Un grupo de inversionistas estadounidenses, que ha estado luchando en los tribunales por una década para hacer valer sus $ 100 millones en bonos a 30 años de vencimiento de Venezuela está presionando su caso en un tribunal de EE.UU. reporta el diario New York Post (en inglés)

El grupo, Skye Ventures, se está moviendo para obtener un embargo sobre Citgo la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa, y confía en que el tribunal se lo conceda.

“Nosotros ya hemos enviado una carta a su director general en Houston” dijo Chip Cooper, el abogado principal de Skye con sede en Ohio, Columbus,. “Realmente creemos que los activos de Citgo estarán sujetos a embargo”

Conseguir un gravamen sobre Citgo puede ser el punto de quiebre que Skye Ventures necesita para resolver una prolongada batalla legal durante años con Venezuela que ha cambiado sus bufetes de abogados en ocho ocasiones y que ha apelado una serie de derrotas judiciales para llevar el caso hasta la Corte Suprema.

El caso Bandagro refiere a un presunto fraude de considerables proporciones que tiene su origen hace más de 30 años y radica-según el gobierno venezolano- en la falsificación, distribución y cobro de una indeterminada cantidad de falsas Notas Promisorias, supuestamente emitidas por el ya desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) de Venezuela, pero los tenedores hoy de esos presuntos bonos, estarían por ganar el multimillonario juicio.

Saga de la deuda de Skye comenzó en octubre de 2003, cuando – antes de la compra de bonos del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) – el grupo inversionista obtuvo un pronunciamiento de 54 páginas de la Procuradoría General del país afirmando la legitimidad de la deuda. El 3 de octubre del año 2003, la entonces Procuradora General de la República-en el gobierno de Hugo chávez- Marisol Plaza, hizo un dictamen lapidario en contra de Venezuela, reconociendo la validez de los bonos de Bandagro: “Esta Procuraduría acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas en los términos antes expuestos y en tal sentido se pronuncia por la PROCEDENCIA de la citada reclamación interpuesta”

Quien era en esos años el Ministro de Finanzas del chavismo, Tobías Nóbrega, le solicitó a la Procuradora que revocara el dictamen y la funcionaria lo hizo en los siguientes términos: “… de conformidad con lo preceptuado en el articulo 56 de la LOPGR, este Despacho ya tuvo la oportunidad de remitir la opinión que le fuera previamente solicitada, mediante comunicación signada con el No. 0635, de fecha 03/10/03, a partir de la cual ese Ministerio queda facultado para proceder de conformidad con sus consideraciones, tomando en cuenta los elementos que reposan en el expediente correspondiente. Tales conclusiones arrojan que corresponde a otras autoridades, el pronunciamiento sobre la comisión o no de hechos punibles, como lo es precisamente el Ministerio Público, haciendo nugatorio un nuevo pronunciamiento de la PGR”.

Pero Nóbrega exige que el dictamen del 03/10/2003 debía ser revocado y Marisol Plaza en un nuevo pronunciamiento de cuatro hojas, sin procedimiento ni sustento legal alguno, dice que revoca el dictamen.

Skye compró los bonos, con un valor nominal de $ 100 millones, como parte de un problema de un mil millones dólares ya garantizado por Venezuela antes de su venta en 1981.

A pesar de las garantías por parte del país y más tarde su Procuradoría General, Venezuela se negó a cumplir con sus obligaciones cuando Skye presentó los bonos para su cobro en agosto de 2004.

Así comenzó una batalla legal de diez años que actualmente entró a juicio en un tribunal federal de Ohio el 20 de abril de este año. Los bonos en manos de Skye han devengado intereses por un valor de $ 1.5 mil millones. Eso, a su vez, coloca el costo de redimir todo el tema de la deuda en unos $ 15 mil millones.

“Si vencemos en el juicio, otros propietarios de los bonos pueden tomar nota de nuestra resolución judicial y se acumularían en adelante” dijo Cooper. ”Pero si Venezuela acuerda antes de ir a juicio, el acuerdo probablemente se mantendrá confidencial y no habrá ninguna conclusión de un tribunal de Estados Unidos sobre si los bonos son legítimos”

Motivo parece favorecer un acuerdo, especialmente a la luz de las indicaciones del tribunal planea ser guiados por el decreto de la AG originales. Pero Venezuela podría decidido ir a por todas – literalmente.

Fuentes extraoficiales indicaron que el tribunal de Ohio podría estar inclinado en considerar válido el dictamen original de la Procuradoría General firmado por la Procuradora Marisol Plaza en 2003.

Con información del New York Post y de ICN (Traducido por La Patilla)