La ONG asegura, a través de un comunicado, que la brigada “para combatir los planes de desestabilización que perturban el país” es parte de las figuras militarizadas creadas por el Ejecutivo para limitar los derechos constitucionales de quienes manifiestan su descontento por las políticas gubernamentales
La brigada denominada “Fuerza Choque”, cuyas operaciones estarán adscritas al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene por objetivo criminalizar y penalizar a quienes ejerzan su derecho constitucional a la manifestación pacífica o expresen de forma legítima su descontento ante políticas gubernamentales, denunció Provea.
El 22 de este mes, mediante la resolución 006574 publicada en la Gaceta Oficial N° 40.502, el Ministerio para la Defensa estableció la creación de la brigada para combatir los planes de desestabilización que perturben el país. Se integraría a otras instancias de gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el Plan Patria Segura.
“Se están redoblando los esfuerzos para garantizar el orden interno. Esta fuerza se unirá al combate de grupos armados y desalmados que realicen acciones perturbadoras”, aseguró el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Néstor León Heredia.
A través de un comunicado, la organización de derechos humanos indica que “calificar anticipadamente como violentos a determinados sectores del país, abre las puertas para que instancias de control y represión como la “Fuerza Choque” o las BEGV (Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia) actúen para perseguir a ciudadanos, activistas, dirigentes políticos de oposición, dirigentes sindicales, gremiales y populares”.
Provea destaca que la “Fuerza Choque” es parte de las figuras militarizadas creadas por el Ejecutivo para limitar derechos y amparar la actuación represiva de los cuerpos militares y policiales contra las expresiones de descontento social: “Ello es una consecuencia directa de la institucionalización de la mentalidad represiva entre quienes dirigen el Estado venezolano”.
“Los Comandos Populares Antigolpe, las Milicias Obreras y Comunales, y las BEGV dan cuenta de la progresiva consolidación de la doctrina de seguridad nacional en el Gobierno cuyos objetivos principales se basan en la defensa de la seguridad del Estado y en el ‘enfrentamiento al enemigo interno”, agrega el documento.
La ONG considera que se trata de un nuevo avance en el proceso de militarización del Estado y la sociedad venezolana, que se ha profundizado durante el primer año de gestión del presidente Nicolás Maduro.
«El gobierno del presidente Maduro sigue demostrando una cultura poco democrática para dar tratamiento a las expresiones de descontento social y cerrando espacios para la libre expresión de la disidencia y la pluralidad de opiniones políticas», agrega.
De acuerdo con datos de Provea, sólo entre febrero y mayo de 2014 la Guardia Nacional Bolivariana fue responsable de la represión en 47% de las manifestaciones reprimidas, 333 casos de personas heridas y/o lesionadas (38,9% del total) y encabezó 81% de los ataques a civiles en áreas residenciales donde se produjeron numerosas detenciones, daños a la propiedad y allanamientos sin órdenes judiciales.
El Nacional
