fiscal general de ese fuero, Ramiro Rodríguez Bosch, apeló ante la Casación, la tercera y máxima instancia penal del país. Así lo hizo en agosto de 2012, y el expediente recayó en la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David.

Tras más de dos años de parálisis, los camaristas rechazaron por «inadmisible» el recurso de Rodríguez Bosch, sin discutir si era lavado o contrabando y si, por lo tanto, estaba o no prescripto. En apenas dos carillas, el 2 de febrero indicaron que el fallo de la Cámara estaba «sustentado razonablemente, más allá de su acierto o no». Casi de inmediato, comenzó a interpretarse en algunos medios de comunicación que el «caso Antonini» había prescripto. Sin embargo, la fiscal ante la Casación, Baigún, llevó la discusión hasta la Corte, para que sea el alto tribunal el que defina si cierra la investigación.

Para eso, Baigún argumentó que «el delito investigado constituye contrabando, por lo que no corresponde dictar el sobreseimiento por prescripción», y lanzó dardos contra Slokar, Ledesma y David. Les endilgó utilizar «argumentos de neto corte formalista para evitar el tratamiento» de lo esencial, lo que además ocurrió, les recordó, «luego de dos años y medio sin realizar medida alguna» en el expediente, a pesar de «un pedido de urgente trámite presentado por esta parte con fecha 5 de mayo de 2014».

Los tres camaristas acumulan antecedentes, aunque en los últimos meses ganaron notoriedad por fallos con los que otorgaron beneficios laborales a los presos y concedieron un hábeas corpus a una orangutana del zoológico porteño, entre otros.

Slokar es, además, el mayor referente del kirchnerismo en Comodoro Py. Inspirador de la agrupación Justicia Legítima, su nombre suena por el oficialismo para ocupar una plaza en la Corte. Ledesma, en tanto, guarda desde hace meses en su despacho otro expediente caliente. Debe definir si el pacto de la Casa Rosada con Irán por el atentado contra la AMIA es constitucional. Pero pidió una licencia por cuatro meses, que comenzará el martes.

Ahora Slokar, Ledesma y David deben evaluar si conceden o rechazan la apelación de Baigún. Pero con ese recurso o con uno de «queja», será la Corte la que deberá definir si la valija con US$ 800.000 se mantiene abierta o se cierra para siempre.

El Origen de la investigación

Aeroparque

El 4 de agosto de 2007, la PSA detectó US$ 800.000 en un maletín atribuido a Guido Antonini Wilson

Presencia

Días después, Antonini concurrió a la Casa Rosada a un acto con Néstor Kirchner y Hugo Chávez

Ocho años después

La Corte debe definir si la causa está prescripta.